Educación superior, expectativa que no se cumplirá: Edna Bonilla Sebá

Abril/24 En Revista Cambio, la profesora de la U. Nacional y exsecretaria de Educación de Bogotá, cuestiona la expectativa creada por el gobierno nacional y los 500 mil nuevos cupos en educación superior. 

El Gobierno Nacional definió para el cuatrienio 2022-2026 dos grandes metas en educación superior: crear 500.000 cupos nuevos y aumentar la tasa de cobertura pasando del 53,94 por ciento al 62 por ciento. La primera no es realizable si se insiste en trabajar con los esquemas tradicionales y únicamente con universidades públicas. Las metas no son coherentes y limitan las posibilidades de ofrecer alternativas de educación de calidad y, además, no fortalecen la educación superior o posmedia del país.

Y la segunda meta no es coherente porque en 2022 el Ministerio de Educación (MEN) la cobertura fue de 54,92 por ciento, que resulta de dividir la matrícula de 2,28 millones sobre los 4,16 millones de jóvenes entre los 17 y 21 años. Teniendo en cuenta que el DANE estima que los jóvenes entre los 17 y 21 años serán 4,01 millones en 2026, es fácil concluir que para obtener una cobertura de 62 por ciento se requiere aumentar la matricula de 2022 en alrededor de 203.000 estudiantes. No hay consistencia entre la meta de cobertura y el número de nuevos estudiantes.

La meta de los 500.000 cupos nuevos no se podrá cumplir. Desgraciadamente, el MEN no está avanzando en los reportes de las metas para el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Los indicadores a marzo de 2024 muestran que se está lejos de las metas. Y ya han pasado 20 meses desde que comenzó el gobierno. Puesto que la educación es una prioridad del gobierno, es necesario que la información sobre el cumplimiento de los objetivos esté disponible de manera regular.

A partir de los reportes parciales que ha entregado el Ministerio, se observan evidentes retrasos y debilidades en la formulación y ejecución de la política. A septiembre de 2023 los cupos han aumentado en cerca de 27.000 estudiantes, por debajo de los 50 mil que se propuso alcanzar para fin de año. Es decir, en un año de gobierno (25 por ciento del cuatrienio), solo se estaría logrando cumplir con el 5,4 por ciento de la meta total. No vamos bien. Dadas sus limitaciones estructurales (planta fisica, presupuesto, número de docentes, altas cargas administrativas, entre otras), las universidades públicas han ofrecido aproximadamente 40.000 cupos por semestre. Al ritmo actual no es posible crear 473.000 cupos en los cinco semestres que le restan al gobierno. El reto es tan grande que incluso el mismo MEN está previendo que en 2024 tendrá un avance menor al que inicialmente se habían propuesto. De acuerdo con la ministra, este año se añadirán 87.000 estudiantes nuevos, cuando se debería llegar a 100.000 estudiantes.

Soy egresada y profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Creo profundamente en la educación pública, en sus bondades y potencialidades. También reconozco sus limitaciones intrínsecas. Le sugiero al Gobierno nacional que retome aprendizajes de experiencias anteriores y construya sobre un sistema mixto que fortaleciendo y privilegiando la universidad pública, también sea capaz de trabajar con las instituciones privadas para ofrecer educación de calidad. Un sistema que responda a los retos del futuro y no se concentre únicamente en saldar las deudas históricas relacionadas con la infraestructura. La construcción de sedes apenas es una de las dimensiones constitutivas del complejo sistema educativo. Las edificaciones son necesarias, pero allí no radica el saber del espíritu universitario. Se debería mirar con atención la experiencia de Bogotá con el programa “Jóvenes a la U que creó 40.000 cupos en cinco semestres. La inversión fue de 1,8 billones de pesos y participaron las universidades públicas y privadas.

Algunos de los resultados del programa Jóvenes a la U son esperanzadores: ocho de cada diez son la primera generación del hogar en acceder a educación superior, seis de cada diez son mujeres, ocho de cada diez son graduados de colegios oficiales de la ciudad, uno de cada tres están cursando programas técnicos profesionales y tecnológicos, uno de cada dos viven en hogares en situación de pobreza extrema y moderada y uno de cada diez son víctimas del conflicto armado.

También se aumentó la probabilidad de matricularse en educación superior en un 80 por ciento, se logró cerrar completamente las brechas de grupos focalizados y aumentó la probabilidad de que un joven se matricule en un programa acreditado en 60 por ciento y en 77 por ciento la probabilidad de que esté matriculado en una universidad de alta calidad. Para que el sueño tenga la posibilidad de ser realizable, aprendamos de experiencias exitosas y dejemos la ideologización en la educación.

Seis recomendaciones para hacer coherentes y realizables las metas en educación superior:

1. Definir en el programa los mecanismos que garanticen el acceso y permanencia en términos de calidad, equidad, pertinencia y cierre de brechas. Se requiere focalizar en las poblaciones que históricamente han estado por fuera del sistema educativo. Especialmente, se debe tener en cuenta la situación de las poblaciones más vulnerables como: mujeres, personas en condición de pobreza, transgénero, etnias, discapacidad, reincorporados, víctimas de la violencia de género y del conflicto armado, egresados de colegios oficiales y jóvenes de la ruralidad. Los programas del Estado deben cubrir el costo de la matrícula y del sostenimiento. La gratuidad en la educación es una realidad desde hace años (no es de este gobierno) y no es suficiente.

2. La oferta de los programas debe incluir a las universidades públicas (privilegiándolas) y privadas. La selección tiene que contemplar criterios de pertinencia y calidad. Es importante priorizar los sectores económicos que más empleo generan. Es inaplazable incentivar la formación técnica, tecnológica y otras modalidades de ciclos cortos que interesen a la juventud, y hacer un ejercicio que permita determinar el valor social de dichas disciplinas.

3. A las universidades públicas se les deben reconocer los costos totales directos e indirectos de un estudiante y se les debe brindan recursos para la investigación. Con las universidades privadas, se revisan sus costos y los de mercado y se les exige contrapartida, que incluso puede llegar al 60%. Además, se deben construir conjuntamente estrategias para prevenir la deserción y trabajar en vías de empleabilidad y generación de ingresos.

4. La forma de retribución a la sociedad, no debe ser el endeudamiento o crédito del estudiante o sus familias. Se pueden generar mecanismos de pasantía social o solidaridad intergeneracional, como una sobretasa en los impuestos, cuando la persona en su vida profesional tenga los ingresos necesarios para responder por la sobretasa.

5. Hay que sincerar las cifras. Es necesario que el ministerio, brinde claridad sobre el costo total de su estrategia y que su información sea pública. Se ha mencionado que entre 2023 y 2026 la estrategia de gratuidad podría tener un costo de 1,6 billones y el valor de la infraestructura llegaría a 5 billones. En este momento el valor total del proyecto, de acuerdo con la información pública del DNP, está estimado en 1,3 billones, apenas un 26 por ciento de los 5 billones anunciados 1. La página web del MEN en la sección del plan de espacios educativos indica que ya hay siete proyectos en curso y que se acompañará la inversión de 20 universidades 2. Queda la inquietud sobre la procedencia de los recursos para financiar más de 100 infraestructuras que ha prometido el gobierno. Además, las universidades no son solo construcciones o espacios físicos. No podemos ir creando universidades al ritmo de los discursos presidenciales en los territorios. ¿Cómo llegarán los profesores a esos lugares apartados? ¿Quién administrará esas sedes? ¿Estarán interesados los jóvenes en cursar largas carreras que no tengan mercado laboral atractivo? ¿Se están construyendo las universidades en donde hay estudiantes potenciales? ¿Se está teniendo en cuenta la calidad de la educación y de investigación? Un riesgo grave es crear edificios que nunca lleguen a ser una universidad de calidad. La estrategia debería contar con criterios científicos y de pertinencia para decidir dónde se construye y cuál será la sostenibilidad del proyecto.

6. En la política se debe incluir el concepto de posmedia. El Gobierno nacional tiene la oportunidad de pensar el futuro del sistema, de cara a las transformaciones productivas y sociales que enfrenta el país. Se requiere una mirada mucho más amplia. Es necesario que la nueva ley de educación superior introduzca la definición de educación posmedia y que proponga mecanismos para su materialización. Uno de ellos puede ser la flexibilización del tránsito entre niveles, incluyendo lo que hoy se denomina como formal y no formal, a través del Marco Nacional de Cualificaciones. Por esta vía se dinamizaría la conversación sobre la pertinencia de la educación, y se facilitaría la articulación de la política educativa con otras estrategias como la reindustrialización y la del cuidado. Adicionalmente, la disminución de la demanda en el sector privado está dejando capacidad instalada que puede ser aprovechada.

En una oportunidad escuché a una joven desplazada llamada Daniela Sánchez quien ingresó a una gran universidad, gracias al desarrollo de la estrategia de educación superior. Nos dijo: “No teníamos plata para que yo entrara a estudiar. Me tocó ser mesera, niñera, vendedora y de todo. Esperaba un milagro y el milagro llegó”. Es inadmisible que como sociedad no brindemos oportunidades a la juventud y que ellos tengan que esperar un milagro. Si solo trabajáramos por ellos y ellas, las metas serían realizables, coherentes y de calidad.

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