Marzo/24 Behrentz, exvicerrector de Uniandes y actual rector de la Institución Universitaria UniGermana, y presidente de INCAP, señala cómo las políticas del actual gobiernopodrían acabar con la oferta privada. Publicado en Portafolio.
La reforma a la educación que promueve el Gobierno Nacional pretende otorgar a la educación superior el carácter de derecho fundamental. Esto sumado a los objetivos de ampliar el acceso con criterios de vulnerabilidad socioeconómica y la revalorización de la formación técnica, entre otros.
Como es característico de las denominadas ‘reformas sociales’, estos planteamientos parten de una preocupación aparentemente legítima, pero que se desdibuja en sus mecanismos de implementación. Es decir, el problema no es el diagnóstico (que en muchos casos muchos compartimos), sino la receta para su resolución.
Lo mismo ocurre cuando entendemos los propósitos y motivaciones ideológicas de las reformas, que suelen incluir un espíritu en contra de la iniciativa privada, así sea esta de carácter social y sin ánimo de lucro. El caso de la educación no es distinto y parece evidente que el Gobierno inicia la senda para la eliminación paulatina de las universidades privadas.
El primer paso en este sentido es la declaración del acceso a la educación terciaria como derecho fundamental, lo que a su vez genera un dilema difícil de reconciliar. Por un lado, ¿quién puede estar en desacuerdo en que todos tengamos oportunidades de ir a la Universidad?
Por el otro, sin embargo, si logramos superar la superficialidad de que cada una de nuestras necesidades sean derechos que el Estado deba garantizar, nos daremos cuenta de que tal pretensión es ilógica e impráctica, siendo además una receta muy distante a aquella utilizada por las sociedades que han logrado bienestar y desarrollo económico.
Más aún, de lograrse la declaración en referencia, el paso siguiente será el anuncio grandilocuente de que el Gobierno debe hacer todo a su alcance para cumplir la Constitución y la Ley, generándose una artillería de argumentos y decisiones para enfocar los esfuerzos y recursos (que son de todos los colombianos) hacia las universidades con control oficial.
Por esta vía, seguramente llegará la prohibición de usar recursos públicos para cualquier actividad que pueda generar ingresos a las universidades privadas, incluyendo la financiación de proyectos de investigación y la posibilidad de créditos del Icetex. Como parte del mismo paquete, llegarán los decretos y circulares para bloquear los incrementos de matrícula que terminarán ahogando a las entidades privadas.
Esta serie de eventos, que de alguna forma ya están en proceso, acabarán con la oferta privada, causándole al país un daño incalculable. Con muchas cosas que mejorar, la universidad privada en Colombia ha estado a la vanguardia en temas de pedagogía e investigación y ha permitido, en conjunto con la oferta pública, una de las mayores coberturas de educación terciaria de América Latina.
Que no se equivoquen los profesores, rectores, miembros de consejos superiores y donantes de las universidades privadas. La Ley estatuaria que otorgará nivel de derecho fundamental a la educación superior es el principio del fin de sus carreras y de la importantísima misión que juegan en la sociedad colombiana.
