Abril/26 Ardila, columnista de El Observatorio, indica que la educación superior requiere un pacto intergeneracional: financiamiento sostenible, calidad, gobernanza colaborativa y responsabilidad de todas las instituciones para garantizar justicia y futuro nacional.
En Colombia, a menudo hablamos de la educación como si fuera un tema pasajero, que depende de cada gobierno o de la lógica de los registros calificados que se actualizan cada determinado tiempo. Esta visión simplista es peligrosa. La educación superior no es solo un programa de gobierno; es un pacto de Estado, un compromiso colectivo que traza el camino de la nación.
El documento técnico de ASCUN nos recuerda que las universidades han sido, históricamente, espacios de autonomía, pensamiento crítico y generación de conocimiento. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a tensiones que no se solucionan con medidas a medias: una cobertura que no asegura relevancia, un sistema de calidad atrapado en la burocracia del cumplimiento, y una gobernanza que sigue siendo prisionera de la lógica centralista y de control. En este contexto, es fundamental señalar con claridad la responsabilidad de las universidades privadas. Durante décadas, muchas de ellas han pasado de educar a negociar, convirtiendo la formación en un mercado y relegando el conocimiento a un segundo plano. Ahora piden que las soluciones vengan del Estado, como si la responsabilidad no les correspondiera. No: el pacto intergeneracional exige que cada institución asuma su deber ante la sociedad. Volver a educar es un imperativo. ASCUN plantea preguntas que deberían incomodar a cualquier candidato y a cualquier rector: ¿cómo podemos lograr que más estudiantes accedan y se gradúen?, ¿cómo elevar la calidad y el reconocimiento del sistema?, ¿cómo abordar las tensiones de salud mental y bienestar?, ¿cómo impulsar la transformación digital con soberanía tecnológica? Estas no son preocupaciones sectoriales; son dilemas nacionales que afectan el futuro del país.
La respuesta que necesitamos implica un cambio de perspectiva: dejar atrás la obsesión por la cobertura y adoptar una política integral que una acceso, permanencia, relevancia y calidad. Es fundamental diseñar un modelo de financiamiento sostenible que garantice la gratuidad progresiva sin poner en riesgo la viabilidad de las instituciones. Además, debemos transformar la gobernanza hacia un enfoque colaborativo, intersectorial y orientado a resultados.
Lo más provocador de la propuesta de ASCUN es su enfoque en la intergeneracionalidad. Este concepto va más allá de simplemente tener jóvenes y adultos compartiendo aulas. La verdadera intergeneracionalidad se logra al contar con docentes destacados en áreas específicas, aquellos maestros que las universidades han ido dejando de lado en nombre de la rentabilidad. Es crucial recuperar su voz y experiencia para que la educación superior se convierta en un espacio de diálogo entre generaciones, capaz de enfrentar grandes desafíos como el cambio demográfico, la inteligencia artificial, el cambio climático y la transición energética.
En un país tan fragmentado política y territorialmente, ver la educación superior como una inversión intergeneracional podría ser la única forma de asegurar continuidad, justicia social y desarrollo sostenible. El próximo gobierno no puede limitarse a gestionar tensiones; debe comprometerse con una visión a largo plazo que reconozca a las universidades como actores estratégicos y que exija a cada institución, tanto pública como privada, recordar su papel frente al conocimiento y la sociedad.
La pregunta fundamental es clara: ¿estamos dispuestos, como sociedad, a considerar la educación superior como un bien público y un compromiso colectivo? Si la respuesta es sí, entonces el pacto intergeneracional que propone ASCUN no es solo una opción, sino una necesidad urgente.
