Agosto 15/24 Lo que busca Leopoldo Múnera y su equipo rectoral es que el Consejo Superior le aprueben un proceso de deliberación de toda la comunidad universitaria encaminado a democratizar el gobierno y la vida académica de la U. Nacional de Colombia.
Tras varios meses de paro en la Universidad Nacional de Colombia, y cuyo motivo no tiene respuesta clara y sus actores no lo han podido definir, la principal IES pública del país retomó actividades y trabajó en mesas en cada una de sus sedes para abordar los más variados temas sobre la academia, el bienestar, la administración y el gobierno, entre otros aspectos. Ahora, los próximos días 20 a 22 de agosto, se hará, en Bogotá una mesa nacional de diálogo que sería el abrebocas a la pretendida constituyente universitaria.
Dicha constituyente, que surgió tras la declarada desobediencia civil que, como candidato derrotado, promulgó Leopoldo Múnera cuando el Consejo Superior designo a José Ismael Peña Rojas como rector, tiene como objetivo, en palabras del propio Múnera (ahora rector en propiedad, por lo menos mientras que el Consejo de Estado ratifica o reversa la decisión del Consejo Superior que, manejado por Mineducación, “desestituyó” a Peña y nombró a Múnera), definir la “transformación y democratización del gobierno de la UNAL y de la vida académica”.
Con ese enfoque, la propuesta de constituyente universitaria sería diferente de la constituyente que, en el ámbito nacional, el gobierno Petro puso a sonar entre la opinión pública.
Múnera tiene como co-gestor ideológico de su constituyente, al exdirector de Fomento de Mineducación, Andrés Felipe Mora, ahora como vicerrector General y ambos explican que la constituyente universitaria tomará un tiempo extenso, aún no definido, y que iniciaría formalmente en 2025, pues lo que resta de este año sería para realizar una pedagogía en toda la institución y la consolidación de los integrantes de dicha constituyente, que serían delegados de estudiantes, profesores, egresados y trabajadores de todas las facultades y todas las sedes.
El proceso, que deberá formalizarse, dicen, si el Consejo Superior Universitario lo aprueba, parte de la premisa de que tiene que potenciarse la participación democrática de la comunidad universitaria y las consultas estamentarias, y tendrá como objetivo que sea la propia universidad, en ejercicio de su autonomía, la que responda, entre otras, a preguntas como:
- ¿Debe cambiar la Universidad Nacional de Colombia sus formas de gobierno?
- ¿Se deben elevar los requisitos de los elegidos?
- ¿El actual gobierno de la UNAL responde a las expectativas y permite cumplir las funciones misionales?
- ¿Funcionan bien los actuales cuerpos colegiados de la UNAL, a todo nivel?
- ¿Cómo debería hacerse la designación del rector, de los decanos, de los directores…?
- ¿Cuáles deberían ser las formas y mecanismos de participacion democrática?
- ¿Cómo hacer la rendición de cuentas?
- ¿Cómo profundizar la planeación participativa?
- ¿Cómo consolidar la cultura política democrática y de formación política?
¿Y la desobediencia civil?
El concepto de desobediencia civil en el ámbito universitario cobró fuerza por parte del propio Múnera. Preguntado por un profesor, en la sede de Medellín, en qué consiste exactamente, asumiendo la posibilidad que los profesores puedan recurrir al mismo sin sanciones, el ahora rector define que dicha desobediencia civil debe cumplirse con cuatro requisitos:
Primero, que sea no violenta.
Segundo, que sea un acto público delante de una comunidad.
Tercero, debe ser un acto consciente, que asume los riesgos de dicha desobediencia.
y cuarto, que sea un acto ético, que marca las fronteras con lo jurídico.
¿Tiene futuro la constituyente?
Es difícil saberlo.
Una figura similar ha tratado de impulsar la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (llamada Asamblea) hace más de una década, sin resultados positivos.
Además, es innegable que el ánimo político y los dos años que le restan al actual gobierno Petro incidirán, positiva o negativamente, en la evolución de esta iniciativa en la UNAL, pues al fin y al cabo el gobierno nacional se la jugó (al punto que “sacrificó” a su ministra Vergara y viceministro Álvarez) para imponer a Múnera.
Y la definición jurídica que el Consejo de Estado dé sobre si la designación de Múnera es legal o no, potenciará la constituyente o, por el contrario, echará por la borda todos estos esfuerzos y presupuestos invertidos.
