En financiación, una sola educación pública y dos realidades totalmente opuestas

Oct 4/21 Mientras que, en 2020, las 33 universidades públicas recibieron de parte del Gobierno Nacional más de 4 billones de pesos, hay 12 IES oficiales (que no son universidad) a las que sólo se les giró 16.792 millones.

Es decir, en promedio las universidades públicas (vigentes en 2.020) recibieron casi 127 mil millones de pesos para su operación, y hay 12 que sólo recibieron (más como regalo, pero no aporte a su base presupuestal), 1,399 millones.

Aunque, incluso, dentro de las propias universidades públicas hay diferencias abismales y poco comprensibles.

Todo nace de una odiosa y no clara en su génesis discriminación entre universidades públicas y el resto de IES que, siendo también públicas y prestando igualmente el servicio público de la educación superior, no son universidades (son instituciones técnicas profesionales, tecnológicas o instituciones universitarias) y por ello mismo han sido condenadas a una injusta segregación financiera de parte del Estado.

Así se muestra en el documento “Diagnóstico, inclusión y comportamiento de la financiación en las IES públicas de carácter técnico profesional, tecnológico y universitario (ITTU)”, editado por los rectores de la REDTTU, o Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas, editado en la intención de visibilizar la situación y buscar “un acuerdo sobre un referente técnico, conjunto etre el SUE y REDTTU, que esgrime como soporte del texto del proyecto de ley que ha de modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30/92, y que será radicado en el Congreso”.

La REDTTU lleva años intentando, por todos los medios, convencer al Gobierno y Congreso de turno para reformar la Ley 30 de 1992, que fue la que diseñó este modelo de asignación de recursos, y no ha logrado que los artículos 86 y 87 de esa ley se modifiquen para que haya más equidad en la asignación de recursos y que no se reitere esta discriminación sino que todas sean consideradas como instituciones de educación superior públicas, que son parte (como lo dice la propia Ley 30) del sistema de educación superior colombiano.

Aunque la REDTTU espera la concertación con el SUE para buscar una propuesta conjunta, esto no ha sido posible. Incluso, el propio SUE por su lado viene haciendo la promoción, lobby legislativo y mediático para mostrar que sus universidades requerirán recursos a partir de 2.023, cuando haya nuevo presidente, y las promesas del actual gobierno de dineros adicionales entre 2.028 y 2.022 hayan terminado.

Es decir, y aunque la propia ministra de Educación ha sugerido que una propuesta de reforma debe darse de forma articulada con todas las IES públicas, el SUE va por su lado, y al RedTTU también se mueve por su lado. Cada una gestiona con sus respectivos parlamentarios a ver cuál logra empujar una ley a su favor.

Tal vez eso puede ayudar a entender la frase de la RedTTU en el sentido de que “si ponemos de nuestra parte y dejamos las mezquindades de lado…” para sugerir la importancia de actuar articuladamente.

La REDTTU reúne a las 30 IES oficiales, de las cuales hay 12 que se constituyen como establecimientos públicos y que no reciben recursos del Gobierno Nacional, dependiendo fundamentalmente de los aportes de los entes territoriales (municipios y departamentos), cuando esto se puede dar. Las restantes 18, aunque reciben recursos del Presupuesto General de la Nación, también acusan problemas financieros.

La 12 IES que no reciben recursos del Gobierno Central son:

  1. Escuela Nacional de Deporte
  2. Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
  3. Institución Universitaria Antonio José Camacho
  4. Institución UniversitariaBellas Artes y Ciencias de Bolívar
  5. Institución Universitaria de Envigado
  6. Institución Universitaria Digital de Antioquia
  7. Institución UniversitariaTecnológico de Antioquia
  8. Instituto Departamental de Bellas Artes
  9. Instituto Tecnológico Metropolitano
  10. Instituto Universitario de La Paz
  11. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
  12. Unidades Tecnológicas de Santander

En cambio, la propia REDTTU muestra la enorme diferencia al comparar lo recibido por sus 30 IES activas (que reúnen a 153.964 estudiantes), versus lo que, por ejemplo, recibieron las universidades del SUE (que agrupan a 589.381 estudiantes), y que discriminan así:

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Recursos de la Nación para las universidades públicas 2020 Valores en pesos Porcentaje
Artículo 86 de la Ley 30 de 1992 3.380.000.000.000 83.37 %
Artículo 87 de la Ley 30 de 1992 41.022.000.000 1.01 %
Concurrencia pensional 370.943.000.000 9.15 %
Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia 93.060.000.000 2.30 %
Devolución de descuentos por votación 38.146.000.000 0.94 %
Ajuste de cuatro puntos adicionales del IPC 131.000.000.000 3.23 %
TOTAL $4.054.171.000.000 100 %

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Argumentos para pedir una reforma de Ley

La REDTTU señala que en Colombia la educación superior se reconoce como un bien público social, un derecho humano universsal y un deber del Estado; y que la propia Ley 30 precisa que todas las IES forman parte del sistema de educación superior.

Igualmente, que “la autonomía universitaria es una características de la esencia de las IES, no restringida a un solo tipo de ellas. Es el legislador a través de la Ley quien regula y gradúa dicha autonomía, así lo hizo en la Ley 30 de 1992, dándole la condición de entes autónomos a las universidades (el mayor grado de autonomía en manejo administrativo y presupuestal) y de establecimientos públicos a las demás (menor grado de autonomía en manejo administrativo y presupuestal)”.

Por lo mismo cuestiona fallos de ley e incumplimientos gubernamentales en reglamentar normas que les permitan más recursos.

Así mismo, suelta una directa crítica al SUE (sin nombrarlo), cuando dice que “el desfinancimiento de la educación superior pública se ha centrado en uno de los actores, como lo son las 32 universidades públicas, que han planteado el acumulado déficit de recursos como un problema de insuficiencia solo y nada más que de ellas, olvidando a otros actores del sistema de educación superior pública”.

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