En investigación penal Carlos Oñate, exrector de la U. Popular del Cesar

En investigación penal Carlos Oñate, exrector de la U. Popular del Cesar

Abril 7/19 Fue detenido por la Fiscalía y puesto en libertad por un juez. Sigue investigado por apropiación y celebración de contratos sin lleno de requisitos legales.

La captura se dio tras la investigación sobre la contratación de un software que se implementaría en la Universidad, y que no fue puesto en práctica. El contrato 031 del año 2015, con la empresa Mercadeo y Contabilidad S.A.S., que suministraría el software para controlar el ingreso al claustro educativo, tuvo un costo de $750 millones.

Estos hechos inicialmente fueron denunciados penalmente el 31 de octubre del año 2017 por el actual rector de la UPC, Enrique Mesa Daza, por hallar irregularidades en el contrato 031 de 2015.

Oñate, quien fue rector por año y medio, estuvo ayer en la audiencia de cargos en la Fiscalía 12 Seccional, en la que participó con Libanis Francisco Argüello, jefe de la Oficina de Planeación de la UPC, y Paola Rosado Guerra, representante legal de Seguridad, Mercadeo y Contabilidad S.A.S., también involucrados en el supuesto delito. Finalmente, quedaron con medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Además del no uso de software, cuyos equipos no fueron instalados, también se señalá un faltante en equipos por $132 millones.

El detalle de la acusación

“El 30 de diciembre de 2015 se suscribió el contrato entre Carlos Emilio Oñate en representación de la Universidad Popular del Cesar en calidad de rector y Paola Yuliana Rosado Guerra obrando en calidad de representante legal de la empresa SMIC Seguridad Mercadeo y Contabilidad SAS… cuyo objeto fue la adquisición de dos software que permitieran el desarrollo de soluciones modulares de automatización de aulas control de acceso y seguridad de la universidad sedes campus por valor de $753.287.354 y plazo de ejecución de cuatro meses, contrato que surgió a la vía jurídica con presuntas violaciones al régimen especial para la contratación que aplica a la universidad, en este caso el Acuerdo 006 del 23 de febrero de 1999 y el Estatuto General de la Contratación Pública, la Ley 80 del 93”, dijo el fiscal Gentil De León Mármol.

Agregó que para dicho propósito el entonces jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario, Libanis Argüello Daza, atendiendo las instrucciones puntuales de Oñate, realizó documentalmente estudios previos de conveniencia y oportunidad para la modernización de la infraestructura de la sedes campus del plantel educativo adquiriendo dos software para dichos objetivos que al parecer fueron incumplidos.

“Se obtuvo declaraciones de la señora Sandra Milena Padilla, actual jefe de la Oficina de Planeación de la universidad, quien afirmó sobre la existencia de un nuevo contrato de suministro de agosto 25 de 2017 cuyo objeto era similar al del contrato 031…por un valor de $219.663.290. Es de resaltar que Sandra Padilla había sido designada como interventora del contrato 025 del que se negó autorizar el pago de anticipo por cuanto advirtió serias irregularidades en los estudios de conveniencia y oportunidad para la adquisición de los bienes y servicios toda vez que muchos ya hacían parte del 031 de 2015”, precisó De León Mármol.

Según la investigación, ante esto peritos en informática de la Fiscalía el 8 octubre de 2018 se desplazaron al claustro educativo para realizar distintas averiguaciones que dejaron como resultado varios hallazgos, entre los que se encuentra que una gran cantidad de elementos a suministrar no ingresaron al almacén general de bienes de la universidad, algunos no funcionan correctamente y otros no aparecen.

“A la fecha no existe por parte de algunos ciudadanos una denuncia penal o documento que acredite que existió durante ese lapso alguna situación que haya generado la pérdida o daños de esos elementos. Para estimar la cuantía en detrimento se realizó un estudio contable de estos que fueron certificados por el interventor como bienes entregados e instalados pero que no se encontraron en esos lugares y se obtuvo mediante informe del 19 de febrero de 2019 que la suma representada en un detrimento corresponde a $133.268.600”, finalizó el fiscal.

Adaptación de noticias de El Pilón

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