Abril 11/25 Como se dice coloquialmente en Colombia, Moisés Wasserman, reconocido analista del sector, “no dejó títere sin cabeza” en referencia al decreto que expidió el Gobierno Nacional para mejorar las condiciones de los docentes y administrativos ocasionales en las IES públicas.
Mal planeado, desconoce la autonomía, destruye la calidad, no consultó a rectores, está ideologizado, carece de recursos, y sugiere (entre líneas) que personas como el actual ministro de Educación ni siquiera, por ministro que sea, tendría acceso a la planta docente de una universidad pública si abandona su maestría o no aprueba su tesis (a propósito de la reprobación de la maestría en economía que José Daniel Rojas Medellín tuvo en la Universidad Nacional de Colombia).
El siguiente es el texto de la columna del diario El Tiempo titulada “Un decreto catastrófico”:
El primero de abril el Gobierno expidió el Decreto 0391, que pretende la ‘formalización laboral’ en todas las instituciones de educación superior públicas. En el comunicado de presentación el ministro Rojas afirma que el decreto se expide para “dignificar el trabajo en las universidades públicas”. ¿Lo supone indigno?
El decreto obliga a las universidades a definir un ‘plan de formalización laboral’ en nueve meses, y luego vincular a su planta permanente a los docentes ocasionales y catedráticos; el 40 % a finales de 2026, y el 80 % al 2027.
El capítulo de antecedentes parece un panfleto. Varias cosas quedan claras: hubo 12 mesas de conversación con los sindicatos Aspu, Sintraunal y Ultradec, pero por ningún lado aparecen consultas con expertos, rectores, el Sistema Universitario Estatal, o la Asociación Colombiana de Universidades. Hay una única mención a la Autonomía Universitaria, pero no al hecho de que es norma constitucional; recuerda la Sentencia C-220 de 1997 de la Corte Constitucional, para concluir lo opuesto a lo que dijo la Corte.
La autonomía es un reconocimiento milenario que la sociedad les otorgó a las universidades. Lo hizo porque el conocimiento se genera y transmite mejor en libertad, y la independencia de las coyunturas políticas ha dado excelentes resultados. La autonomía otorga libertad a las universidades para generar sus normas y manejar sus finanzas.
Las fuentes de financiación bordean lo cómico. Se deben usar los recursos adicionales asignados el 2019 por el Gobierno (¡el gobierno anterior!), los recursos provenientes del artículo 86 de la Ley 30 (que son ingresos regulares), y finalmente los recursos del Plan Nacional de Desarrollo, que estaban destinados a cubrir gratuidad y rubros crónicamente desfinanciados. No hay ni un peso nuevo en el decreto para financiar la ‘dignificación’.
Decreto 0391 devela fallos estructurales en financiamiento de la educación superior pública
