El profesor de la Universidad de Caldas, Juan Carlos Yepes y la Junta Directiva de la Asociaciónde Profesores Universitarios de Caldas -ASPU-, hacen una interesante reflexión sociológica sobre lo que significa “desinstitucionalizar” una universidad que, a su juicio significa despojarla de su autonomía. Aplica su análisis con casos concretos en la Universidad de Caldas, y puntualmente, una fuerte crítica a la gestión de su rector, Ricardo Gómez.
El siguiente es su texto denominado:
DESINSTITUCIONALIZACIÓN EN MARCHA
Un análisis casuístico extrapolable a IES y Universidades estatales en Colombia
Para hablar de desinstitucionalización es interesante efectuar el ejercicio de conceptualizar el término INSTITUCIONALIZACIÓN, su contrario. Por tal se entiende el proceso complejo mediante el cual los individuos que conforman las organizaciones -instituciones- han logrado construir progresivamente un habitus, una forma particular de ser y de hacer, de percibir el mundo y de actuar sobre él, un ethos o nicho de espacio-tiempo cruzado por las raíces mismas de dichas organizaciones, su génesis y desarrollo. En otras palabras, los rasgos, características constitutivas o modos de comportamiento que integran la identidad de una comunidad a lo largo de su trayectoria existencial, es lo que puede denominarse su institucionalidad. Para el caso de las Universidades en el mundo, sobra referir cuál ha sido su razón de ser desde el momento mismo en que surgieron (siglo XI en sentido lato y siglos XII y XIII en sentido estricto) como universitasmagistrorum et scholarium, que significa comunidad de profesores y estudiantes (agremiación). La Universidad creada para la generación, difusión y aplicación de conocimiento, orientado al mejoramiento de la vida en todas sus manifestaciones (que supera las concepciones antropocéntricas para llegar al biocentrismo, que lucha contra el biopoder para situarse en una dinámica de la biopolítica) está lejos de encontrarse en la institución que hoy tenemos. Institucionalizar no consiste en un mero ejercicio de supervivencia, tampoco es una acción orientada exclusivamente a mantener las bases legales definidas por el Derecho positivo, es mucho más que eso, la acción institucionalizadora remite necesariamente a la construcción y consolidación de valores, como fuente primordial de estabilización e integración alrededor de propósitos comunes, que se alcanzan a través de la definición y cumplimiento de pactos, de compromisos de la más elevada talla intelectual, moral y social. Resulta indispensable arraigar los valores que se convierten en la razón de ser de las instituciones y luchar por preservarlos. De igual manera es fundamental conocer cuáles son los valores que importan en el momento y contexto actual, de qué manera pueden salvaguardarse; pero de la misma forma es menester conocer de qué forma pueden debilitarse y desaparecer progresivamente llevándose consigo los cimientos de la institucionalidad. Si no se poseen fuertes bases estructurantes, con principios éticos y una perspectiva claramente definida frente a los bienes públicos, si no se cuenta con firmeza e identidad en los valores construidos, muy probablemente devendrá el acabose y la destrucción total.
No existe mejor manera para denominar -desinstitucionalización- lo acontecido en la Universidad de Caldas en los dos mandatos de Ricardo Gómez Giraldo, un Rector asumido en las huestes partidistas como cuota burocrática del partido de la U. en la institución. Gómez Giraldo entró en la Universidad no por razón de sus méritos académicos (como en verdad sucede en las grandes universidades del mundo) sino gracias a los favores recibidos por cofradías (facciones) asentadas en la ciudad y la región; provenía de un sector industrial (la ANDI en Caldas) bastante golpeado por el cierre intempestivo de numerosas empresas en Manizales y, previo a ello, había dejado la Secretaría de Educación del municipio con un balance bastante precario en sus realizaciones, además de fuertes críticas por parte del magisterio local. Lastimosamente es un asunto por todos conocido: El modelo uribista llegó a las universidades para quedarse. ¿Cuánto tiempo? El que los universitarios permitan. Pero el asunto no radica simplemente en los sellos partidistas, de fondo, de lo que se trata es del nefasto ideario que representan y materializan a través de privatizaciones de la salud, la educación, los servicios públicos, la tercerización, las reformas tributarias, laborales y pensionales, en fin, a través de la deslegitimación y desinstitucionalización del Estado y la sociedad aumentando dramáticamente la brecha de desigualdad.
Es lamentable que el criterio de autonomía para elegir directivas se haya entregado de manera tan sumisa y mezquina a quienes poco o nada saben de Universidad. Cada vez se entiende más por qué fracasan las naciones, pero en especial porqué ha fracasado Colombia, un país con todo el potencial del mundo para erguirse como nación desarrollada económica y socialmente pero que, gracias a la peor de las clases dirigentes y políticas -desprestigiadas a más no poder- se ha constituido en un país con prácticas excluyentes al amparo de una cultura de ilegalidad que ya tocó fondo desde hace bastante tiempo.
DESINSTITUCIONALIZAR entonces consiste en desmantelar paulatinamente, despojar del núcleo esencial, del fundamento y razón de ser, de los valores primigenios a una institución, en este caso, desinstitucionalizar es despojar a la Universidad de su AUTONOMÍA. Ha sido demasiada tinta la que ha corrido sobre papel y múltiples las manifestaciones -por distintos medios, electrónicos y digitales- respecto al deleznable proceso que ha padecido la Universidad en Colombia. Pero es necesario poner sobre la mesa de discusión lo que en particular ha sucedido con la Universidad de Caldas (extrapolable probablemente a otras instituciones del país) bajo el mandato de Ricardo Gómez y la alta dirección del Consejo Superior. El resquebrajamiento progresivo de la institucionalidad, el marchitamiento de las funciones sustantivas y misionales de la Universidad de Caldas -en favor de intereses distintos a los consagrados en sus valores- da cuenta de lo siguiente:
- Pérdida de credibilidad, hastío y desconfianza son las características del enrarecido ambiente que se respira respecto a quienes dirigen y administran la institución, léase fundamentalmente el Rector y su equipo de colaboradores del cual hacen parte, paradójicamente, docentes de carrera que coadyuvan al descalabro de la universidad. Ninguna organización, y menos de alta complejidad como la universidad, resiste la demanda social de cumplimiento estricto con las funciones misionales para las cuales fueron creadas cuando sus administradores de turno han perdido total conexión con los estamentos básicos de la institución (profesores y estudiantes, los que hacen parte esencial de la universitasmagistrorum et scholarium). El vínculo se rompió desde el momento mismo en que se incumplió sistemáticamente con todos y cada uno de los compromisos firmados entre las partes en el mes de marzo de 2011. Un Rector que falta a su palabra y a los pactos suscritos con su propia rúbrica, desinstitucionaliza la organización y no puede ser digno de regir los destinos de un patrimonio social,cultural y académico como la Universidad de Caldas. Lamentablemente el Consejo Superior -como máxima autoridad- ha sido inferior a las exigencias de evaluación rigurosa a las ejecutorias del Rector, un proceso evaluativo que se lleva a cabo hasta en las más elementales y poco complejas organizaciones públicas y privadas, las que dan ejemplo de ser por lo menos medianamente responsables con la sociedad. Por ello el Consejo Superior también desinstitucionaliza cuando autoriza -por mayorías y contrario a las normas (Estatuto administrativo)- permisos prolongados para estudios doctorales al Rector, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las disposiciones internas, tales como la evaluación de desempeño y el número de horas diarias para disfrutar de la prerrogativa. ¿Quién responde por las afectaciones institucionales y patrimoniales derivadas de la ausencia -por semanas completas y continuas- del Rector y las consecuentes encargaturas que generan a su vez encadenamientos administrativos de interinidades recurrentes?
- La racionalidad corporativa en la cual se ha inscrito la Rectoría de Gómez Giraldo ha propiciado un trastoque monumental de la función misional de la Universidad, toda vez que ahora ya no importa la academia, sino el rendimiento económico; ya no interesala función misional de la universidad, sino su alcance mercantil; dejó de importar la investigación, porque ahora interesa cuánto genera dicha actividad de indagación científica; ya no vale un buen maestro conocedor de su saber, sino un nuevo tipo de trabajador del intelecto que rinda al máximo desde vinculaciones a destajo; poco importan ahora los programas académicos de pregrado -como le corresponde a una Universidad Pública- financiados por el Estado, sino las ofertas autosostenibles y generadoras de renta. En síntesis, la Universidad pasó a ser un verdadero y grosero negocio, en el cual se perdió el valor de uso del conocimiento y se incursionó peligrosamente en la lógica economicista del valor de cambio que se le otorga al mismo; ejemplo de ello es el contrato suscrito con la multinacional Anglo Gold Ashanti AGA-Colombia, con el cual se desatiende la responsabilidad social con el medio ambiente natural y se deja de lado el análisis sobre las implicaciones éticas de dicho tipo de contrataciones.
- La Universidad se desinstitucionaliza cuando la ponen a hacer algo para lo cual no fue creada, cuando se desnaturaliza en función de objetivos que le son ajenos, cuando la obligan rendir culto a quienes no han sido sus hacedores (la clase política), cuando la hacen competir en el mercado con instituciones disímiles en su misión (educación técnica y tecnológica tipo SENA), cuando la fuerzan a generar recursos propios así sea por cuenta de “vender” su alma al mejor postor, cuando -en definitiva- afectan su núcleo de autonomía y vulneran de paso su esencia.
- La Universidad se desinstitucionaliza cuando todos sus esfuerzos se orientan a la creación de programas autosostenibles, pues según informe de autoevaluación con fines de renovación de acreditación (2011, p. 76) durante la vigencia de la acreditación institucional -4 años- se amplió la oferta académica en 27 programas (5 técnicos, 5 tecnológicos, 2 de pregrado, 1 de especialización, 10 de maestría y 4 de doctorado). Las cifras oficiales lo dicen todo, más aun cuando se anuncia en el mismo informe que están en proceso de registro calificado alrededor de 10 programas más, fundamentalmente de posgrado. Según cuadro-informe de la visita de Pares, actualmente la Universidad de Caldas cuenta con 7 programas técnicos, 13 tecnológicos, 55 de posgrado y 23 de pregrado (estos últimos disminuyeron de 26 en 2007 a 23 en 2011). Los posgrados incrementaron su población estudiantil en 283% durante los últimos cuatro años. ¿Nos estamos convirtiendo acaso en una institución de carácter técnico, tecnológico o de posgrados? Urge la discusión en la nueva ley de educación superior sobre las tipologías de universidad que tendremos para el país que la sociedad necesita.
- De igual forma la Universidad se desinstitucionaliza cuando muchos de sus docentes abandonan la función misional para la cual fueron vinculados -al momento de ingresar vía concurso público de méritos- y se dedican durante años y años a desempeñar cargos administrativos, que les depara ingresos adicionales bastante considerables, asunto que no es deplorable per se sino cuando se privilegia el afán por dichos ingresos, dejando al margen el más elevado interés institucional de la academia. Pero de igual forma desinstitucionalizan la universidad los profesores que reflejan de manera constante deseos desaforados por obtener incentivos económicos, los cuales tampoco son cuestionables per se sino cuando se superponen a la función esencial de la docencia en los pregrados (razón de ser de las universidades estatales).
- La dirección de la Universidad desinstitucionaliza cuando produce normativas ilegítimas, impuestas por la vía del autoritarismo, del despotismo y la tiranía académica que vulneran principios elementales de igualdad y participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones sobre la vida institucional. No basta a la administración de Gómez Giraldo la profusa promulgación de Sentencias de las altas Cortes, en las cuales se sienta jurisprudencia sobre la exigencia legal y constitucional de garantizar procesos participativos a los actores primordiales de la vida universitaria. Olvidan de nuevo el Rector y sus colaboradores inmediatos que su presencia es por demás una contingencia, que los verdaderamente necesarios e indispensables en la Universidad son sus docentes y estudiantes, apoyados por funcionarios administrativos que se comprometan de verdad y auténticamente con los valores de la educación superior. Las reglamentaciones a los Acuerdos relacionados con labor académica -y temas afines a los docentes- no pueden seguir siendo el fruto de posturas amañadas, resultantes de fuertes sesgos economicistas que sólo piensan en reducir costos a través de la pauperización progresiva de la labor de los académicos y por medio de la violación permanente y sistemática a la dignidad del trabajo de profesores ocasionales y catedráticos. Se desinstitucionaliza la Universidad cuando el Consejo Superior no brinda garantías a la representación profesoral para discutir los temas relacionados con su estamento y aprueba normas a espaldas de los docentes.
- De manera categórica se desinstitucionaliza la Universidad cuando los recursos de la nación -según informe de Pares- sólo alcanzan el 68% del total requerido para su funcionamiento y le toca a la institución “rebuscar” recursos propios presionando a sus docentes, afectando las labores académicas, supeditando la investigación al lucro, incrementando costos de matrícula en lugar de garantizar la gratuidad progresiva exigida por el bloque de constitucionalidad (pactos suscritos por el Estado colombiano a nivel internacional). La asfixia presupuestal a la que el gobierno nacional tiene sometida la Universidad pública colombiana es quizás el factor primordial, con la contribución de factores facilitadores de los directivos de turno, que ha desinstitucionalizado vertiginosamente la Universidad. A ello contribuye decididamente la anuencia, el silencio cómplice de los actores universitarios que no hemos sabido izarnos con la dignidad necesaria para luchar por un propósito de todos: Salvar la universidad pública estatal, uno de los últimos bastiones de pensamiento libre al servicio de la democracia y la sociedad.
- Las administraciones uribistas de la universidad desinstitucionalizan cuando, caso Universidad de Caldas en cabeza de Gómez Giraldo, se acude en exceso -según términos utilizados por los Pares evaluadores- a la figura de docentes ocasionales en desmedro del necesario fortalecimiento del cuerpo profesoral (además, contratados a cuatro meses con alto grado de inseguridad laboral y negándoles una legítima homologación salarial al escalafón). Catedratizar la academia -en detrimento de su calidad- ha conducido a suprimir cada vez más la figura de docentes ocasionales, sin el correspondiente esfuerzo por ampliar la planta de profesores con vinculación a término indefinido, y ha llevado a pensar erróneamente en que los catedráticos podrían tener sobre sus hombros el mayor peso de las funciones misionales. Un absurdo a todas luces inaceptable.
- Se desinstitucionaliza la Universidad de Caldas cuando desde la perspectiva de los Pares académicos se registra el siguiente hecho: “… los aspectos administrativos no deben prevalecer sobre los académicos, investigativos y de extensión, sino presentarse como transversales, de apoyo y sustento al desarrollo de las funciones sustantivas”. En otras palabras, se desinstitucionalizala Universidad cuando los enfoques gerencialistas (propios del New Public Management) conducen a supeditar la academia a los procesos y procedimientos administrativistas. Nunca en la historia ha sido plausible invertir la lógica según la cual las administraciones en las universidades deben estar al servicio -en función y armonía- de la academia. En la Universidad de Caldas hace mucho tiempo esa sana lógica se invirtió. Hoy quienes dirigen la universidad la usan para su provecho propio y no para el beneficio de la sociedad. La noble y emblemática institución se puso al servicio de quienes ejercen e imponen su poder, fundamentalmente politiquero.
- Existe clara desinstitucionalización de la Universidad de Caldas cuando el Rector crea extemporáneamente un Comité auditor de concurso público de méritos (7 de mayo de 2012) para cubrir 43 vacantes convocadas desde diciembre de 2011. Dicho Comité auditor -en sana lógica- debió constituirse para cumplir esa tarea desde el momento mismo en que se hizo la convocatoria pública y no después, cuando muy poco se podía hacer respecto a las irregularidades registradas en diversas etapas y fases técnicas del proceso. Se debería sentir profunda pena por parte de un Rector que tiene que admitir públicamente -como lo hizo Ricardo Gómez en la Resolución 000719 del 16 de julio de 2012- innumerables yerros administrativos y procedimentales, insubsanables muchos de ellos cuando se dieron no conformidades mayores con cambio de jurados, presencia de docentes contratistas -con intereses en el concurso- en diferentes fases de elaboración de perfiles y definición de jurados, cambio de perfiles en instancias ajenas a los Departamentos que los elaboraron, no aprobación oficial de perfiles, ausencia de formatos correctamente diligenciados y otros tantos despropósitos enunciados en la Resolución referida. Más grave aún fue la no inclusión de un campo mediante el cual el sistema (software) permitiese subir-registrar la información autobiográfica del aspirante, para ser evaluada por un comité experto que al parecer nunca fue designado por la Vicerrectoría académica para valorar la experiencia profesional (error insubsanable). De manera directa y clara se incurrió en fallas de eficiencia, eficacia, economía y celeridad, deshonrando el principio constitucional de los fines del Estado, con el presunto detrimento patrimonial incluido y los enormes desgastes institucionales, dada la alta dosis de improvisación, desidia, negligencia e inoperancia de quienes debían hacer el acompañamiento respectivo para el desarrollo exitoso del concurso. Deplorable el pobre papel desempeñado por la Oficina de Gestión Humana para la validación técnica del proceso, censurable en alto grado el rolde los Consejos de Facultad, inadmisibles los conflictos de intereses en que muchos incurrieron y las recusaciones que no se hicieron a tiempo en los Departamentos, inaceptables las fallas de la Vicerrectoría académica que debió estar al frente de todo el proceso. En otro país, el asunto no se remitiría simplemente a control interno disciplinario o control interno de gestión. Al costo político por lo sucedido (renuncias o declaratorias de insubsistencia a muchos funcionarios) se le sumarían seguramente las consecuencias judiciales del caso. Pero estamos en Colombia, un país desinstitucionalizado también en su aparato de justicia. ¿Quién responde por los perjuicios materiales y los daños morales a quienes invirtieron gran cantidad de dinero para venir desde el exterior -y zonas alejadas de Manizales- a presentar las pruebas y a última hora se les anunció que el concurso fue anulado?
- Se desinstitucionaliza la Universidad de Caldas cuando-como en el caso anterior- se acude a la figura de revocatoria directa a actos administrativos que, en virtud de profusos errores cometidos en el procedimiento, resultan dando pie a violación de principios legales y constitucionales pero no se actúa de la misma forma en otros casos más graves de violación a la Constitución Política y la Ley, como los relacionados con la inobservancia -todavía no resuelta pese a denuncias ante Inspección y Vigilancia del MEN- al Artículo 112 de la Ley 115 de 1994 (no existe en la Universidad de Caldas una Unidad Formadora de Educadores, pese a contar con siete programas de licenciatura, una Maestría y un Doctorado en Educación) o a la negativa del Consejo Superior para modificar o revocar directamente el contenido del Estatuto General en su literal c) del Artículo 21 que define la composición del Consejo Académico (existe una desigualdad manifiesta y una violación a la participación equilibrada cuando se vulnera lo preceptuado en el Artículo 68 de la Ley 30 de 1992, que exige representaciones de Decanos y no la presencia de la totalidad de ellos en el máximo organismo de dirección académica de las universidades estatales). De oficio o a solicitud de parte los funcionarios que han expedido actos que resulten en oposición a la Constitución Política o a la Ley, es decir, actos administrativos que no están conforme al interés público o social o atenten contra él, deberán proceder a revocarlos o, en caso de que ellos no cumplan, dicha revocatoria deberá hacerse efectiva por parte de sus superiores.
- De igual manera se genera desinstitucionalización cuando el menguado presupuesto de la Universidad de Caldas se ve reducido aún más por la precaria gestión del Rector, quien fue incapaz de defender -ante la duma departamental- con argumentos técnicos y académicos- la necesidad de mantener por lo menos el 1.5% que se había fijado por impuesto de estampilla pro-universidades Nacional (sede Manizales) y U. de Caldas desde hace 14 años. Ahora adquieren todo el sentido y vigencia-cuando se registra el peor de los escenarios de orden financiero de los últimos tiempos para la universidad-, las razones esgrimidas por la representación profesoral ante el Consejo Superior acerca de la inconveniencia de asumir endeudamientos exagerados (30.000 millones de pesos), para obras de infraestructura que no constituían prioridad alguna ni hacían parte de un Plan de ordenamiento físico en la institución. Ahora resulta que los dineros que se destinaban a inversión (el 2% de reintegro de recursos ICFES para cada vigencia) quedaron hipotecados a futuro para respaldar la deuda del Centro Cultural Universitario (primera fase) y el “hueco” presupuestal que se produce a partir de la fecha, por la disminución del 0,5% de los recursos de estampilla (aprox. 1.400 millones año), muy seguramente será conjurado con más apretones a la academia que ya ha sufrido incremento en la labor de los docentes, disminución de recursos para prácticas extramurales, afectación de los rubros para investigación, para desarrollo académico, para dotación tecnológica y, en general, deterioro progresivo en el cumplimiento de la función misional.
- Flaco servicio presta el Rector Gómez Giraldo a la institucionalización de la Universidad de Caldas cuando reacciona desmedidamente ante el informe de Pares, porque según él (y teniendo en cuenta el contenido de la carta enviada el 10 de agosto al Consejo Superior, al Consejo Académico y a la comunidad universitaria) quienes efectuaron visita para efectos de renovación de la acreditación de alta calidad incluyeron unos “sin embargos”, contrarios a nuestro informe de Autoevaluación. Desconoce el Rector que dichos Pares lo que hicieron precisamente fue verificar in situ varios de los aspectos mencionados en el informe de autoevaluación institucional. Gómez Giraldo deja en evidencia la enorme paradoja cuando critica ferozmente el uso de algunos términos por parte de los Pares, desconociendo que en nuestro propio informe autoevaluativo incorporamos palabras exactamente iguales a las que dichos Pares utilizan en el suyo (v.g. decimos: Aún es incipiente la investigación… pág. 125 del informe de autoevaluación y los Pares expresan: … el progreso aun es incipiente… se requiere mayor inversión institucional… y mejoramiento de los procesos de apoyo al desarrollo de la investigación, pág. 13 del informe). Aparentemente el Rector no leyó el contenido de lo que se envió como informe de autoevaluación institucional y ahora critica palabras que nosotros mismos, como acto responsable de autocrítica, incluimos en el documento enviado al CNA para efectos de la posterior visita. Expresar que la Universidad ha sido golpeada en su dignidad, que existe incoherencia del informe de los evaluadores externos y finalmente invocar una supuesta y necesaria unión, constituye por lo menos un exabrupto académico que se agudiza cuando invoca a que el amor por la universidad debe ser nuestra obsesión. Lo que no puede dejarse jamás al margen es la idea de reconocer nuestras debilidades en procura de un horizonte de alta calidad. Éste ha de ser el imperativo. La responsabilidad con la Universidad de Caldas y con la sociedad comienza por el hecho mismo de admitir carencias, precariedades y vacíos para emprender el mejoramiento requerido. Inútil será que se nos invite a renunciar a la actitud más característica de la cultura académica: la crítica y la autocrítica.
- Finalmente contribuye a desinstitucionalizar el Rector Gómez cuando -sin la más mínima consideración con los miembros del Consejo Superior que lo eligieron y reeligieron y, sin el menor respeto por el Consejo Académico que preside- se postula con más de cien candidatos a ocupar la Presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales. Así se mencionó el tema en el Diario La Patria el día martes 4 de septiembre de 2012, al referir el proceso final de escogencia por parte de la Junta Directiva:
…El debate de las últimas horas se centró en Ramírez y Ricardo Gómez, con militancia en el partido de La U, lo que llevó a pensar que sería el más firme candidato. No obstante, en una votación por consenso, salió finalmente el nombre de Ramírez, quien anunció que está lista a asumir su papel de inmediato, dándole un cambio y un toque femenino a la entidad.
La pregunta que de aquí se desprende es: ¿Cuenta la Universidad de Caldas con un Rector que brinda suficiente gobernabilidad y confianza -en un momento por demás difícil desde lo académico, administrativo y presupuestal- para llegar a pensar en que los restantes 16 meses de “gestión” puedan llevar a buen puerto a la institución?
¿En qué lugar queda la responsabilidad compartida de los académicos y ciudadanos íntegros frente a este modelo de gestión que impera en el centro más preciado -como bien público- por los manizaleños y caldenses? ¿Qué le dice el Consejo Superior a la comunidad universitaria y a los ciudadanos de bien? Es indispensable recuperar la universidad para los universitarios y para la sociedad.
