Feb 15/19 Asamblea de Caldas vislumbra un gran avance para garantizar la oferta educativa de las instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano, a las que les faltan más controles en el país.
Vale señalar que estas instituciones no son reguladas y supervisadas directamente por el Ministerio de Educación, de carácter nacional, sino por las secretarías de Educación, de carácter municipal.
Así, el crecimiento de la oferta de estos programas no tiene un control y seguimiento exacto, a tal punto que el país no sabe exactamente el número de estas instituciones y programas, aunque Mineducación ha tratado de hacerlo a través de sus sistema de información al respecto.
El caso de Caldas
Según informa el diario La Patria: Cada cinco años las instituciones de educación no formal de Caldas pagarían por expedición de licencia de funcionamiento y por el registro y renovación de programas que ofrecen. Un proyecto de ordenanza que se aprobó ayer en segundo debate en la Asamblea de Caldas así lo propone.
El ponente del proyecto es el diputado del Partido de la U, Juan Sebastián Gómez. Explicó que la Secretaría de Educación debe limitarse a recibir la documentación de estos institutos, revisarla y dar los permisos sin tener la capacidad de verificar en el sitio si cumplen o no con los requerimientos, pues no hay recursos suficientes para hacerlo.
El secretario de Educación, Marcelo Gutiérrez, aclaró que sí ofrecen el servicio, pero limitado y el costo administrativo es asumido con recursos propios de este despacho, pues los dineros que recibe del Sistema General de Participaciones (por educación gratuita) solo pueden usarlos en colegios públicos.
Estos motivos impulsaron la creación del Fondo que busca, a través de una tasa, abrir una cuenta que destine recursos a la Secretaría para que inspeccione y vigile los centros de educación no formal del departamento. Según Gómez, estos dineros no podrán usarse en otros asuntos de la Secretaría ni sumarse al presupuesto de rentas.
Beneficios
El diputado Gómez manifestó que lo más importante es que se valore la calidad y el servicio que ofrecen las 52 instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano en el departamento.
“Hay entidades que abren este tipo de servicios uno o dos años y desaparecen, sin ningún tipo de certificación y esto no les sirve a los estudiantes para su vida profesional y es más grave para quienes presentan este tipo de documentos para cargos públicos y no sirven porque muchas entidades son ilegales”. El Fondo pretende recaudar $88 millones que le permitirán a la Secretaría verificar in situ la falta de cumplimiento.
Peros
Jorge Hernán Aguirre, diputado del Partido Liberal, aseguró que las entidades que pagarán este tributo ofrecen servicios de educación a quienes no pudieron ingresar a universidades públicas o privadas o al Sena.
“Se requiere que se vigile, pero como el Fondo no existía pues no se venía cobrando, las que existan no tendrán que pagar pero sí las que se creen hoy. Consideramos que puede ocasionar dificultades porque en la discusión no tuvimos claridad de cuál ha sido el movimiento de estas instituciones en sus últimos tres años”.
Agregó que no hay certeza sobre si el pago de este tributo se le trasladaría al consumidor y si las condiciones propicien un monopolio.
Gómez indicó: “Me parece que el diputado está totalmente equivocado. No estamos regulando el mercado en ningún caso, las entidades que hoy funcionan ya tienen un derecho adquirido y seguirán a medida que sigan cumpliendo con las características. No se les podrá hacer un cobro pues no es es retroactivo. Cada cinco años se les cobrará la licencia y al menos dos salarios mínimos por programa. Es un filtro para que no cualquiera abra una entidad financiera”.
Datos del Fondo
* El pago del Fondo será cada cinco años.
* La expedición de licencias de funcionamiento costaría unos tres Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, es decir unos $2.484.348
* El registro y renovación de programas se pagaría así:
-Entre 160 y 600 horas: 1,5 SMLMV ($1.242.174)
-Entre 601 y 1.200 horas: 2 SMLMV ($1.656.232)
– Entre 1.201 y 1.800 horas: 2,5 SMLMV ($2.070.290)
* Estos recursos serán solo para inspección y vigilancia.
* La Secretaría de Educación deberá enviar informes mensuales a la Secretaría de Hacienda.
* Los centros de enseñanza automovilística pagarán 1,5 SMLMV.
