Consejeros cuestionan “congelamiento” de elección de rector de la U. de Caldas

Junio 8/22 Hace un mes la U. de Caldas debía tener nuevo rector en propiedad, pero las recusaciones en el Superior y la remisión a la Procuraduría tienen paralizado el proceso.

El exrector Alejandro Ceballos (foto superior izquierda) terminó su periodo y tras no poder re-elegirse, entregó el cargo a una rectora encargada, Luisa Fernanda Giraldo Zuluaga, vicerrectora de investigaciones y posgrados, mientras se resuelven diversas, y no públicas, recusaciones entre los propios miembros del Consejo Superior.

El hecho tiene paralizado el proceso. Entre tanto, los representantes estudiantil (Laura Alzate) y profesoral (Germán Camilo Díaz Fajardo), están cuestionando públicamente la actuación de la Universidad que ha llevado a esta situación, y en particular las que consideran decisiones inconsultas y fuera de procedimiento de parte de la secretaria general de la Universidad, Carolina López Sánchez.

El siguiente comunicado, suscrito por los representantes, contextualizan mejor lo que pasa en esta universidad pública:

Una vez se definió por parte del Comité Central de Elecciones la terna para designar Rector(a) de la institución, conformada por el Voto en Blanco, Claudia Jaramillo (foto inferior) y Fabio Arias (foto superior derecha), se emitieron algunos escritos anónimos y se dieron a conocer acciones legales, que han tenido como propósito recusar a varios miembros del Consejo Superior Universitario.

Algunas de estas recusaciones, dirigidas contra la Representante del Gobernador, la Representante Estudiantil y la Representante de las Directivas Académicas, se dieron a conocer en medio de la plenaria del Consejo Superior del 26 de abril, sin que previamente se hubiera dado traslado de las mismas a las consejeras.

Dichas recusaciones fueron conocidas por las partes en medio de la sesión, cuando fueron leídas a viva voz por parte de la Secretaria General, sin ningún apoyo o asistencia jurídica previa e institucional a las personas mencionadas.

En particular, la recusación contra la Representante Estudiantil tiene fecha de radicación del 4 de abril, pese a lo cual, la Secretaria General no dio traslado inmediato sino que esperó a la sesión del Consejo Superior del 26 de abril, es decir, 22 días después de su radicación, para darla a conocer frente a toda la plenaria.

El hecho de no dar traslado inmediato de correspondencia a un consejero en este proceso, al parecer también se ha dado con otros miembros del Consejo Superior en este lapso.

Posteriormente, se presentaron algunos impedimentos, frente a lo cual varios miembros de la corporación solicitamos la realización de una sesión extraordinaria para conocer los textos de impedimentos y recusaciones, las defensas de los consejeros y las ponencias, con el fin de decidir si se aceptaban o no dichas recusaciones e impedimentos.

En medio de esto y ad portas de la realización de dicha sesión, la Secretaria General envió en horas de la madrugada del 3 de mayo un escrito denominado “Informe sobre trámite de los impedimentos y recusaciones en el marco del proceso de elección de rector 2022-2026” a los miembros del Consejo Superior, en el que informaba de nuevas recusaciones, las cuales -nuevamente- no fueron dadas a conocer, ni fueron trasladadas con anterioridad a los consejeros.

De acuerdo a este escrito, toda vez que estaban incursos en posibles impedimentos o inhabilidades 5 de 9 consejeros, la Secretaria General señaló que el Consejo Superior no tenía quórum y no podía decidir nada, y que, por ende, los impedimentos y recusaciones se debían remitir “ante la Procuraduría General de la Nación como órgano competente residual para resolverlos”, y concluyó señalando que “se les recomienda a los Honorables Consejeros acoger el presente pronunciamiento y remitir estas actuaciones ante el organismo de control mencionado”.

A raíz del informe nocturno de la Secretaria, el Presidente anterior de la corporación, Doctor Iván Darío Gómez, y la Secretaria, emitieron un comunicado el 4 de mayo a la Comunidad Universitaria informando que “el presidente del Consejo Superior, requirió la remisión a la Procuraduría General de la Nación de todos los escritos de impedimentos y recusaciones con el fin de que sea dicho Ente quien, en función de la competencia residual que le asiste, decida de plano sobre los mismos”.

Dicho comunicado y la decisión de enviar el expediente a la Procuraduría General de la Nación fueron decisiones unilaterales del Presidente del Consejo y de la Secretaria General. Ni el pronunciamiento, ni la remisión al ente de control fueron consultados con la plenaria del Consejo. Como consejeros nunca conocimos, deliberamos, ni mucho menos decidimos al respecto.

Frente a estas situaciones, manifestamos que:

Es preocupante la forma en que se está manejando la información y la correspondencia del Consejo Superior Universitario en un momento tan crucial para la institución, y, en particular, consideramos que la Secretaria General, quien funge como Secretaria del Consejo, no está dando cabal cumplimiento a una de sus principales funciones en la corporación, la cual es: Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y los memoriales de recursos y presentarlos al Consejo o darles el trámite adecuado, remitiéndolos al órgano o funcionario competente o devolviéndolos al interesado si fuere el caso (Literal a), artículo 7 Acuerdo 05 de 1998, Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad de Caldas).

Las dilaciones que se han generado en el cronograma de la elección de rector están generando desconfianzas en la ciudadanía, retrasos en las labores de empalme entre la anterior y nueva administración, y un ambiente enrarecido y polarizado en la institución.

Nos inquietan las repercusiones legales que puedan existir contra la institución y contra nosotros como consejeros por los retrasos y algunas decisiones, ya que el cronograma de designación de rector es ley para las partes y es, sobre todo, de obligatorio cumplimiento para el Consejo Superior Universitario como máximo órgano de decisión de la institución.

Tal y como lo señaló el profesor Juan Carlos Yepes en días anteriores, a raíz de estos hechos, se está afectando de forma profunda la autonomía universitaria, ya que pese a que existe copiosa jurisprudencia al respecto, incluida reciente en la que ha estado involucrada la institución (recusación contra el Delegado de los gremios en el paro de 2013), se ha decidido unilateralmente involucrar a entidades externas en las decisiones que le competen exclusivamente al Consejo Superior, como lo son la resolución de impedimentos y recusaciones. Como prueba de esto, en la última sesión del Consejo, el exrector Alejandro Ceballos, al serle solicitado su retiro de la sala ya que era candidato a ser rector encargado de la institución, recusó de forma intempestiva y airada al profesor Germán Camilo Díaz por una supuesta enemistad grave entre ambos, siendo discutida y resuelta dicha recusación en la misma plenaria de la corporación, con una votación casi unánime en contra de las pretensiones del exrector.

Se deben revisar los procedimientos, el desarrollo de las sesiones y la forma en que se están tomando decisiones en el seno del Consejo Superior, ya que ciertas voces jurídicas están afectando el normal funcionamiento de un órgano que se ha caracterizado por intensos debates y discusiones, pero siempre por mantener el marco del respeto, la imparcialidad y la objetividad.

Alejar los procesos institucionales de la institución para cederselos a entes externos, desdiciendo así del principio constitucional de autonomía universitaria, y prolongar dilaciones innecesarias e injustificadas, no es conveniente en términos institucionales, legales, académicos y reputacionales para la universidad.

El Consejo Superior de la Universidad de Caldas no puede evadir sus competencias y debe retomar cuanto antes, en el marco de la legalidad, sus funciones en el marco de la designación de Rector(a) de la institución.

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