Feb/26 En su columna de El Tiempo, el exrector de la Nacional, habla de cómo eliminar la exigencia de estudios para ocupar un cargo abre la puerta a repetición de errores que hubieran podido evitarse fácilmente.
Vivimos en una era en la que el conocimiento es un factor preponderante para el desarrollo económico y social de los pueblos. Pero todo indica que nosotros vamos en contravía.
Pero lo contrario sí sucedió. Por ejemplo, la primera ministra de minas al llegar cambió los requisitos en el manual de funciones e introdujo para sus funcionarios opciones como la filosofía y la sociología. Estas son, sin duda, muy importantes en la vida, pero para ejecutar proyectos mineros y energéticos tal vez sean más relevantes geología, ingeniería y economía.
En la Cancillería se eliminó el requisito profesional para ser embajador, sin comprender que el trabajo de diplomacia requiere mucho conocimiento. Sus profesionales saben idiomas, derecho internacional y mucha mucha historia. Esos conocimientos ayudan a evitar equivocaciones.Los representantes del Presidente en los consejos superiores de las universidades públicas sufrieron una fuerte devaluación académica. En los consejos que yo conocí desfilaron un ingeniero poeta y exrector, un connotado historiador, un exrector de una universidad prestigiosa, un doctor en física, dos doctores más en antropología y economía, y así. Hoy esos representantes son personas recién graduadas (en un caso sonado, apenas de secundaria), sin posgrado, pero sí activistas políticos del partido de gobierno. Se ha tratado de generar la impresión de que los profesionales y posgraduados son una ‘élite’, con las implícitas connotaciones negativas.
Hay una muy mala comprensión del título universitario. No es una distinción para quien lo recibe, sino una certificación a la sociedad de que quien lo porta tiene la capacidad para desempeñarse bien en su área del conocimiento. Ese desempeño también debe ser entendido. No tiene que ver solo con conocimientos básicos en su área (que sin duda son muy importantes), sino con habilidades críticas para la resolución de problemas.
Se exigen estudios profesionales y en muchos casos posgrados para ocupar cargos públicos, porque otorgan la formación para tomar decisiones equivocándose lo menos posible. Esa exigencia es, además, un criterio objetivo de selección que evita caer en nombramientos clientelistas. Por cierto, traer cuatro títulos simultáneos debería generar desconfianza en cualquier jefe de personal sensato.
Los buenos estudios profesionales incluyen una formación ética. No en cursos generales de filosofía, sino en códigos específicos de ética profesional, que otorgan capacidad prospectiva para anticipar dilemas, y resolverlos correcta y honestamente.
Un aspecto importante de la formación profesional y de posgrados es que se basa en conocimientos construidos sobre siglos de errores cometidos por otros. Cada syllabus y cada texto conllevan una infinidad de procesos de prueba y error. Eliminar la exigencia de estudios para ocupar un cargo abre la puerta a repetición de errores que hubieran podido evitarse fácilmente.
Recientemente se ha sabido de casos de graduación sin haber presentado el examen Saber Pro del Icfes. Ese requisito es muy poco exigente; solo es necesario presentar el examen y con eso se cumple, aunque se fracase en él estrepitosamente. Norma extraña; tal vez se haya tomado para respetar la autonomía universitaria. Pero las universidades serias deberían usar los resultados de sus egresados para enterarse de qué tan bien están haciendo su tarea.
Los requisitos de estudio no son una formalidad, los títulos son un asunto serio, el conocimiento es muy importante; desdeñarlos conduce al progreso en reversa.
