Dic/23 Cárdenas Támara, director Observatorio Sociopolítica, cultura y ambiente. Universidad de La Sabana, analiza las bases preliminares para el estudio de la intertextualidad de la violencia estatal y su credo religioso.
ARTICULO 4o. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento (Ley 115, 1994).
El interrogante del título puede entenderse como una pregunta retórica, vacía y sarcástica para muchas almas devotas a la religión del Estado moderno, cuya evolución en los últimos doscientos años ha estado marcada por la elevación victoriosa (no espiritual) del Estado en el despliegue universal de su manto político de “verdades” frente a los otros espacios no estatales y tiempos caóticos de lo local y de los desórdenes regionales. Ya con base en el artículo de la ley 115 que citamos, como miembro de la sociedad y padre de familia me voy a permitir ensayar algunas ideas y argumentos que buscan contribuir creativamente y como dicen hoy en educación: −disruptivamente−, al diseño institucional y social colombiano con el propósito de aportarle a la paz y a una educación de excelencia, los dos mayores anhelos y desafíos que tiene la sociedad colombiana, tal como lo expusieron los que participaron a lo largo y ancho de Colombia en las mesas de trabajo previas a la puesta en marcha de la Asamblea Nacional Constituyente que nos legó la Constitución de 1991.
Si bien la Constitución de 1991 en el caso de Colombia, trató de dirimir la tensión entre el poder hegemónico y autoritario del Estado, al darle un espacio más social, cultural y ambiental a su devenir administrativo, burocrático y gubernamental, que se concretó como símbolo político, al introducir el concepto de Estado Social de Derecho y al implantar nuevos mecanismos e instituciones (tutela, Corte Constitucional, propiedad ecológica, etc.), como acciones normativas que buscaban enriquecer la simple noción autoritaria de Estado de Derecho que venía de la mentalidad de la constitución de 1886; sin embargo, a nuestro juicio la tensión sobre el accionar violento del Estado se mantiene y debe de ser objeto de discusión y análisis académico y universitario de manera permanente. Mi tesis es que gran parte de nuestra pobreza, ignorancia y violencia tiene como una de sus principales causas la acción del Estado.
Para empezar a mirar críticamente el diseño institucional colombiano deben alentarse debates que superen las lecturas jurídicas de las altas cortes, compuestas por abogados de profesión exclusivamente, cuyo marco de análisis podría enriquecerse desde la introducción de conceptos como el de consulta cultural, cuya introito desbordaría la simple mentalidad jurídica de las altas cortes, puesto que quienes ocupan por ley las altas magistraturas del país monopolizan, en su calidad de jueces y abogados el funcionamiento del sistema judicial colombiano, y así viene operando un mecanismo de exclusión de saberes y campos disciplinares.
La consulta cultural estaría en sintonía con el diálogo interdisciplinar científico e intercultural profundo donde tendrían lugar y cabida las expresiones disciplinares de conocimientos como la antropología, economía, filosofía, historia, psicología, teología (por nombrar solo unas disciplinas), como también los conocimientos, saberes y voces que se expresan en la diversidad cultural y étnica del país. Esto implicaría un cambio constitucional, normativo y legal revolucionario, puesto que la consulta cultural fijaría pautas y rutas de acceso al poder judicial, que le permitirían a todo ciudadano, desde unos requisitos que establecería la ley, el acceso en igualdad de condiciones al sistema judicial colombiano, cuyo sistema es el único que es monopolizado por una disciplina: el derecho. Así las cosas, el acceso a la administración-judicial de lo público estaría abierta a todo colombiano, llámese indígena, filósofo, antropólogo o teólogo, quienes bajo condiciones fijadas por la ley podrían llegar incluso a ejercer como magistrados constitucionales o Consejeros de Estado, y también jueces de la república, en función directa con campos de la realidad que demandan saberes no necesariamente ligados al conocimiento en el campo del derecho. La consulta cultural en su implementación política, legal y constitucional implicaría romper el monopolio que el derecho y las ciencias jurídicas ocupan en el ordenamiento del Estado.
El logro de la paz en un país violento como Colombia, implica reconocer ámbitos de la realidad cuyas dimensiones no existen ni se leen en nuestro ordenamiento estatal y jurídico. Para poder hacer esas lecturas, se necesita introducir mecanismos como los de la consulta cultural, noción que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano. No estamos hablando de consulta previa, la noción de consulta cultural, por poner un ejemplo dimensional, implicaría tratar de pensar como pensarían y tomarían decisiones nuestros ancestros (los vivos e incluso los muertos), como también evaluar y pronosticar hacia el futuro los efectos de nuestras decisiones en la futuras generaciones de colombianos y en sus territorios; para la mentalidad moderna que nos domina, la consulta cultural, implica todo un quiebre epistemológico y paradigmático: por poner un ejemplo, se alimentaría de la sabiduría de los pueblos indígenas; podría implicar consultarle a los espíritus del bosque, y a los dueños de los animales sobre aspectos de nuestra realidad humana (Eso implicaría consultarle a chamanes, taitas de la selvas, místicos y anacoretas). Estamos planteando toda una nueva antropología jurídica aplicada que nos permitiría enriquecer nuestra lectura unidimensional de la realidad y tomar posturas más sabias frente a temas que sólo hemos querido abordar desde la racionalidad instrumental de un mundo desencantado y desacralizado, y cuya máxima exposición darwiniana culmina en su ápice con el género humano, animal que domina la cúspide de la evolución biológica, excluyendo otras dimensiones que pasan a explicarse simplemente como la expresión de imaginarios o representaciones sociales: por ejemplo todo el mundo angelical.
Los llamados derechos de la naturaleza, desde una antropología jurídica implicaría escuchar las voz de nuestros ancestros, el obrar y la voz de los jaguares, del cóndor, los peces del rio, los seres alados de orden espiritual, Dios, los dioses o diosas. Esos planos son simplemente ficciones para el hombre racional y científico, pero hacen parte de lo que hemos llamado una educación transformativa y dimensional, con implicaciones en un nuevo ordenamiento jurídico que desborda los sentidos de una teoría del Estado, circunscrita al campo exclusivo del Derecho y de las ciencias jurídicas, tal como las hemos entendido en occidente desde los tiempos del imperio romano.
El sustrato histórico de la pregunta con la que se inicia este texto es apasionante pues nos coloca ante un abordaje que debe implicar el estudio de la evolución del Estado moderno, cuya historia es fascinante y siniestra a la vez, si se considera su existencia desde diversas lecturas históricas, antropológicas, y económicas. Estas lecturas le deben ayudar a superar al propio Estado y a la sociedad sus miradas estrictamente jurídicas sobre el sentido y el poder del Estado en su accionar.
Debe recordarse que, de manera sistemática, el Estado ha usurpado los poderes que tenía la iglesia, los caudillos regionales, clanes y etnias a lo largo y ancho del mundo. El “espacio simple” con toda su maraña burocrática y normativa que ha construido el Estado, ha simplificado los “espacios y paisajes culturales” que existían antes del surgimiento y consolidación del Estado. La universalización de las leyes estatales y llamados “derechos del hombre” están teñidos de la sangre que el Estado moderno impuso sobre lógicas que no comulgaban con sus dictados “humanistas” y “revolucionarios”. El avasallamiento de ese sueño, utopía, mito o imaginario que llamamos Estado, ha permitido el surgimiento del individuo moderno como ser liberado de sus lazos tradicionales y parentales; ha sido una “liberación” muy exitosa frente a los poderes locales, como también frente a costumbres, estilos de vida culturales y vínculos parentales políticos y biológicos, y que han estado en la base del conflicto entre las llamadas sociedades tradicionales y modernas; este conflicto ha sido documentado desde distintos matices en la obra de Carlos Marx, Federico Engels, Emilio Durkheim, George Simmel, Norbert Elías, entre otros. El conflicto entre las sociedades tradicionales, muchas de ellas sin Estado, ha tenido como efecto el derrumbe casi que total, por la acción de la violencia estatal y de la mano de sus jueces, de los sistemas de parentesco que marcaban la vida cultural de los diversos pueblos y culturas preestatales o tribales que existían previamente en la diversidad de espacios culturales vivos antes de la imposición del “espacio simple” y domesticado que ha desplegado el Estado moderno en los territorios (La pelea contra la institución de la familia sigue en pie de lucha).
La acción estatal, más allá de los delirios populistas y mesiánicos de los representantes del Estado, siempre estará enfrentada, incluso en ordenamientos pluriculturales como el boliviano, el ecuatoriano y el colombiano, con la paradoja y la tensión de cómo conciliar el despliegue de la acción estatal, que como ya se ha comentado, implica la consolidación de “espacios simples” frente a la diversidad de “espacios culturales diversos”.
Para la educación, el conflicto, tensión y disyuntiva señalada es fundamental, dado que cuando se habla de “espacios simples” debe leerse que en el plano educativo la construcción de ciudadanía, llámese activa, comprometida, participativa, o plural, implica o deviene de un proceso cuya intertextualidad ha sido la domesticación de los espacios salvajes complejos y diversos que configuran o configuraban los paisajes no domesticados previamente existentes a la acción estatal, que puede leerse como un proceso de civilización, que a nuestro juicio, incluso en el horizonte de la pax romana, con todo el justo marco civilizatorio del imperio romano, fue un proceso violento, desde luego, dirían sus pretores y jueces: −que en defensa de los intereses del imperio frente a las violencias de pueblos “bárbaros” que amenazaban la ampliación de las fronteras, como la misma defensa del imperio romano−, que finalmente colapsó frente al accionar de francos, germanos y otros pueblos y que gracias a la acción civilizatoria y educadora de la iglesia, construirían, una vez “civilizados”, las bellas catedrales, basílicas y palacios que tanto admiramos todos de Europa, que como debemos saber más que un continente es una idea cristiana de esplendor, justicia, belleza y desarrollo espiritual.
El Derecho Romano, con sus ricas fórmulas jurídicas subsistió y es parte de nuestra racionalidad jurídica. Ahora, su estándar institucional, particularmente desde la Revolución francesa y su reino de terror, en el fondo ha implicado borrar los tiempos, narrativas e itinerarios ceremoniales y litúrgicos de todo grupo o sociedad que se oponga a los tiempos sagrados de la modernidad estatal. Estamos hablando de una forma de conciencia, que incluso se reproduce en la mentalidad moderna de la iglesia latina en sus tiempos contemporáneos, cuyo Estado en la voz del papa Francisco ha proyectado de manera consciente o inconsciente un criterio estándar para la celebración de la liturgia latina según el nuevo misal promulgado en los años sesenta frente a la llamada misa tradicional. La mentalidad moderna quiere borrar del mapa todo vestigio tradicional, esa condición es parte de nuestro estado pluralista, dialógico y participativo: no toleramos la diferencia y la otredad que tenga tufo de añejo. Como diría Rene Girard: El mecanismo de linchamiento es fundamental al funcionamiento del Estado y de la sociedad humana y opera generalmente contra el más débil, que a todas luces no es el Estado ni sus burócratas, por honrados que sean. El Estado tuvo como chivo expiatorio a las sociedades no-estatales y plenamente conscientes de su juego antiestatal. Hoy se presenta, en algunos casos, como abanderado de la defensa de lo salvaje y lo indio, pero puede dirigir su juego violento contra el campesino (Lenin y Stalin) o contra instituciones como la iglesia (Bolchevismo) o contra la misma lógica empresarial.
Las narrativas del espacio no-domesticado en modos de vida y producción no estatales vivieron procesos de erosión y aniquilamiento violento ante la configuración de los “espacios simples” que se configuraron con la modernidad, cuya violencia legitimada en el monopolio de las armas y la violencia es claramente un problema del Estado moderno (Arendt) y por lo tanto de sus sistemas educativos, cuya intertextualidad está marcada por la violencia, la estandarización, domesticación y la sumisión del individuo consumidor anclado en los juegos pavlovianos, o skinnerianos, ambos versiones modernas, plenamente científicas y en concordancia con los juegos maquiavélicos, constitutivos al control social del poder como objeto de estudio de las ciencias políticas contemporáneas.
La Constitución de 1991 intentó dado su marco de derechos resolver esta situación, pero el estatismo burocrático reproduce y le da continuidad a la generación de “espacios simples” tanto ciudadanos como educativos, en un efecto casi que ineludible frente a lo que llamamos diversidad cultural y cuya lógica unidimensional, ha tenido la pretensión de liberar a los individuos frente a las “peregrinaciones” del tiempo de lo sagrado, y que para la mente moderna asfixiaban al individuo; sin embargo, los “espacios simples” instrumentalizan y codifican al individuo como ningún otro espacio, cuyos rasgos personales se disuelven en la lógica del consumo y del anonimato de la vida moderna, donde cada cual es su propia iglesia, y como mahometanos y protestantes, incluso afirmándonos como católicos decimos tener comunicación directa con Dios, sin mediación sacramental, simple expresión de la confusión postmoderna del occidente cristiano y post cristiano en el que vivimos. El Estado y la iglesia han separado fronteras y funciones, no se tolera el culto público frente a los abortorios; se presiona para que las supervivencias de lo religioso operen solo en el campo de lo privado. Eso lo tolera la religión estatal.
Los “espacios simples” son espacios domesticados, el Estado tolerara la diversidad cultural y la diferencia social, siempre y cuando sus mandatos religiosos, burocráticos y sagrados no se cuestionen de manera radical. Hablo de mandatos religiosos, recordando que la obra de Durkheim establece claramente que la autoridad secular de la sociedad moderna y sus instituciones también operan desde lógicas (estandarización educativa) cuyas fuerzas y poderes son de orden religioso, y que despliegan símbolos y prácticas constitutivas a la religión del Estado, cuya racionalidad de lo sagrado, opera desde el discurso de la no-confesionalidad y sobre el supuesto de la secularidad del Estado moderno y su separación de la Iglesia Universal (Cristo como cabeza de ella), un mito y un imaginario en todo el sentido antropológico del término.
El mito del Estado, con su fuerza arrolladora, apropió y acaparó en Colombia, según el DANE (2023) para el año 2022, el 34% de todas las actividades productivas del país. ¿Hasta dónde queremos llegar como sociedad en nuestras adoraciones estatistas? Se está poniendo costoso el diezmo. Leviatán es un dios monstruosamente devorador e insaciable, siempre lo ha sido, especialmente en los gobiernos de izquierda; y así lo han constatado millones de pueblos que vivieron y viven en carne propia los abusos y excesos de las bandas armadas, militares, paramilitares, y guerrilleras, consustanciales todas en sus formas de violencia a la vida sacramental del Estado, cuyo mimetismo se pinta hoy de Estado social de Derecho, justicia social, igualdad, inclusión, ciudadanía activa, pluralismo, buen gobierno…educación de calidad.
El discurso estatal y su accionar, de cualquier índole política, de cualquier color, indistintamente de quien esté en el gobierno es incapaz de organizar los espacios de la vida desde el pleno reconocimiento de lo sacramental, de los tiempos litúrgicos y sagrados que unen al débil y al poderoso en profundas itinerancias y peregrinaciones existenciales, donde el pobre y el rico pueden vivir en comunidad, desde fuerzas de hermandad y acogida.
El Estado tiene desde luego una función administrativa, judicial, militar, educadora (en estados republicanos, teocráticos y monárquicos) y policiva de primer orden (con el tiempo la evolución y desarrollo de la inteligencia artificial, como la ampliación de la concienciación humana nos permitirá reducir el tamaño del Estado a proporciones justas y adecuadas o incluso ver su desaparición, pero todavía falta tiempo), pero el Estado, particularmente el moderno, es incapaz de leer y unir todos los planos de la realidad humana, no-humana y espiritual. Tenemos el deber y el reto como sociedad de buscar creativamente otras formas de obrar sobre los espacios complejos de la realidad.
La educación debe estar al servicio de la hermandad, de la plena identificación como hermanos y pueblos diversos, pero hermanados. No podemos seguir permitiendo que la lógica estatal del intoxicado con el poder de turno y con el fármaco de moda convierta a Colombia, gracias a sus adicciones ideológicas en una serie de gulags culturales, ghettos de una falsa riqueza étnica, sin comunicación universal.
Tenemos que reconocer, propiciar y potenciar otro tipo de organizaciones, asociaciones, alianzas, clanes y asambleas, entre ellas, y principalmente la familia, primera institución distribuidora de riqueza. La familia tiene una historia previa y anterior a la misma constitución del Estado, ella es la entidad comunal por excelencia. La mixtura de asociaciones culturales deben de operar desde una lógica que cree mundos y formas de vida que vayan más allá de los modelos de la competencia que el Estado neoliberal y culturalmente marxista (una paradoja) nos viene proponiendo en la educación (desde los valores de la cultura de la muerte) y que confluyen finalmente en un vano y vasto consumismo; y un globalismo pervertido, sin valores morales y éticos que se traducen en la violencia del Estado hacia el más débil en toda la cadena de la vida humana.
