Docentes públicos apoyarían reforma al 1279, si se respetan sus derechos adquiridos

Agosto 5/22 Para los representantes profesorales de las universidades públicas, el decreto 1279 no ha incidido en la desfinanciación  de éstas.

Y aunque no hay, ahora, una propuesta concreta de reforma del Decreto 1279 de 2002, que -entre otros aspectos define el reconocimiento salarial de los docentes de las universidades públicas conforme su productividad, a través del mecanismo de puntos-, sí es previsible que una posible reforma al modelo de financiamiento de la educación superior pública y la Ley 30 de 1992, impacte el 1279, pues para muchos esto contribuyó a inflar las finanzas de la universidad pública.

Pero, para la Asociación de Representantes Profesorales ante los Consejos Superior y Académico de las Universidades Públicas ARPUP, reunidos en la Universidad de Antioquia con la asamblea ampliada de ASOPRUDEA, los puntos salariales asignados por producción académica no fueron la causa del desfinanciamiento de las universidades.

En cambio -dicen- el verdadero responsable de la desfinanciación en las universidades públicas del país es la falta de recursos que debe transferir la Nación.

Por lo mismo, señalan, cualquier reforma al Decreto 1279, debe realizarse por el órgano competente y además ser respetuosa de los derechos adquiridos de los profesores de las universidades públicas.

Llaman “medidas regresivas” a aquellas que limitan el reconocimiento de puntos salariales en la Universidades públicas del país.

Aclaran que ni el grupo de seguimiento al Decreto 1279, ni los Consejos Superiores o Comités Internos de Asignación de Puntaje son competentes para hacer una modificación al Decreto 1279 de 2002, por lo que, por ejemplo, establecer topes anuales de puntos que se pueden evaluar y reconocer a cada docente es una modificación al Decreto, y eso constituye una potestad reglamentaria exclusiva del Congreso de la República, que lo ha delegado en el Gobierno Nacional.

Insisten que para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos el Gobierno Nacional debe tener en cuenta el respeto a los derechos adquiridos, sin desmejorar en ningún caso sus salarios y prestaciones, y la concertación como factor de mejoramiento.

Igualmente, aclaran que “con respecto a algunas interpretaciones que señalan la productividad académica como factor del desfinanciamiento de la Universidad pública”, citan un estudio de 2017 (de Quimbay y Villabona) según el cual el desfinanciamiento de las universidades estatales en Colombia se asocia directamente con: 

– La disminución relativa y progresiva de los aportes de la Nación a los presupuestos de funcionamiento e inversión de estas universidades, cuyo efecto acumulado implicó que estos aportes fueran reducidos en un 44,4%, durante el período 1993-2015;

– la desvalorización relativa y progresiva del punto salarial, depreciado con respecto al salario mínimo en un 32,2% durante el período 1995-2017. 

Por ello, reiteran que los puntos salariales asignados por producción académica NO fueron la causa del desfinanciamiento de las universidades estatales, y dicen que “el verdadero responsable de la desfinanciación en las universidades públicas del país es la falta de recursos que debe transferir la Nación, producto de la Ley 30 de 1992 y de ahí la necesidad urgente de reformar los artículos 86 y 87, ya que la regla de indexación allí contenida actualiza la base presupuestal de las universidades del SUE con base en el IPC mientras los gastos y las inversiones de las universidades crecen por encima de la variación del IPC”.

Concluyen que, como profesorado, “apoyamos la propuesta de reforma que ha elaborado el SUE, la cual plantea un modelo que permite en lo fundamental: (i) ajustar la base según la variación del Índice de Costos a la Educación Superior (Ices) cuando este sea superior al IPC; (ii) la financiación del Decreto 1279 a partir de una canasta de 200.000 puntos anuales; (iii) ampliar la cobertura educativa en pregrado a 11.627 cupos por año equivalentes al 2 % del total de matriculados en 2021; (iv) la provisión de 3.000 plazas docentes al 2030; (v) 1.500 nuevas plazas administrativas en los próximos ocho años; y (vi) crear un fondo de recursos por $200.000 millones entre el 2023 y el 2030 para el cierre de brechas institucionales”.

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