Marzo 12/20 Corte Constitucional aclara que la educación es un derecho, pero también un deber, y hay obligaciones mínimas y recíprocas a cargo de todos los que intervienen en el proceso educativo.
Así, la Corte ha advertido que estudiantes y sus familias deben cancelar los pagos de las IES, para hacer efectivo este derecho.
De esta forma aclara que hay casos en los que es admisible que tanto colegios como universidades puedan retener certificados de notas, actas de grado y diplomas de estudiantes o egresados que no hayan cancelado sus obligaciones financieras.
Así, las cosas, el alto tribunal dice que recibir un título de grado hace parte del derecho a la educación pues, de él, depende que una persona pueda tener nuevas oportunidades que mejoren su condición de vida.
Pero bajo estas circunstancias, la Corte aseguró que si bien el diploma de bachiller constituye el documento mediante el cual se acreditan los estudios cursados y aprobados, lo cierto es que “la expedición del mismo está sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos para el efecto”.
Esto significa que los primeros responsables de velar por la educación de sus hijos son las familias, que deben cumplir con los pagos por la educación.
Por eso, el alto tribunal ha dicho que “es repudiable que un padre le dé a su hijo un mensaje de incumplimiento, de mala fe, de prevalencia de las necesidades innecesarias sobre la educación y, lo que es más grave: que deje en el hijo la idea de que hay que aprovecharse de los demás (del padre de familia que sí paga, de los maestros que le enseñan, del juez que lo protege); es decir, abusaría del derecho propio con el cínico aprovechamiento de quienes sí cumplen con su deber”.
Por eso, con el fin de no fomentar la cultura del no pago, el alto tribunal ha dicho que los estudiantes y padres de familia no pueden dejar de pagar las obligaciones académicas simplemente porque no quieren.
“El derecho a la educación supone obligaciones mínimas y recíprocas a cargo de quienes intervienen en el proceso educativo, en particular, de la familia quien no sólo debe asegurar la realización de este derecho, sino también honrar las obligaciones que conduzcan a esta”, recordó el alto tribunal.
Por eso, dijo la corporación, no pagar estas obligaciones pese a tener la capacidad económica para hacerlo, “implica un abuso del derecho y correlativo desconocimiento de sus deberes”.
El derecho a la educación “no debe ser usado como excusa para el desconocimiento de obligaciones y tampoco, la acción de tutela como un medio para desconocer los deberes constitucionales y legales asignados a los sujetos que intervienen en el proceso educativo”.
La Corte asegura que la educación está ampliamente relacionada con la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el trabajo, la participación en política, la seguridad social, el mínimo vital, entre otros.
Así las cosas, hay dos requisitos que los jueces deben tener en cuenta a la hora de evaluar una tutela de una persona que pide que se le entreguen sus documentos retenidos en un colegio o universidad por no poder pagar.
La Corte dice que la evaluación se debe hacer caso por caso, y que las personas que afirman que se les está vulnerando su derecho por no pagar deben acreditar que:
1. El incumplimiento de sus obligaciones económicas con el colegio o universidad se presentó como consecuencia de un hecho sobreviniente, que está justificado, y que imposibilita pagar. Esa prueba se debe acreditar con evidencias más allá de la confesión, es decir, evidencias que acrediten cuál es su problema económico que hace imposible pagar.
2. Que el estudiante, sus padres o acudientes, adelantaran gestiones para lograr un acuerdo de pago o el cumplimiento de la obligación. En otras palabras, que la persona que tiene la deuda no haya renunciado “de mala fe” a no pagar y aprovecharse de la situación, y que ha hecho todo lo que está a su alcance para pagar.
Adaptación de El Tiempo
