Junio 14/24 Sea cual sea el resultado final de su aprobación, o no, en la plenaria del Senado la próxima semana, es negativo, y muy preocupante para el sector, la gestión del tema de la ministra y de sus viceministros.
La situación es tan delicada que lo que inició como una gran esperanza para la educación colombiana, en julio de 2023, va a terminar con una gran fractura entre los actores del sector y no habrá una ley que responda estructuralmente a problemáticas de la educación para todos y no sólo para un sector o determinados grupos.
Hay que recordar que el texto de la Ley Estatutaria de Educación llegó de sorpresa, el pasado 20 de julio, cuando todo el mundo esperaba una propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, y aunque hubo muchos escenarios posteriores de análisis, nunca se dio una con todos los actores del sector y con una revisión estructural, financiera, de impacto y de articulación de la misma. Muchas veces se le advirtió a la ministra, en diversos escenarios, sobre el costo fiscal de la iniciativa y sobre la mal forma como se trató a la educación privada, entre otros aspectos, y el gobierno siempre evadió el debate. El discurso de la concertación y la bienvenida a las propuestas, que siempre ha dicho la ministra, no le fue suficiente.
Es lamentable el saldo que deja casi un año de trabajo de la ministra en esta materia. Cuando parecía que todo estaba listo para ser la primera gran reforma del gobierno Petro con consenso entre todos los partidos del Congreso, la situación explotó, aumentó la polarización y parece imposible que en las pocas horas de legislatura que faltan para que termina el actual periodo congresional se salve el proyecto, salvo un milagro de última hora que ponga de acuerdo la posición del gobierno, con la ponencia de María José Pizarro, del Pacto Histórico y la de la oposición, liderada por la ponencia del senador David Luna, de Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador y el apoyo del Centro Democrático.
Pese a que días atrás la Comisión Primera del Senado de la República, de forma sorpresiva y unánime, aprobó una enmienda que concilió textos de ambas partes, y el país creía que era un hecho que con ese antecedente la plenaria del Senado la diera por aprobada, la próxima semana, Fecode y organizaciones estudiantiles de todos los niveles, más el sindicato ASPU, entre otros, y hasta algunos congresistas del propio Pacto Histórico, comenzaron a alertar sobre sus desacuerdos con el texto aprobado, a tal punto que han llegado a decir que prefieren que la propuesta de ley se hunda a que se apruebe el texto de la enmienda.
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Entre el lunes 16 y el viernes 20 de junio, el Congreso de la República debe abordar decenas de proyectos de ley, si no se quiere que estos se hundan por falta de debate.
Si bien ambos proyectos de ley estatutaria de educación tienen ponencia positiva, hay varios aspectos del articulado en los que las posiciones son radicalmente opuestas. Se trata de si se aprueba o no los criterios del Estado para la evaluación de los docentes, el reconocimiento de la educación terciaria, la mirada sobre el SENA y el rol de la educación privada y los recursos del Estado que podrían desviarse (o dejar de recibir) la educación pública hacia la privada, entre otros reparos.
En el fondo lo que se debate es una mirada ideológica del papel del Estado sobre la educación, entre el gobierno y sus partidarios de la centro izquierda e izquierda, que solo defienden la visión estatista y rechazan todo lo que no sea público, y quienes, con una mirada política desde la centro derecha y derecha, consideran que el sistema mixto -público y privado- es el mejor catalizador para potenciar la educación, en virtud de las restricciones fiscales y de infraestructura históricas de Colombia.
Así, llegará la ley en un ambiente político cada vez más enredado y polarizado, y la plenaria del Senado deberá sacar tiempo para resolver impedimentos, escuchar las dos ponencias del proyecto de ley estatutaria, votar, alcanzar mayoría y conciliar el texto con el aprobado en diciembre pasado en la Cámara de Representantes, y todo en cinco días, por mucho.
Salvo que haya un consenso previo, todo indica que el gobierno no cuenta con los votos suficientes (mitad más uno del Senado) para aprobar su propuesta.
¿Por qué pierde el Ministerio en todos los escenarios?
No es solo una pérdida en términos políticos (disminución en su favorabilidad en la opinión pública, pérdida de respaldo del Congreso y, posiblemente, del propio presidente de la República, y falta de credibilidad y autoridad para avanzar en otros proyectos), sino también, y más preocupante aún, en términos de reconocimiento del sector como líderes que puedan potenciar una real transformación y respuestas a las necesidades de la educación.
En este momento son tres los escenarios posibles: Se aprueba el texto del gobierno, se aprueba el texto de la oposición o se hunde o archiva el proyecto.
Si el gobierno logra aprobar la ponencia que respalda (la del Pacto Histórico y María José Pizarro), que sería el escenario de más difícil concreción (las cuentas de partidos políticos y aliados sugieren que difícilmente podría pasar del 40 % de respaldo en el Congreso), podría atribuirse un éxito político, pero habrá sentado un peligroso precedente como autoridad y orientador de la educación en el país, pues habrá dado un portazo a la educación privada, en todos los niveles (cerca de medio país), sin contar los impactos indirectos de la relación con Fecode y su negativa a aceptar el texto sobre la evaluación. Además, después de lo sucedido con la Universidad Nacional de Colombia, el permitir la participación “directa” de las comunidades en los gobiernos de las instituciones educativas, también estaría generando un delicado mensaje de preocupación a los mismos rectores del sector público.
La ministra, con su silencio y prudencia (que en este caso no le ayuda) así como sus viceministros, se han alineado a lo que busca el presidente Petro, que es (en una situación parecida a la crítica que le hacen cuando habló del shu shu shu para dejar ahogar poco a poco a las entidades privadas de salud) ignorar a la educación privada fomentando únicamente lo público. Es primera vez que un Ministerio de Educación asume una posición de esta naturaleza. Si esto avanza no es solo un giro radical a la política pública de educación en Colombia, sino también al abandono completo de lo privado. Y entonces, ¿con qué autoridad este Ministerio podría avanzar en su propuesto “Acuerdo Nacional” por la educación superior (nombre dado a la pretendida reforma a la Ley 30, que por ahora está siendo construida y respaldada básicamente por los mismos actores que comulgan ideológicamente con el actual gobierno)?.
Si se aprueba la ley como quiere el gobierno, la ministra y sus viceministros podrán ser calificados como los enterradores de la educación privada, con todos sus delicados impactos.
Si se aprueba el texto de la oposición, claramente el gobierno y el Ministerio serían vistos por la opinión pública como perdedores, no sólo por el resultado sino por la manera como manejaron el proceso. Profesores, sindicatos y mismos congresistas del gobierno le reprochan fuertemente a la ministra cómo permitió que se hiciera la enmienda si ahora sale a decir que hay reparos. Similar polémica actitud que usó en la Universidad Nacional de Colombia (participó en el Consejo Superior que designó a José Ismael Peña Reyes como rector, y luego salió a desconocer lo actuado, y que le puede llevar -está por saberse- a una posible sanción disciplinaria). En un ambiente polarizado, la derecha y gran parte del sector privado se sentirían vencedores y la izquierda y gran parte del sector público se sentirían derrotados, y la ministra perderá autoridad ante unos y otros.
Esta segunda opción, de que sea aprobado el texto de la oposición, tiene más posibilidad que la primera, porque la unión de partidos contrarios al gobierno sí puede asegurar los votos necesarios para que el texto avance.
Entonces, en medio de ese lío, el gobierno (como muchos sugieren) no le queda otra opción que intentar bloquear y evitar que la aprobación se concrete. Oxigenando la protesta social y el paro de Fecode, para presionar a los congresistas a no votar y, preferiblemente, a que se hunda el proyecto, o presionando para que la obligatoria conciliación que deba darse del proyecto que apruebe el Senado con el que aprobó la Cámara no se dé para hundir la iniciativa, pues el peso político del Senado es mayor al de la Cámara de Representantes.
Dirá el gobierno que prefiere el hundimiento del proyecto a ceder en no reconocer el pedido popular (de sus bases, incluidos los profesores) y permitir que los recursos del Estado se vayan a la educación privada, entre otros aspectos. Y el presidente Petro dirá que eso es una confirmación de que no lo dejan gobernar, como lo ha dicho en otros escenarios.
Si, hipotéticamente, se aprueba un texto (cualquiera, incluso uno nuevo concertado), vendrá luego la expectativa en torno de lo que diga la Corte Constitucional sobre su viabilidad jurídica, o constitucionalidad, y ahí también está el riesgo de que todo lo actuado se caiga. Especialmente por el llamado impacto fiscal, o económico, de la Ley.
Según se ha conocido en últimas horas, el propio Ministerio estima que en 10 años, incluida la nueva infraestructura educativa que se necesitaría, el país (envuelto en una crítica situación económica) deberá invertir más de 600 billones de pesos.
¿Qué sigue?
Un sector de la opinión pública considera que situaciones como estas deberían costar la cabeza de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa (foto) y de su equipo (por lo menos los dos viceministros, también por su parcialidad política en la discusión: Óscar Sánchez y Alejandro Álvarez -foto). Si a esta situación se suma las críticas a Vergara por su actuación en el Fondo de Prestaciones del Magisterio y la polémica intervención en la Universidad Nacional de Colombia, podría haber argumentos suficientes para justificar su salida. Las indecisiones, silencios, falta de agilidad para manejar el debate congresional y contradicciones, le harían muy difícil tener un posterior espacio de gobernabilidad, credibilidad y autoridad entre todos los actores del sector, que quedarán molestos con ellos. ¿Con qué autoridad podrá potenciar programas de fomento y apoyo a la universidad privada el viceministro Álvarez?, ¿qué respeto y credibilidad le tendrán los privados?.
Pero, ¿es la salida de estos funcionarios la solución?. La decisión es solo del presidente de la República y de la ministra. ¿Y si ella solo ha seguido instrucciones del presidente?.
¿Debe seguir?. Tampoco es claro, porque no hay seguridad de que, en el hipotético caso de que haya un revolcón en el Ministerio, el o la ministra que llegue y su nuevo equipo logren mejores resultados o, como ha pasado muchas veces en el estilo de gobierno de Petro, se radicalicen las posiciones ideológicas y los dos años que le quedan a este gobierno sean, por lo menos para la educación superior, de más fricciones y con menores resultados.
Lo claro es que la decisión sobre si seguirá o no la ministra, tras la encendida semana que se le viene, por lo menos la educación superior difícilmente va a ver con optimismo escenarios de construcción y unificación, su reconocimiento se verá muy afectado y la propuesta de reforma de la Ley 30 (que en el fondo es la que realmente interesa al sector) tendrá un camino igual o más accidentado que el de la ley estatutaria.
