Marzo 9/21 El país sabe cuánto transfiere el Estado a sus IES públicas, pero desconoce cuánto vale cada título que entrega. Financia funcionamiento e inversión, pero no resultados, y eso puede ser un mal negocio para el erario.
La razón: El modelo de financiamiento está definido por la Ley 30 de 1992, y es inercial; esto es, anualmente siempre se transfiere lo mismo, más los incrementos de IPC y los aumentos logrados vía negociación o tensiones políticas y presiones de rectores – profesores y estudiantes hacia el Gobierno (Ministerios de Hacienda y Educación), sin que haya previamente una evaluación real de resultados.
No importa si hay o no acreditación, si se abren o cierran programas, si se aumenta o no el número de estudiantes o si todos o parte de estos se gradúan. Al final, los dineros terminan siendo casi que los mismos, independientemente de la gestión, por lo que el sistema queda en manos de la buena voluntad de los gestores universitarios, pero también al arbitrio de mercaderes del sistema disfrazados de “negociadores” del sector, que presionan al Gobierno de turno por más recursos, justificándose en la necesidad de atender más cobertura, más calidad, más tecnología, más inclusión…. y, por debajo, más dinero público para atender, en algunos casos, exageradas presiones sindicales, construcciones no siempre debidamente justificadas y, en general, engrosamientos de nómina sin una explicación argumentada.
Ese modelo de asignación inercial es injusto con las IES que más se esfuerzan por dar cobertura, innovar pedagógicamente, invertir en tecnología y llegar a los rincones más apartados del país, pues el Estado difícilmente les reconoce esos esfuerzos. Ese modelo inercial premia la pasividad de algunas IES “grandes” en nombre y tradición cuando deciden sostener estructuras paquidérmicas y cargos inoficiosos. Ese modelo histórico va en contra de la naturaleza propia de la universidad de actuar por indicadores y criterios técnicos, y es infame con las IES públicas que no son universidad.
En cambio, en el imaginario se ha consolidado el discurso de que la Educación Pública necesita más recursos, pero sin medir exactamente cuántos, cómo y para quiénes. Sí, se necesita más dinero, pero no así.
La experiencia de 2.018 confirma esto, aunque el sector prefiera no reflexionar al respecto. Cuando el paro universitario de ese año, los rectores (de forma callada) escasamente aspiraban a 500 mil millones de pesos, y el Estado, por presión de estudiantes y profesores, y no por los rectores, terminó adicionando más de 4 billones de pesos. Ambos extremos demuestran que el sistema de educación superior público colombiano, y el propio Estado, desconocen cuánto se necesita realmente para operar con calidad.
Nunca, en ningún momento del paro universitario, el Estado puso como condición una evaluación real de cuánto cuesta titular a cada estudiante o, por lo menos, hacer una evaluación, comparativa, de aportes y transferencias versus capacidad de operación y resultados.
Una rigurosa evaluación podría demostrar necesidades de más recursos, reales y justificadas, en algunas IES, pero también gastos injustificados en otras.
Una mesa técnica, no politizada, debería cuestionarse si se justifica seguir pidiendo recursos como si todas las universidades públicas quisieran ser como la Universidad Nacional, si la Nacional debería recibir más o menos de lo que actualmente recibe (que es la mayor cifra de todo el sistema), si con las 33 universidades que actualmente hay se atiende debidamente lo que el país espera, si se deberían fusionar o no (por escandaloso que parezca el término) universidades públicas, y cómo se debe dar equilibrio presupuestal con respecto a las demás IES, entre otras muchas preguntas.
En Castilla y León, España, el Consejo de Cuentas (un órgano al estilo de la Contraloría en Colombia) ha recomendado a las universidades públicas de esa región implementar el Servicio de Contabilidad Analítica (SCA) que posibilita realizar el cálculo de los costos de docencia de cada titulación para cuantificar los precios públicos de las matrículas, además de servir de referencia en el análisis de la eficiencia para la implementación y/o supresión de titulaciones, lo que permitiría a las universidades evaluar un nuevo modelo de financiación ordinaria de las universidades por parte de la Comunidad (ampliar esta noticia).
Esta propuesta española valdría la pena ser considerada, con las particularidades propias de nuestro sistema colombiano. A lo mejor puede vencer la hipótesis de algunos de que la academia no atiende a las dinámicas precisas de la financiación, que los beneficios y externalidades educativas superan cualquier recurso que se dé, o que como la graduación en algunos programas académicos o de investigación es muy costosa se corre el riesgo de sacrificarlos injustamente. Pero evaluarlo es una responsabilidad académica, política y profesional, y permitir excepciones a la norma debe ser diferente a que todo el sistema sea una excepción… muy costosa para el fisco.
