Agosto/24 En su columna de El Tiempo, Cajiao advierte que este gobierno parece ignorar que la construcción de una universidad es un proceso dispendioso relacionado con la formación de comunidades de saber antes que con hacer edificios.
En 2007, siendo secretario de educación de Bogotá me correspondió presidir el Consejo Superior de la Universidad Distrital en el momento de elegir un nuevo rector. Uno de los candidatos era el doctor Carlos Ossa Escobar quien incluía en su propuesta una Constituyente Universitaria. Fue la primera vez que escuché hablar de esto y desde entonces me pareció más una metáfora que un concepto claro.
Lo que proponía era hacer una reforma de los estatutos internos que regulan el gobierno universitario, con amplia participación estudiantil, pero entendiendo que había normas superiores impuestas por la Constitución, las leyes, las directrices del Ministerio de Educación, de otras instancias del gobierno y los organismos de control, amén de orientaciones provenientes de asociaciones científicas y profesionales. Es poco lo que hay que “constituir” en instituciones ya constituidas al amparo de tantas condiciones.
En las recientes discusiones sobre la autonomía universitaria lo que se ha puesto en primer plano es el nombramiento de los rectores, pero no sobra enfatizar lo que significa el desarrollo real de una universidad en función de sus objetivos primordiales. El gobierno universitario tiene dos funciones diferentes: por una parte debe asegurar el correcto y eficiente uso de los recursos, la atención a los estudiantes, la suficiencia y buen estado de las instalaciones, la adecuada consecución de recursos y demás tareas administrativas, pero todo ello es el medio para cumplir con el objetivo misional que es el desarrollo académico y científico que garantice la debida formación de los jóvenes en los campos profesionales que requiere el país y que ellos reclaman para la garantía plena de derecho a educarse.
En un país como el nuestro se sabe del gran interés que hay por actividades en las cuales se mueve dinero, se hacen contratos, se multiplican nombramientos y se distribuyen privilegios. Todo esto se asocia con el poder. Las exigencias de participar y convertirse en constituyentes universitarios buscan incidir en ese tipo de decisiones, antes que en los más duros y complejos asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología, la investigación y la docencia que es donde reside la importancia de la autonomía. Los delegados del presidente en los consejos superiores no han sido seleccionados por sus capacidades para impulsar la calidad y el conocimiento crítico, sino por su militancia obediente a capturar cuotas de poder administrativo.
El gobierno parece ignorar que la construcción de una universidad es un proceso dispendioso relacionado con la formación de comunidades de saber antes que con hacer edificios. Las más valiosas han perdurado por varios siglos afianzadas en la autoridad académica de quienes durante décadas se ocupan de investigar, formar generaciones, romper con paciencia y persistencia paradigmas del conocimiento, soportar la frustración de proyectos cuya conclusión se dilata y confrontando a veces al poder político. Entre tanto, la gran mayoría de los jóvenes permanecen allí cuatro o cinco años y los que duran demasiado no son de fiar. Muy pocos de los mejores regresan o agradecen lo que recibieron como privilegiados de la sociedad.
Es difícil pensar que con esa visión de corto plazo puedan en un par de años reinventar el nuevo reino de la felicidad sobre la tierra. Eso, desde luego, no significa que ampliar su participación en muchos asuntos no sea de la mayor importancia, pero todavía será mejor si en vez de populismos demagógicos se buscan estrategias creativas para escuchar la voz de quienes usualmente se mantienen al margen de todas las discusiones por pereza o amedrentamiento y se asegure que quienes permanecen en el tiempo reflexionen con serenidad sobre la dirección y reglamentos que se necesitan para que el conocimiento y la razón tengan un lugar digno en la sociedad.
