Sept 25/26 Red Summa se presenta como una Alianza Colombiana de IES Públicas, para favorecer los contratos, pero en la práctica sólo tiene una IES asociada. Según denuncias, operaría como un contratadero y tiene a los entes de control encima.
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La situación tuvo un nuevo capítulo esta semana, luego que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó priorizar una investigación contra un esquema de posible corrupción en contratación pública que involucra al esposo de la excandidata presidencial Sondra Macollins, Moisés Hernández.
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Según el comunicado de la SIC:
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“La Superintendencia de Industria y comercio (SIC) ordenó priorizar las investigaciones en contra de un posible esquema de corrupción de relevancia nacional liderado por MOISÉS HERNÁNDEZ, o MOISÉS GARVIN, como ahora se hace llamar. Este entramado consiste en la utilización de varias empresas supuestamente independientes, que finalmente actuaron de manera coordinada en distintos procesos de selección con el Estado para aumentar su probabilidad de éxito en las licitaciones falseando la libre competencia en contratos que sumarían cerca de 2 billones de pesos. Se ordenó la revisión de más de 300 contratos.
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Desde el año 2022, las empresas RED SUMMA, ALDESARROLLO y KLUSTER LATAM, vinculadas a GARVIN registran un crecimiento acelerado en sus contratos. Según la hipótesis que se investiga, su participación conjunta no respondía a una competencia real, sino que buscaba simular pluralidad de oferentes para facilitar la adjudicación de contratos a favor del señor GARVIN.
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El caso se complejiza al identificarse, detrás de estas organizaciones, el mismo modus operandi de su controlante, como cambios reiterados de nombre o razón social para perder el rastro de los entes de control. También se ha identificado un movimiento de directivos entre las distintas empresas, coincidencias en sus juntas directivas y vínculos personales entre estructuras que, en el papel, compiten entre sí.”
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“Concierto” para licitar
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Con distintos nombres, pero bajo un mismo control oculto, estas empresas supuestamente independientes participan en diferentes procesos de selección contractual para aumentar su probabilidad de éxito en licitaciones. Los mismos intereses con diferentes ofertas para asegurar la obtención de los contratos.
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De esta forma se afecta la libre competencia y se crean los llamados contrataderos.
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Esta situación viene de tiempo atrás, y en el primer semestre de este año la Silla Vacía denunció que bajo el gobierno Petro, se ejecutaron medio billón de pesos con contrataderos en vísperas electorales.
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Organizaciones como la Red SUMMA funcionan como intermediarios del Gobierno Nacional para evadir licitaciones públicas. Dicen actuar con base en la autonomía universitaria de la Ley 30 de 1992. Pero no operan como una IES sino como una gestora de proyectos de infraestructura y servicios. Es decir, es un banco de ejecución de proyectos disfrazado de red académica, que ha venido aumentando significativa sus ingresos, aunque con alto riesgo de insolvencia operativa, por su alto número de cuentas por pagar y avances de anticipos.
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La práctica consiste en la firma masiva de convenios interadministrativos (Ley 1150 de 2007) —que facilitan la contratación directa entre entidades estatales— bajo la premisa de ejecutar proyectos educativos o de infraestructura, cuando en realidad, estas organizaciones carecerían de la capacidad técnica para realizar las obras por sí mismas y actúan principalmente como vehículos de tercerización.
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¿Una alianza de IES públicas?
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En el centro reaparece en la opinión pública Red Summa (Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior), una organización que se presenta como un conglomerado de educación superior pública, pero cuya estructura real revela una fachada de figuras de papel, desconocimiento absoluto en el sector y vínculos con cuestionados manejos contractuales.
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Lea: Las entidades que contratan con el gobierno a nombre de IES públicas, y que el sector poco conocen
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Según la documentación oficial obtenida por El Observatorio de la Universidad Colombiana, la Red Summa fue constituida originalmente en mayo de 2020, con un patrimonio de 15 millones de pesos, bajo la batuta inicial de directivos como Omar Lengerke Pérez (de las Unidades Tecnológicas de Santander – UTS, ahora Universitaria Tecnológica de Santander) y Gustavo Adolfo Rubio (del Instituto Técnico Agrícola – ITA, ahora Utedé).
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Los dos rectores han sido enfáticos en decir que hace tiempo se retiraron de esa alianza. No obstante, en respuesta formal que entregó la Red Summa a El Observatorio de la Universidad Colombiana, Utedé es miembro activo, al pie de la actual Institución Universitaria Oriente de Caldas (UNIOC, antes Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas. Las UTS ya no aparecen (foto).
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El rector de UNIOC, Juan Carlos Loaiza Serna (foto izquierda), sí le confirmó a este medio que su IES es miembro asociado activo de Red Summa. No obstante, Loaiza desmarca a su institución de la gestión administrativa y contractual, aclarando que esta recae enteramente en la dirección ejecutiva de la organización, liderada por Catalina Jaramillo Martínez (foto derecha), presentada por Infobae, hace pocos meses como una de las 12 de las colombianas que están transformando a Colombia con tecnología
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Antes de operar como Red Summa, la estructura giraba bajo otros nombres, como Edured, Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, manteniendo un patrón caracterizado por los constantes cambios de razón social y el uso de directivos cruzados para eludir el control de los entes de vigilancia. El diario El Tiempo ha mostrado cómo las empresas cambiaron reiteradamente de razón social para perder el rastro de los entes de control y movieron a sus directivos entre las compañías con vínculos personales entre estructuras que se supone competían entre sí.
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En 2018, Edured presentaba como miembros de su junta directiva a Neyl Grisales Arana (recién retirado, por edad, como rector de INTENALCO, en Cali), Héctor Martínez Luna (entonces rector del Instituto Técnico Agrícola- Ita), y Germán Colonia Alcalde (actual rector del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, ahora UNINTEP).
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Igualmente, una investigación iniciada por la Procuraduría en 2023, mostró que Claudia Patricia Peñaranda Hernández pasó de ser representante legal de Red Summa en 2020, a empleada de Aldesarrollo en 2021 y representante suplente de Kluster Latam en 2022. Estas son tres de las empresas detrás de las que aparece el nombre de Moisés Hernández.
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Hernández, o Moisés Garvin (y quien también se haría llamar ‘el Marqués de Saint Cyprien’, y quien igualmente haría negocios a través de su hijo, Sebastián David Hernández) ya ha sido sancionado por la Procuraduría por irregularidades en la ejecución de contratos estatales, lo que le causó una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 14 años.
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Valdría la pena que el sector tuviera claridad al respecto y que UNIOC aclarara su posición.
