Mayo 26/25 Por lo menos así lo denuncia el representante de los docentes en el Consejo Superior, Diego Torres (quien defendió la designación de José Ismael Peña) y actualmente es minoría en el órgano colegiado (que respalda su actuación en la designación de Leopoldo Múnera).
A medida que se acerca el fallo definitivo del Consejo de Estado relacionado con la legalidad o no de las actuaciones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia en el polémico caso de la designación y posterior desconocimiento de José Ismael Peña Reyes como rector, y de la designación, tras varios cambios en la composición del Consejo y el debate sobre si hubo o no violación de la autonomía universitaria de parte del Gobierno Nacional, aumenta la tensión en la UNAL de parte de los partidarios de uno y otro académico.
Torres (video) denunció, el pasado viernes 23 de mayo, en sus redes sociales lo que él llamo la instrumentalización del Consejo Superior, con la intención de dilatar la actuación del Consejo de Estado.
Para Torres, lo que está planeando el CSU lo está desviando de su misión, lo está llevando a abusar del derecho procesal, atentando contra la moralidad judicial y corre el riesgo de ser sancionado por una posible lealtad con la administración de justicia.
Los hechos parecen confirmar que es desde el Ministerio de Educación Nacional (cuyo viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño es quien preside el Consejo Superior) desde donde se está dirigiendo la estrategia para dilatar el fallo del Consejo de Estado.
Cada día de demora en el fallo sostiene a Leopoldo Múnera como rector y le permite avanzar en su plan de gobierno, control presupuestal y de contratación y nómina, entre otros aspectos.
Claro está, si el fallo es favorable a la actual administración Múnera podría terminar sin problema sus tres años de rectoría, aunque para muchos académicos y gran parte del sector universitario, una decisión del Consejo de Estado a favor del actual Consejo Superior constituiría un golpe de muerte a la autonomía universitaria.
También es cierto que si el fallo es contrario a los intereses de Múnera, tampoco hay certeza de que éste deje la rectoría y llegue Peña Reyes, pues lo actuado por el Consejo de Estado solo se limitaría a hablar de la legalidad de los actos, pero no daría luz a cómo debe actuar la Universidad en caso de que tenga que repetir procesos o las muchas interpretaciones que se derivarían de ello.
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