Abril 15/26 A falta de dolientes con poder, termina de apagarse la llama de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP. Los responsables y protagonistas de las decisiones salieron fortalecidos, pero estudiantes y profesores aún sufren el perjuicio recibido.
Son variados los correos de personas que se consideran víctimas de esta situación, y familias que perdieron el dinero allí invertido, porque la solución definitiva al traslado y deudas no se ha dado.
A partir de comunicaciones recibidas, fuentes de El Observatorio de la Universidad Colombiana y documentos oficiales, este es el balance:
Desde agosto de 2025 se evidenció públicamente la crisis financiera y académica de esta institución.
Pese a que tanto los delegados de la Sociedad de Activos Estados SAE (administradora de la institución ) y del Ministerio de Educación, entidad que cumple como veedora y garante de la educación colombiana, prometieron trabajar de manera coordinada para que la FCECEP no se cerrara al público, otro es el panorama actual, en donde solo ruinas acompañan los salones que deberían ser espacios para el conocimiento.
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En la crisis de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) de Cali -foto maquillada-, no hay un “ganador” claro en el sentido político o ético, pero sí se pueden distinguir quiénes salieron más fortalecidos y quiénes más perjudicados.
Los que salieron perdiendo
– Los estudiantes del CECEP: Cientos de estudiantes (alrededor de 600 según distintas fuentes) perdieron la posibilidad de iniciar o continuar semestres, pagaron matrículas cada una de $2.500.000.oo que no se vieron respaldadas con clases y enfrentan hoy la incertidumbre de traslado, reubicación, puesto que de acuerdo a lo comentado por los líderes estudiantiles indicaron que solo menos de 200 estudiantes fueron reubicados en instituciones como la IU Antonio José Camacho, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD – y la Escuela Nacional del Deporte, sin embargo, aquellos que por los diferentes asuntos no pudieron ser ubicados académicamente, no les fue reintegrado el dinero cancelado, lo que los convierte en los principales perjudicados.
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– Lea, en noviembre de 2025: Nadie responde a los incautos y engañados estudiantes de la liquidada FCECEP, en Cali
– Los Docentes y trabajadores: Docentes, la mayoría en edad pre pensional, no fueron contratados como tampoco les avisaron con tiempo esta situación para poder ubicarse laboralmente en otras instituciones y personal administrativo han sufrido impagos, incertidumbre contractual y, en algunos casos, despidos, mientras que la institución acumula deudas millonarias con proveedores y con el propio sistema, al punto que aun existen pagos pendientes a quienes tuvieron que renunciar.
– La propia Fundación CECEP: La institución, que ya venía afectada desde su incautación ligada al narcotraficante “Chupeta” y su gestión por el Estado, termina en proceso de liquidación y disolución, con la pérdida de su identidad como entidad universitaria y con un patrimonio neto profundamente negativo.
Los que salieron ganando
– El sindicato de Profesores, dado que en agosto de 2025 fuera nombrado como rector y representante legal, el profesor Cristian Contreras Cardona, al tiempo que era, y sigue siendo presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU FCECEP – ejerciendo los dos roles de manera simultánea, hasta el punto que en el mes de diciembre bajo un acuerdo realizado con la SAE se realizaron sendos pagos únicamente a los profesores de la Junta Directiva sindical por concepto de salario y prestaciones sociales, recibiendo cada uno de ellos entre 15 y 30 millones de pesos, sin que se dictara una sola hora de clases y sin que exista como tal un sindicato, puesto que los profesores no fueron contratados por la FCECEP para el semestre 2025-02.
Entre tanto, el sindicato de trabajadores con un número minoritario continúa tratando de concluir algunas labores administrativas bajo la incertidumbre de un lamentable futuro laboral, esto es la muestra de la conveniencia de los sindicatos en Colombia.
– La ex rectora Orfa Margarita Giraldo Alzate, quien recibió de parte de la SAE un cuestionado crédito por 3 mil millones de pesos para la entidad, auncuando no existe certeza de que dichos recursos realmente se hubieran invertido en el FCECEP. Giraldo renunció al FCECEP en julio de 2025, cuando pasó a laborar en la Escuela Nacional del Deporte, como asesora de la rectora Patricia Martínez, tal y como se confirma, con montos de dinero, en el Secop.
Adicionalmente a esto, después que la SAE anunciara que realizaría denuncias penales contra ella por sus aparentes males manejos, hasta la fecha no se reporta en la plataforma de la fiscalía ninguna denuncia sobre el tema.
– La Sociedad de Activos Especiales (SAE): Reforzada institucionalmente al presentarse como la entidad que, tras detectar graves irregularidades y un patrimonio neto negativo superior a los 3.000 millones de pesos, ejerció su competencia para ordenar la disolución y liquidación de la Fundación, dentro del marco de la extinción de dominio y la gestión de bienes incautados, en un total discurso político, puesto que durante años ha permitido el desgreño administrativo y financiero de la FCECEP sin realizar ningún acto que impidiera este resultado.
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– El Ministerio de Educación Nacional: Aunque ha sido criticado por su manejo del caso, desde el punto de vista de responsabilidad institucional, el Ministerio ha reiterado que su rol es velar por la calidad de la educación superior y que la decisión final de liquidación dependía de la SAE, reafirmando así su posición como ente regulador, sin embargo cabe recordar que los directivos del MEN fueron en otrora los directivos de la SAE, permitiendo también muchos de los hechos ahora cuestionables. Quienes trabajaron en la FCECEP e hicieron parte de estos cuestionados procesos, como secretario jurídico de la FCECEP, ahora hacen parte de importantes cargo como Harold Antonio Hernández Molina, actual Director de Inspección y Vigilancia del viceministerio de Educación Superior.
En síntesis, la SAE y, en menor medida, el Mineducación han “ganado” como instituciones que se presentan como garantes de la legalidad y el orden financiero, mientras que estudiantes, docentes y la Fundación en sí misma son quienes claramente han perdido en la crisis del CECEP en Cali.
