Agosto 31/22 Un incumplimiento salarial develó crisis financiera y pérdida de estudiantes. Profesores de ASPU la pararon desde el 5 de julio, directivas no hallan solución y el tema ya llegó hasta el Ministerio y el Congreso.
Todo comenzó con la suspensión de actividades en las sedes de Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en donde los profesores ocasionales, apoyados por ASPU, exigen el cumplimiento de un acuerdo sindical -la resolución 4.009 de 2020- mediante la cual se les debe reconocer -señalan- el pago de una Prima de Servicios Profesionales proporcional al tiempo de trabajo, y que la Universidad no ha hecho, por un lado por una delicada situación financiera y por otro porque, dice la IES, jurídicamente no podría hacerlo. Los profesores de ASPU argumentan que jurídicamente sí debe hacerlo.
La protesta también se extendió a los docentes de la facultad de estudios a distancia, quienes protestan porque la Universidad ha tenido que no abrir cursos, dado que no le llegan el mínimo de estudiantes programados para garantizar la sostenibilidad. En toda la universidad hay cerca de 30 mil estudiantes con dos mil profesores.
En diversos momentos se han incorporado a la protesta profesores de cátedra y estudiantes de la sede Tunja, afectándose la normalidad académica de 12 mil alumnos de las seccionales.
En medio de las protestas, los docentes ocasionales también demandan contar con las mismas condiciones contractuales de los de planta.
En el paro han intervenido diversos sectores de Boyacá, los representantes y senadores de la región, quienes lograron que esta semana el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y su equipo, los recibieran a ellos y a voceros docentes para conocer la situación, frente a la cual el gobierno nacional se comprometióa buscaar una solución de manera urgente.
Mientras tanto, la situación ha mostrado la pugna de intereses políticos en torno de la universidad, su presupuesto y control, ahora que en pocas semanas debe iniciar el nuevo proceso electoral, para buscar el reemplazo del ingeniero Óscar Hernán Ramírez, quien en su periodo de tres años -que termina en diciembre próximo- debió enfrentar la pandemia, una complicada enfermedad personal lo que alejó algún tiempo del cargo y la crisis financiera por la pérdida de estudiantes que, dicen algunos, se acerca al 30 %.
Además de los políticos, los académicos y los sindicatos tienen gran incidencia en la universidad, no obstante el prestigio académico de la misma.
Por ahora, la administración de la Universidad reitera su llamado al diálogo y explica así la situación la Institución:
1. La universidad hoy recibe el 30% menos de los recursos económicos que recibía a diciembre de 2018, pero sus demandas y necesidades han sido crecientes.
2. Esta reducción obedece a la rebaja del costo de matrículas que incorporó otro nuevo sistema de cobro por mandato de un juez.
3. Los recursos que recibe del Gobierno por matrícula cero, solo cubren en promedio entre el 5% y el 10% del costo real de la permanencia de un estudiante.
4. Como resultado de la pandemia se produjo una reducción generalizada de ingresos por convenios, proyectos y venta de servicios académicos.
5. La Universidad también ha sido “castigada” con un embargo producto de decisiones externas frente a situaciones de orden laboral y pensional ocurridas antes de 2015, y mantiene activos sus mecanismos jurídicos en busca de recuperar estos dineros que superan los 10.000 millones de pesos.
6. A pesar de esta situación de menor captación de ingresos, y mayores costos para sus pagos (ejemplo: en restaurante el costo para la universidad por cada almuerzo, pasó de valer $6.000 a $9.000, a cargo de la Institución el 70%).
7. La UPTC solo recibe del presupuesto nacional el 50% de los recursos de funcionamiento y debe producir el restante 50%, en el que se incluyen los recursos necesarios para el pago de nómina que supera el 80% de los gastos de funcionamiento. Desde hace una década esta relación de ingresos se mantiene. A pesar de las dificultades, la universidad podrá terminar el año 2022 sin déficit, ni carencias básicas, mientras se mantenga la distribución presupuestal aprobada mediante acuerdo y estas asignaciones implican mantener el calendario sin alteraciones.
