Julio 30/24 La llegada del exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, como nuevo vicerrector de Gestión Social de la Universidad Sergio Arboleda, le significó a esa IES un millonario contrato para titular especialistas en derecho de la Defensoría.
Según la denuncia de la emisora W Radio, la Sergio Arboleda fue favorecida por un contrato, aparentemente asignado a dedo por la Defensoría del Pueblo, por $2.400 millones de pesos, para formar a sus funcionarios, aunque la entidad pública se defiende diciendo que hizo un estudio de posibles IES oferentes (también con la Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado, Universidad Sergio Arboleda y Universidad de La Sabana), y que la mejor oferta fue la de la Sergio.
Además de que el proceso podría no haber cumplido los trámites de ley para estos casos, genera mucha sospecha que, precisamente, el hasta hace pocas semanas Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, haya salido de esa entidad para posesionarse como vicerrector en la Sergio Arboleda.
Según la emisora, el contrato fue celebrado de manera directa mediante la modalidad de prestación de servicios, y no tiene dentro de la documentación un estudio que dé cuenta de otras universidades que hayan participado con sus propuestas, sin embargo, la entidad asegura, a través de una respuesta escrita, que sí hubo una pluralidad de ofertas.
“Dentro del sector analizado se encuentran varias instituciones educativas las cuales, en su objeto social, guarda relación respecto a las actividades a ejecutar y con los requisitos y criterios exigidos en la ley”, señala uno de los documentos adjuntos en el proceso de contratación de la plataforma Secop II.
No obstante, María Fernanda Revelo, integrante del Consejo de Gestión SINDHEP, señaló que “la contratación directa se tiene que dar cuando no haya pluralidad de oferentes en el mercado, situación que no sucede porque hay muchas universidades que tienen el posgrado y con especializaciones en derecho”.
En segundo lugar, advirtió que no existe una urgencia manifiesta para contratar de manera directa y que tampoco se explica la razón por la cual se contrató directamente con la Universidad Sergio Arboleda si había otras universidades que podrían ofrecer el mismo servicio.
“Estuvimos revisando el ranking de universidades y la Universidad Sergio Arboleda no aparece, que sería una de las situaciones que podrían justificar esta contratación directa”, señaló María Fernanda.
Añadió que en la planta de la Defensoría hay 2.638 funcionarios y que, según el contrato, solo es para 200 personas, lo que equivale a un 5.3%. Igualmente cuestiona que solamente beneficie a servidores que estén en Bogotá y no se tenga en cuenta a los de otras regionales.
Finalmente aseguró que la convocatoria para los funcionarios se envió a través de correo electrónico, pero que sólo lograron inscribirse para aspirar a uno de los 200 cupos algunos funcionarios porque el link solo estuvo habilitado por dos horas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo a través del siguiente comunicado explicó cómo se dio el proceso de contratación:
“El Plan Nacional de Formación y Capacitación 2017-2027, para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor Público de la Función Pública, plantea abordar temáticas que fortalezcan las capacidades de los servidores públicos en un proceso de mejora continua.
En ese marco, y teniendo en cuenta que el enfoque de derechos humanos responde a la fuerza de trabajo y al enfoque misional de la Defensoría del Pueblo, el 24 de abril de este año fue realizada una encuesta con el propósito de conocer el interés de los servidores públicos de la entidad sobre su intención de formarse en diferentes áreas del derecho.
De 560 trabajadores de planta, el 52% manifestó querer formarse en derechos humanos; el 24%, en derecho constitucional; y el 17%, en derecho penal.
Desde la administración se decidió disponer de 100 cupos para especialización en derechos humanos, 50 para especialización en derecho penal y 50 para especialización en derecho constitucional, todos destinados para servidores públicos a nivel nacional de la Defensoría del Pueblo del nivel profesional.
Se adelantó, por ende, la solicitud de cotizaciones con diferentes universidades, como la Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado, Universidad Sergio Arboleda y Universidad de La Sabana, para verificar que acreditaran programas de posgrado en las áreas de interés manifestadas por los funcionarios de la entidad.
De esa consulta se recibieron respuestas de cuatro universidades que presentaron diferentes opciones de programas y valores de matrícula por estudiante. La Sergio Arboleda no solamente presentó la mejor oferta de programas académicos más solicitados por los funcionarios de la Defensoría, sino que además ofreció el valor más bajo ($11.202.660) por estudiante.
Esas razones llevaron a la Defensoría del Pueblo a establecer un convenio de la línea especializada de formación en derechos humanos con la Sergio, sobre la base del estudio de mercado, para seguir avanzando en el fortalecimiento de la capacidad institucional de sus funcionarios de planta. Vale destacar que la formación en mención beneficiará a los funcionarios que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa interna”.
