Oct 14/25 Para evitar la proliferación de universidades sin la calidad deseada, España elevó los requisitos para aprobar nuevas universidades, públicas o privadas, en lo que se traduce en muy importantes inversiones en el personal académico e investigación.
Según la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (foto), con el nuevo Real Decreto de Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros Superiores de Educación se establecen requisitos más exigentes en tres ejes fundamentales: docencia, investigación y solvencia financiera, a fin de asegurar que todas las universidades españolas mantengan unos estándares mínimos de excelencia, especialmente en materia de investigación y empleabilidad.
La norma entrará en vigor el próximo 27 de octubre y ha provocado un fuerte rechazo por parte de la Comunidad de Madrid, que lo considera un “ataque a la iniciativa privada”.
Morant recordó que “ya existía un real decreto que establecía los requisitos, pero algunas comunidades autónomas se lo han saltado”, dada su flexibilidad, motivo por el cual el Ejecutivo central ha decidido reforzar los controles y exigir el cumplimiento estricto de las acreditaciones otorgadas por las agencias de calidad universitaria.
A su vez, en comunidades autónomas, como Extremadura, se han aprobado universidades privadas pese a informes negativos del Ministerio (por ejemplo, con capital social muy bajo).
En el debate político, esta medida se enmarca en la confrontación del Gobierno central con gobiernos autonómicos del Partido Popular PP, acusaciones de intervencionismo estatal y disputa de competencias en educación superior.
Durante la última década, el número de estudiantes en universidades públicas españolas ha crecido un 2%, mientras que en las privadas ha crecido un 129%. Hoy, un 30% del alumnado estudia en universidades privadas. Hace diez años era solo el 15% y hace veinte, el 10%.
Las “nuevas” exigencias
La creación de nuevas universidades estará condicionada de un informe vinculante de la ANECA, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación – ANECA, que valide que las instituciones garantizarán, como mínimo:
1) Por lo menos el 50 % del personal docente/investigador debe tener título de doctorado, y un 60 % una actividad investigadora reconocida.
2) Títulos de grado, máster y doctorado en al menos tres ramas del conocimiento.
3) Una inversión en investigación de, por lo menos, el 5 % del presupuesto, y captar recursos externos equivalentes al 2%.
4) Al menos 4.500 alumnos durante sus primeros seis años de funcionamiento
5) Una oferta académica mínima deberá abarcar distintos ámbitos de conocimiento
6) Disponer de avales bancarios que garanticen su viabilidad económica a largo plazo.
7) Todas, públicas y privadas, deberán acreditar actividad científica y de grupos de investigación estables como condición indispensable para su reconocimiento.
8) El equipo directivo deberá tener experiencia contrastable en la gestión universitaria.
9) Ofrecer plazas de alojamiento equivalentes al 10% de su alumnado.
Rechazo del sector privado
La medida ha generado una reacción en la Comunidad de Madrid, una de las regiones con mayor número de universidades privadas del país.
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha calificado el decreto como “un ataque sin precedentes contra la iniciativa privada, la libertad de cátedra, de empresa y de educación”.
Viciana ha confirmado que el Ejecutivo madrileño presentará un recurso legal contra la norma, al considerar que invade competencias autonómicas y pone en riesgo la libertad educativa y la competitividad del sistema universitario madrileño. El argumento es que el decreto “pretende uniformar el modelo universitario español, impidiendo la innovación y el desarrollo de proyectos educativos alternativos”.
En los últimos años, Madrid se ha consolidado como epicentro de la educación superior privada en España, concentrando más del 30 % de las universidades privadas del país y atrayendo a miles de estudiantes nacionales e internacionales. El Gobierno regional ha defendido reiteradamente este modelo, al que considera “complementario y dinamizador del sistema público”, y ha advertido de que las nuevas restricciones podrían limitar la inversión y el desarrollo de proyectos académicos de excelencia.
En medios nacionales se ha reportado que esta norma será interpretada como un intento de frenar las denominadas “universidades chiringuito” —instituciones privadas con baja calidad académica o escasa investigación—, y de establecer una criba más rigurosa para los nuevos proyectos universitarios.
