Ed. Sup. Pública bien financiada y de calidad: Enrique Batista – Oct/18

Por: Enrique E. Batista J, Ph. D., en Juanpaz.net (Medellín)

Marcharon los estudiantes, marcharon los profesores y también los directivos universitarios, acompañados todos en sus reclamos por la ciudadanía en general. Marchó la gran comunidad de jóvenes, hombres, mujeres, y adultos de todas las clases reclamando pronta y adecuada financiación de la educación superior sumida en el atraso por las condiciones del abultado déficit presupuestal que impide una formación profesional de alto nivel.

A pesar de ingentes y continuos reclamos de las comunidades universitarias, las autoridades estatales no han podido o querido modificar, para bien, un “simple articulito” de la ley 30 de 1992, el 86, que señala que “las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes” cuya redacción incorpora un “peligroso sofisma” como bien lo mostrado el profesor Carlos Lopera, director del “Observatorio de la Universidad Colombiana”. (https://goo.gl/tSPq5k).

Hoy condiciones y exigencias que se les hace a las universidades son muy distintas a aquellas de 1992, de hace un cuarto de siglo, cuando se expidió, como desarrollo de la Constitución del 91, la mencionada ley.

Más bien, bajo un supuesto darwinista de la pedagogía, para beneficiar a los “más aptos”, con base en una prueba de muy bajo valor científico y psicométrico, se formuló y puso en marcha el programa “Ser Pilo Paga” que con cerca de $4 billones beneficiaron a 40.000 alumnos, cuantía que favoreció a las universidades privadas, con la cual se pudo cubrir a 500.000 nuevos estudiantes en las instituciones universitarias públicas y mejorar recursos de enseñanza y de aprendizaje en ellas. Se invirtieron en esos pocos alumnos cuatro veces más dinero que los transferidos a las universidades públicas.

“Pilos somos todos”, con justificada razón, cantaron los miles de marchantes.

Canto para que lo oyeran todos, en especial las instancias de poder del Estado, como manifestación del nuevo tipo de juventud, la de los millenians, youtubers y generación Z, dispuestos, con orden, pero con firmeza, a reclamar lo que les pertenece: los dineros públicos para la educación pública, para beneficio de todos un país equitativo e incluyente “al alcance de todos”, como proclamó el Nobel García Márquez en el Informe de los Sabios hace dos décadas y media cuando la inmensa mayoría de los marchantes no había nacido aún. “Pilos somo todos”, porque los recursos públicos del malhadado programa son recursos nuestros, de toda la ciudadanía.

Es preciso que todos entendamos que los reclamos de financiación por cerca de $19 billones se refieren sólo a las 32 universidades públicas (las que, por raro capricho, no justificable hoy, en la ley mencionada pueden llevar el nombre de “universidad”), sino también a la educación superior pública de instituto o escuelas técnicas y tecnológicas, que son 51 y tienen cerca de 130.000 estudiantes, y a las “instituciones de educación superior” (otro rótulo discriminatorio y excluyente) de carácter público (que no llevan el rótulo de universidad, pero que cubren un porcentaje significativo de estudiantes). Por ello, el déficit total para todas las instituciones de educación pública superior es sustancialmente mayor, el cual debe ser calculado, divulgado y cubierto por el Estado.

El asunto no se trata del reclamo de financiación suficiente y oportuna de recursos financieros en sí y de por sí. No. Existe, se vive y se comparte la seria preocupación sobre si la educación puede estar a la par de los desarrollos mundiales en los más diversos campos que requiere el progreso de país. No en el fondo, sino en la superficie de los reclamos de las comunidades universitarias están las preguntas: ¿Pueden las instituciones de educación superior pública hoy formar ciudadanos para responder a los requerimientos de una sociedad democrática y pacífica? ¿Puede la educación superior pública ir al ritmo de la cuarta revolución industrial y cualificar a sus ciudadanos para las ocupaciones y trabajos nuevos que de manera permanente se seguirán creando?

El concepto generalizado en todo el mundo, y muy agravado en Colombia, es que no, no por la ausencia tanto de financiación estatal como de visión sobre la importancia en este mundo, de economía y cultural globalizados, de contar con instituciones de educación superior que promuevan el desarrollo nacional y nos vuelvan y mantengan competitivos en los más diversos campos.

Las respuestas implican transformaciones urgentes para una formación superior, y no inferior, frente las disrupciones que afectan y amenazan a las instituciones universitarias y crean crisis actuales y futuras, con rapidez huracanada, desde fuera como son los desarrollos de los nano títulos, las insignias digitales, las universidades empresariales, la desvaloración de títulos académicos en muchas áreas, el surgimiento de nuevas ocupaciones.

Todo esto frente a la ya inocultable prevalencia de formación tradicional, improductiva, atrasada y nada pertinente para las realidades que los jóvenes vislumbran y sienten muy bien.

Reconocen nuestros jóvenes que ellos están inmersos desde la educación primaria en una formación para el pasado, atrasada, insípida, con “planes curriculares” tanto incoherentes como desintegrados, abiertamente desuetos, agravados por la carencia de medios tecnológicos de frontera para la enseñanza y el aprendizaje. Criterios como los que se emplean en el otorgamiento de registros calificados a los programas universitarios y en los factores y características valorados para la acreditación de alta calidad asumen que las instituciones de educación superior públicas están adecuadamente financiadas y, de paso, ocultan la inocultable realidad. Como bien se ha indicado, en acto de complicidad académica, podemos estar certificando y acreditando el atraso, certificando y acreditando el pasado. En el procesos de negación de registros calificados y acreditaciones de alta calidad, las organizaciones del Estado, en especial el Ministerio de Educación Nacional, eluden su responsabilidad.

Recientemente se reglamentó el inexistente “Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior”, esfuerzo nulo, a hurtadillas, como si con decretos de fin de gobierno se subsanarán las deficiencias en la formación universitaria derivada del abandono y descuido del Estado con la educación superior pública. Decreto expedido al finalizar un gobierno buscando mostrar, a última hora, lo que no se hizo en ocho años, mostrar en apariencia intentos de cambio, por la vía de la amenazante inspección y vigilancia, con la que el Estado muestra sus dientes, pero no la plata.

A la educación superior no pueden llegar los bachilleres mal formados. La educación pública desde primaria hasta el grado once (K – 11) está también seriamente desfinanciada con afectación severa, desde décadas atrás, de la calidad de la educación del país.

Los jóvenes saben en qué mundo están. Desean construir otros. Marchan los jóvenes, marchan en búsqueda de su futuro, al encuentros y construcción de un país próspero para todos. Marcharán los jóvenes, marcharán…. Como en las marchas de Martin Luther King, los jóvenes nuestros también tiene un sueño: Ver a la universidad pública viva y trasformadora para el bien y progreso de todos en Colombia.