Abril 19/22 Un estudio técnico sobre el sector da ideas para mejorar sus recursos y sorprende al no plantear una reforma al modelo de financiamiento de la Ley 30 de 1992.
Se trata del documento “Análisis de la Sostenibilidad Financiera de la Educación Superior en Colombia”, contratado por ASCUN a Jorge Hernán Cárdenas Santamaría, director de la firma Oportunidad Estratégica, entidad que lo trabajó con la consultoría de Francisco Azuero Zúñiga, profesor de Uniandes.
El informe, que fue presentado el pasado 15 de marzo en el Consejo Nacional de Rectores de ASCUN, en la Universidad Santo Tomás, y que hasta ahora hace público dicha Asociación, fue acogido con más reserva que aplausos por el conjunto de rectores por considerar que se limitó a describir la caracterización y problemática que ya conocen y viven las IES y lista propuestas de estrategias de financiamiento, desarticuladas entre sí, con algunas iniciativas que no son del agrado de las universidades públicas y, además, porque no ahondó en las cifras e impactos financieros y de matrícula causados por la pandemia, y que movieron sustancialmente el panorama del sector.
Los consultores proponen que Colombia avance en una meta de cobertura en educación superior del 60 % al 2.026, y al 30 % en educación universitaria. Vale recordar que en 2.014, la meta propuesta por el segundo gobierno de Juan Manuel Santos fue del 60 %.
Una afirmación del estudio sugiere (con razón) falta de planeación interinstitucional en los procesos de crecimiento de las IES oficiales, al indicar que “las IES estatales y el Gobierno nacional deben ser absolutamente responsables cuando se trate de abrir o incentivar nuevas sedes o programas. Las propias instituciones deben ser extremadamente cuidadosas en sus proyecciones de mercado y financieras. Si, como lo es más probable en el caso de programas de pregrado, ello va a requerir de aportes presupuestales adicionales para cubrir los costos marginales resultantes, y el Gobierno nacional está dispuesto a darlos como componente de su estrategia de incremento en la cobertura. En este sentido, se deberá firmar convenios entre éste y la institución que ofrezca el programa que amplíen la base presupuestal para el cálculo de las transferencias reales. De ser necesario, estos convenios estarán respaldados por la autorización de vigencias futuras presupuestales”.
Otro aspecto crítico en el sector, y al que ningún gobierno, en los últimos 20 años, ha querido enfrentar con la debida decisión, se refiere a la necesaria reforma del decreto 1279 de 2002, sobre el reconocimiento salarial a los docentes de las IES públicas. Los consultores confirman un diagnóstico ya conocido, pero urgente: Se debe reconocer un sistema de puntos por una sola vez, o que se fije un tope máximo al que se puede alcanzar en cada categoría docente, es decir, tener una única bonificación por producto académico para todos los docentes de entidades estatales que se vinculen a partir de una determinada fecha. Asímismo, que se revisen los topes máximos de reconocimiento de puntos definidos en el decreto.
Un aspecto que se ha venido comentando y se comienza a documentar para estudio en el sector, se refiere a los impactos de los recursos y gestión de los mismos relacionados con el estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación CTI. Los investigadores identificaron al respecto: i) Bajos niveles de inversión como porcentaje del PIB (0,31% del PIB para 2018), ii) El esquema de funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación es complejo y presenta dificultades en sus lineamientos centrales, por lo cual se percibe más
como una bolsa de proyectos atomizados , y iii) Son débiles los instrumentos e incentivos para la formación doctoral en el país.
Si bien el estudio apunta a temas críticos, de especial impacto en el sector público, no concibe en detalle la problemática que enfrentan las IES privadas, la reconocida inequidad y anacrónico modelo de asignación inercial de recursos de la Ley 30 y lo que se podría hacer en un escenario de, necesario, replanteamiento del modelo.
Finalmente, y aunque en la introducción del documento el presidente y vicepresidente de ASCUN, Luis Fernando Gaviria -rector de la UTP- y Carlos Felipe Londoño -rector de la Universidad EIA-, señalan que “las exigencias que está realizando, tanto el MEN como el CESU para que se garantice la calidad de la educación, tanto a través de los registros calificados como de la acreditación de alta calidad, representan grandes retos financieros para los dos tipos de instituciones”, el documento no lo analiza.
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