Sept 28/26 La crisis fiscal del país tiene al gobierno de Abelardo de La Espriella buscando de dónde recortar gastos, y todo indica que la educación superior pública será una de las afectadas. El exministro de Educación Daniel Rojas ha denunciado que “le están quitando” a las universidades públicas 2.3 a 2.5 billones de pesos. ¿Es cierto?
El debate público en torno al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 ha encendido las alarmas en el sector de la educación superior colombiana.
La discusión no surge de un único concepto, sino de la sumatoria de varios rubros presupuestales que, según las críticas técnicas y legislativas, habrían quedado desfinanciados o subestimados en el proyecto del PGN 2027 radicado por la administración del presidente De La Espriella y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, frente a las proyecciones y compromisos heredados.
Según Rojas Medellín, esto explica por qué, dice, “están amenazando con militarizar las universidades públicas, porque ya empezó su marchitamiento y eso va a causar la indignación de la juventud”.
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¿De dónde saca las cifras Daniel Rojas?
El exministro desglosa los ítems que se verían afectados con el recorte, y frente a los cuales el nuevo gobierno, ni la nueva ministra ni el nuevo Viceministro de Educación Superior han dicho públicamente nada.
1) 185 mil millones que se dejarían de recibir por la reforma al cálculo de indexación:
Lo primero, recordar que vía Congreso de la República, se reformaron los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, de tal forma que ahora las transferencias del Estado a las IES públicas se hará con base en la aplicación progresiva del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o componentes de crecimiento real del PIB, en vez del Índice de Precios al Consumidos (IPC), como se ha venido haciendo.
Esto significa más recursos para la educación superior pública, y que según Rojas, se traducen en 185 mil millones de reducción si se calcula con base en el IPC y no en el ICES.
2) 110 mil millones que se dejarían de girar tras la reforma al artículo 87:
Que señala que se transfiera a las universidades públicas por lo menos el 70% del crecimiento real del producto interno bruto, pero el presupuesto 2027 no tiene ese incremento.
3) 250 mil millones de la política de gratuidad:
Según Rojas, estos dineros se requieren para mantener la política de gratuidad no aparecen en el presupuesto general de la nación.
4) 300 mil millones menos para las Instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias (REDTTU):
Con la reforma a la Ley 30, se les creó una base presupuestal del 0,05% del producto interno bruto. Eso son 925.000 millones aproximadamente. “Dejamos, dice Rojas, 600 mil millones en la vigencia 2026 y programamos los 900.000 millones que no aparecen en la ley de presupuesto actual. Es decir, aquí faltan alrededor de 300.000 millones de pesos adicionales”.
5) 1,2 billones menos en vigencias futuras
Tras la aprobación de un Conpes para infraestructura en educación superior con vigencias futuras de alrededor de 6,89 billones de pesos, Rojas advierte que “para el 2027 tendrían que girarse 1,2 billones de pesos que tampoco aparecen en el presupuesto que presentó el gobierno de Abelardo”.
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6) 300 mil millones menos para planes de fomento a la calidad
Que son recursos que se venían girando anualmente, pero que no aparecen en el nuevo presupuesto.
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¿Cuentas alegres?
Vale recordar que durante el gobierno Petro y el exministro Rojas (ambos en la foto) hubo muchos anuncios de nuevas sedes y construcciones en universidades públicas, pero que ninguna, en la práctica se concreto, y quedaron muchos compromisos pendientes.
Aunque hay un CONPES aprobado, no hay certeza de dónde van a salir los recursos para continuar ese ritmo de anuncios de inversión.
Aunque el Ministerio de Rojas y Petro proyectaron el impacto de la reforma a la Ley 30 en $22.1 billones adicionales para el sector en la próxima década, la Contraloría General de la República señaló que la necesidad estimada es de $27,8 billones, generando una brecha considerable.
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Impacto en el sector
De confirmarse una insuficiencia de esta magnitud en la ejecución del presupuesto para la vigencia 2027, las consecuencias institucionales y sociales alertadas por los rectores, sindicatos y agremiaciones incluirían:
1) Dificultades operativas y financieras: Las universidades estatales verían comprometida su capacidad para cubrir gastos corrientes de funcionamiento, plantas docentes y compromisos laborales indexados a la inflación y a los costos reales de la educación superior.
2) Paralización de la expansión de cupos: La falta de apropiación para la gratuidad y la infraestructura frenaría la meta de incorporar a miles de jóvenes de regiones vulnerables al sistema público de educación.
3) Conflictividad social: El temor a un “marchitamiento” financiero ha reactivado el descontento en las bases estudiantiles y profesorales, anticipando escenarios de movilización y tensión institucional similares a los vividos en crisis presupuestales de décadas pasadas.
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No hay recursos
Como lo ha dicho el propio presidente de La Espriella, dada la crisis fiscal y el gasto desaforado estatal que halló del anterior gobierno, se requiere hacer un ajuste fiscal estricto —enmarcado en el denominado “Presupuesto de la Verdad” por más de $634 billones— argumentando que las finanzas nacionales arrastran un déficit fiscal elevado (cercano al 4,4% del PIB excluyendo intereses). Bajo esta perspectiva de “racionalización del gasto”, el Ejecutivo sostiene que los techos presupuestales deben someterse a la regla fiscal y a los ingresos reales efectivamente recaudados, priorizando la sostenibilidad macroeconómica general de la Nación frente a las expansiones de gasto rígido heredadas.
Mientras que no haya plena definición sobre el presupuesto 2027, hay posibilidades de mejorar la distribución de recursos, aunque el panorama financiero del Estado no es positivo.
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