Abril 10725 Más allá de la buena voluntad de formalizar a los académicos y administrativos de las IES públicas, la imposición de la norma, confirma inequidades en el sistema y genera dudas por su viabilidad financiera y el impacto sobre la autonomía universitaria.
Las consideraciones se derivan del análisis que los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, Olga Cecilia Díaz Flórez y Diego Arturo Cortés Valencia, realizan en el documento “Planes de Formalización Laboral en las IES oficiales: Entre la necesidad y las condiciones para lograrlos”, presentado en el Observatorio Colombiano de Políticas Educativas y Profesión Docente, a partir de la expedición del Decreto 0391 de 2025.
Según los autores, existen dudas alrededor de los recursos permanentes con los cuales dispondrán las IES públicas para llevar a cabo los planes de formalización. Indican que si bien en los últimos años ha existido un incremento relevante de la base presupuestal, estos aún no satisfacen plenamente sus necesidades y, por lo mismo, no se puede pensar que el haber dado más recursos de parte del Estado es suficiente para asumir el costo de la formalización, que demanda recursos de funcionamiento y no de inversión, que son los que ha dado el Estado.
Además, advierten que esta problemática se vincula también con las desigualdades en las condiciones de partida de cada IES, pues la proporción de profesores y administrativos vinculados de planta no es la misma; tampoco la complejidad de los compromisos que cada una de ellas pueda tener, ni la cantidad de recursos disponibles para desarrollar el respectivo plan de formalización.
Aunque los investigadores no lo indican, para entender esta situación hay que tener en cuenta que el modelo de asignación de recursos premia con transferencias mucho más altas a las universidades que al resto de las IES públicas, y dentro de las propias universidades hay una enorme disparidad entre las que más reciben (Nacional de Colombia, Antioquia, Valle y UIS) y las 30 restantes.
Escenarios poco deseables
Así describen Díaz y Cortés, lo que podría pasar como exigencia de las IES para cumplir el decreto a la luz del contexto actual:
El primero es que las IES realicen planes de formalización pequeños y ajustados a su realidad presupuestal, que no cumplan las expectativas de administrativos y docentes, de acuerdo con sus reivindicaciones históricas y además generen tensiones y conflictos al interior de las IES.
Un segundo escenario es que se realicen planes de formalización a costa de recursos en otros gastos, como reducción de contratistas que pueda implicar sobrecarga laboral para los empleados públicos, o reducción del número total de docentes disponibles que impliquen mayor carga de docencia para quienes queden en las instituciones. O que estos planes de formalización lleven en el corto y mediano plazo a reducir gastos e inversiones dedicadas a los otros fines misionales de la institución, como la investigación y la proyección social, o aquellos que van dirigidos a fortalecer la permanencia como el bienestar universitario.
El tercero es que las IES oficiales se comprometan con planes de formalización que requieran profundizar la búsqueda de recursos propios, o de autofinanciación, y esto profundice aún más la proporción de recursos autogestionados en las instituciones, que para el año 2019 eran del 45 % del total del presupuesto de las universidades públicas. En todo caso, los recursos por autofinanciación son variables y contingentes, lo cual impide garantizar a mediano y largo plazo la sostenibilidad financiera de esta formalización.
El escenario de implementar los planes de formalización laboral sin aumentos significativos en la base presupuestal resulta problemático. Además, porque las universidades deben cumplir el Decreto 1279 de 2002 (régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales), que implica incremento salariales que superan lo históricamente cubierto por la Ley 30 de 1992, por lo cual se podría ampliar aún más la brecha de desfinanciación.
¿Y la autonomía universitaria?
Si bien los investigadores reconocen el sentido positivo del Decreto, advierten que “preocupa que desde los Ministerios de Trabajo y Educación se establezcan definiciones y alcances tan específicos para procesos que corresponden a condiciones propias de los fines misionales de las IES, las cuales tienen una naturaleza distinta a otras entidades públicas (Universidad Nacional de Colombia, Dirección Jurídica Nacional, 2025)”.
