Decreto 1280 finalmente no va. Es ilegal y no convenció

Feb 21/19 La terquedad del anterior Ministerio de Educación (Yaneth Giha y Natalia Ruiz) y la actitud vacilante del actual (María Victoria Angulo y Luis Fernando Pérez) desgastaron casi un año al sistema de educación superior en la construcción de una norma con fallos procedimentales y un contenido cuestionable.

Con una actitud “redentora” del sistema, el equipo de asesores del anterior viceministerio de Educación Superior con un grupo de 10 académicos de las mal llamadas “universidades grandes” construyó, de manera silenciosa y a espaldas de la comunidad académica, una propuesta de “Referentes de Calidad: una propuesta para la evolución del sistema de aseguramiento de la calidad”, que pretendía reorganizar las relaciones y procedimientos de registro calificado y acreditación, entre otros aspectos, y que dio fundamento al Decreto 1280, firmado pocos días antes de la finalización del anterior gobierno, el pasado 25 de julio de 2018, con el beneplácito de la entonces ministra entrante (aún no posesionada) María Victoria Angulo.

Eso se hizo pese a los cientos de reparos que la comunidad académica hizo al mismo, con cerca de 700 observaciones al borrador de decreto que se conoció y que hizo público el Ministerio de Educación. En entonces, la ministra Giha dijo que el Decreto saldría cuando estuvieran convencidos de que era lo mejor posible, pero el Ministerio no acogió las recomendaciones de la comunidad académica y “a la brava” expidió un Decreto con problemas de interpretación, aplicación y sobrecosto para las IES y la operación del propio Ministerio, al punto que los propios funcionarios de dicha entidad hicieron una nota pública de rechazo.

El exrector de la U. Nacional, Moisés Wasserman, muy cercano a la entonces viceministra Ruiz, fue uno de los pocos, al pie de Víctor Hugo Malagón -de Colombia Científica y El Rosario– que defendieron públicamente la iniciativa. Wasserman calificó de “oposición a ultranza” la “propuesta razonable” de un “equipo altamente calificado”.

De otro lado, rectores como los de la UNAD fueron algunos de los que públicamente criticaron el Decreto. Las críticas del sector se relacionan especialmente con la desarticulación entre sistemas, procesos y actores, así como la incertidumbre con respecto al impacto de la norma.

Comprometidos con haber aceptado el decreto, el nuevo Ministerio inició talleres por todo el país, tratando de convencer a la comunidad académica de los beenficios de la norma (inversión millonaria en ello, más la que se había pagado a quienes crearon los referentes), encontrando que legalmente no es posible reformar vía Decreto la Ley que le supera sobre el sistema de calidad.

Eso llevó a que el 24 de diciembre, la ministra Angulo expidiera la resolución 2383 en la que aplazaba la entrada en vigencia del Decreto del 1 de enero de 2019, al 1 de agosto, pero El Observatorio ha conocido que, definitivamente, éste se caerá, y que deben buscar otro camino jurídico para su construcción.

Para ello, el Ministerio sigue trabajando con asesores (más contratos millonarios), algunos de los que ya son conocidos en muchas IES porque les prestan asesorías a éstas, que están recorriendo el país nuevamente tratando de convencer a la comunidad al respecto.

Entre las sorpresas que tiene el nuevo proceso están, por ejemplo, que a juicio de algunos de estos asesores conceptos como los de PEI, Proyecto Educativo Institucional, tan común en las IES, ya no les aplicaría a éstas, porque -dicen- es un desarrollo colombiano, propio de la educación básica y media, tal y como está en la Ley 115 de 1994 y no en la Ley 30 de 1992.

Inicia el nuevo debate.