Educación superior incluyente, una meta lejos de alcanzar

Silvia Nathalia Mantilla Niño analiza, en Las 2 Orillas la falta de políticas para favorecer la inclusión en la educación superior. Vale señalar que no analiza el reciente documento del Ministerio de Educación sobre educación superior inclusiva.

“Todos los seres humanos poseen su propia dignidad y cada uno es un fin en sí mismo. De esa forma, ni las desigualdades naturales ni las jerarquías sociales deben subordinar a una persona a los fines de otra, ni impedirle realizar, a través de sus medios intelectuales y morales, el pleno desarrollo de sus facultades.”

Immanuel Kant

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO plantea que “la educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos”, puesto que esta promueve la libertad, la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo de la sociedad. La Constitución de la UNESCO establece ciertos principios fundamentales, tales como el principio de la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato, el acceso universal a la educación y el principio de solidaridad 1. Sin embargo, en pleno siglo XXI millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas.

En Colombia el derecho de una persona con discapacidad a la educación no sólo se plasma en la Constitución Política de Colombia de 1991, en la Ley 30 de Educación Superior de 1992 y en la Ley General de Educación, sino en otros marcos legales, como es el caso de las leyes 361 de 1997 y la 324 de 1996, que establecen mecanismos de inclusión para la persona con discapacidad en todos los ámbitos humanos. También está el decreto 2082 de 1996 reglamenta la atención educativa a personas con discapacidad y un sinnúmero más de disposiciones normativas y legales amparan el derecho a la educación de las personas con discapacidad2. Al parecer el marco legal al igual que en el caso de la salud no es suficiente.

La reglamentación y las políticas educativas para las personas con discapacidad en Colombia han sido objeto de interés y debate, especialmente en las últimas dos décadas diferentes actores de la política y la sociedad civil se han manifestado al respecto pero estas discusiones se han restringido a los lineamientos para la educación básica, olvidado que la posibilidad de acceder a un nivel más elevado de educación es tener la oportunidad de desarrollar más y mejores habilidades sociales, aumentar los conocimientos, cualificarse para ingresar al mundo laboral y contribuir de una mejor forma al desarrollo de la sociedad.

Según cifras del Ministerio de Educación Nacional – MEN la tasa de cobertura en educación superior en el 2010 fue del 37.2%, esto quiere decir que más del 60% de los jóvenes que se gradúan de secundaria no pueden acceder al siguiente nivel educativo, esta cifra se reduce drásticamente si eres parte de la población con algún tipo de discapacidad, Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, menos del 1% de la población colombiana que atraviesa esta situación consigue ingresar al sistema terciario de educación.

A pesar de los esfuerzos de algunas instituciones de educación superior públicas y privadas por garantizar el derecho a la educación en condiciones de equidad, esto no ha sido posible por diversas razones, entre ellas hay que resaltar la falta de una efectiva política de financiación estatal que acceda mínimamente la remodelación de la infraestructura que permita la accesibilidad física, la capacitación de profesionales de la educación expertos en impartir la enseñanza a personas discapacitadas y la adquisición de material pedagógico y tecnologías que permitan incorporar formas de aprendizaje que optimicen y potencien las capacidades de la persona.

Por ultimo vale la pena resaltar que lo anteriormente expuesto no valdría la pena si no logramos promover la cultura del respeto a la diversidad y el reconocimiento de los estudiantes como sujetos, donde todos interactúen bajo las mismas premisas y trabajen porque las acciones inclusivas en discapacidad no sean el resultado de intenciones particulares y transitorias de quienes tienen injerencia en la normatividad institucional sino que sean un asunto explícito en la política institucional y un trabajo de la comunidad educativa (trabajadores, docentes, estudiantes) evidenciando el compromiso y responsabilidad con la inclusión de la población con discapacidad.

Ante nosotros tenemos un gran reto, el reto de lograr una educación superior incluyente y universal, pero esto difícilmente lo lograremos mientras no entendamos lo que muy hábilmente sintetizo el educador peruano José Carlos Mariategui, “El problema de la enseñanza no puede ser comprendido bien al no ser considerado como un problema económico y como un problema social”.

1 http://www.unesco.org/
2 Molina, Rocío “Educación superior para estudiantes con discapacidad”