Junio 21/24 Por menos fallos de los cometidos por la MinEducación han caído muchos ministros. Pero aunque la continuidad de Aurora Vergara no asegura una mejora del sector, su salida sí puede ocasionar un mayor deterioro del sistema.
Esta no es una defensa de Aurora Vergara, que es indefendible, sino del sistema educativo colombiano.
Algunos rescatan que la forma pausada, tranquila y no conflictiva de la ministra la deben salvar del naufragio, porque -dicen- su buena voluntad y deseo de mejorar las condiciones de la educación en el país, no deben costarle la cabeza (es decir, salir por voluntad propia o ser retirada del cargo).
Pero su fracaso con el hundimiento del proyecto de ley estatutaria en educación en su cuarto y último debate -que no se dio-, no solo lamentablemente estaba cantado, sino que representó más de un año de trabajo ministerial perdido (cientos de viajes, millonarios eventos, cuantiosos viáticos y ausencia de otros temas de la agenda pública del sector), sino también, y más preocupante aún, la peligrosa división de la educación entre operadores públicos y privados, cosa que no había pasado antes y que deja tanto a la ministra como a sus dos viceministros, igual de culpables, con un mínimo espacio de credibilidad, autoridad y gobernabilidad para intentar volver a dialogar con el país cuando es el mismo gobierno el que públicamente está desconociendo la educación superior privada.
Y eso sin contar con qué fuerza va a poder sentarse nuevamente a la mesa con Fecode, si el sindicato de los profesores ya demostró que tiene más influencia sobre el presidente Petro que la propia ministra.
Ley estatutaria de Educación: En cualquier escenario, Mineducación sale perdiendo
No se sabe si por inocencia, desconocimiento, malicia o convicción, la ministra actuó como actuó: Nunca precisó el tema fiscal de la reforma, no escuchó los reiterados llamados que durante los 10 meses del proceso se le hicieron para tener en cuenta las tensiones sectoriales, tampoco fue clara en las preocupaciones por la educación privada, desconoció las tendencias y nuevos rumbos de la educación mundial, apostó por un modelo tradicional y no integrador, y no convocó ni incluyó a sectores y públicos determinantes en la educación del país como el SENA, la formación profesional y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, entre otros.
Creyó que el bienintencionado discurso de la universalización de la educación para promover la dignidad era lo suficientemente sólido para integrar al país, sin definir con qué recursos, cómo hacerlo, cuándo y con quiénes.
Su mensaje según el cual “debemos seguir insistiendo en la búsqueda de consensos que nos permitan avanza en la construcción de una nación donde podamos convivir y construir un futuro juntos”, e invitación a un gran acuerdo nacional por la educación, cae en el vacío, pues no es creíble que la forma como se radicalizó el debate y el gobierno tomó posición contribuya a llegar a esos deseados consensos.
Si bien se le ve convencida en su apuesta y discurso, a tal punto, dicen otros, que parece que le ha tocado sufrir internamente las embestidas de los discursos presidenciales que la desafían a ser beligerante como su jefe. Si se dejó manejar la reforma al punto de hundirla, le faltó experiencia y manejo político, y si permitió que pasara lo que pasara por seguir las instrucciones del presidente y del Pacto Histórico, seguramente debe tener un fuerte remordimiento de conciencia.
Pero Aurora Vergara Figueroa no debería irse solo por lo que pasó con la Ley Estatutaria.
Su peligrosa actuación en el golpe de Estado que el propio Gobierno le dio a la autonomía universitaria y al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, con la imposición de Leopoldo Múnera como rector, desconociendo lo actuado con José Ismael Peña Reyes, también debió costarle la cabeza.
Y, para rematar, basta sumar la falta de dirección y liderazgo con el problema de la salud de los docentes, con el FOMAG, o Fondo del Magisterio, cuya junta directiva preside la ministra de Educación.
En la mitad del gobierno del cambio, no arrancan las decenas de nuevas universidades anunciadas, los prometidos 500 mil nuevos cupos en educación superior (que fueron un remiendo de la promesa de campaña del presidente Petro de gratuidad universal) no llegan ni a cien mil, el Icetex no se ha renovado y la tan anunciada reforma de la Ley 30 de 1992 nunca se radicó y ahora se está difuminando entre las propuestas politiqueras y fuertemente ideologizadas de un grupo de afectos y cercanos al viceministro de Educación Superior, en un proceso que tendrá una parcial desconfianza de los rectores de las universidades públicas (aunque de frente le digan que sí al gobierno) porque el Ministerio podría tratarlos como hizo con la Universidad Nacional de Colombia, y un total escepticismo de los rectores de las IES privadas, a quien el gobierno, en cabeza del propio Presidente Gustavo Petro, las ha estigmatizado y casi que les ha declarado la guerra.
¿Y si no sale?
Hasta el momento, Aurora Vergara sigue como ministra de Educación, con la convicción de que todo lo sucedido fue sólo un resbalón y que su apuesta continuará en la próxima legislatura… si es que el presidente Petro no decide lo contrario y, como lo ha advertido, hace ajustes en su gabinete, incluida la cartera de Educación.
Si Vergara, aunque no es una ministra radical y beligerante como los otros que oxigenan el discurso de pelea y confrontación del presidente, siguió instrucciones del presidente Petro, e intencionalmente prefirieron dejar hundir la reforma para argumentar luego que son víctimas del establecimiento y que no los están dejando gobernar, es posible que siga en el cargo. También, porque los presidentes a veces se ranchan y ratifican ministros cuya cabeza es pedida por la opinión pública como una forma de demostrar su poder.
Lo claro es que si Vergara sigue en el cargo, no hallará optimismo en el sector (más bien desconfianza), le quedará muy difícil avanzar en su anhelada reforma, y menos aún la de la Ley 30, cuando el gobierno entra en su segundo tiempo y la polarización no parece ceder, por lo menos hasta que se defina el proceso electoral de 2026, y la situación económica no mejora, pues incluso si se hubiera aprobado la Ley Estatutaria posiblemente la Corte Constitucional le hubiera puesto un rotundo obstáculo por la ausencia de un real estudio de impacto fiscal.
¿Y si se va?
Muchos celebrarán, pero como se dice en el argot popular, aquí el riesgo es “pasar de Guatemala a Guatepior”, pues no hay garantía que en el banco de sustitutos el presidente tenga un ministro que supere a Vergara y pueda recuperar la deteriorada confianza del sector.
El propio presidente Petro ha señalado que es mejor actuar con personas más cercanas a su discurso e ideología, y eso implicaría el delicado riesgo para el sector de que llegue un ministro radical, que abiertamente declare una guerra, público o silenciosa, a la educación superior privada y, como en la salud, el gobierno se invente un “shu shu shu” para mostrar que es mejor lo público que lo privado.
¿Es mejor malo conocido que bueno por conocer?.
Sea cual sea el desenlace de esta situación, todo indica que una real nueva dinámica para todo el sector solo será posible a partir de 2026, con un nuevo gobierno, porque -incluso aprobándose una Ley Estatutaria en la legislatura 2024-2025, no hay una real garantía del avance que necesita el sector.
