Francisco Cajiao lanza muy fuerte crítica a actuación del gobierno en caso U. Nacional de Colombia

Francisco Cajiao lanza muy fuerte crítica a actuación del gobierno en caso U. Nacional de Colombia

Abril 10/24 A raíz de la molestia de la ministra Vergara y del gobierno con la no designación de Múnera como rector, el columnista sugiere que la actuación de los voceros del Estado son un mal ejemplo y un incumplimiento de las reglas de juego. 

Francisco Cajiao, exsecretario de Educación de Bogotá y exrector universitario, ha dicho en su columna del diario El Tiempo, titulada “Malas lecciones de democracia”, que “lo que no luce bien es que el Consejo Superior (de la Universidad Nacional de Colombia -foto), presidido por una ministra de Estado (Aurora Vergara Figueroa) y dos representantes del Presidente, tome una decisión habiendo consensuado el procedimiento y luego se declaren indignados por el resultado y cuestionen lo actuado. Eso es hacer trampa. El poder no puede usarse de ese modo. Es una mala lección de democracia en una institución educativa”. 

Tras la molestia que causó entre parte de la comunidad universitaria que el Consejo Superior no hubiera elegido al profesor Leopoldo Múnera, el presidente Petro ordenó a sus representantes explicar públicamente su voto.

María Alejandra Rojas explicó su voto y habló del reto de “transformar los procesos, condiciones y mecanismos en las universidades y el sistema educativo para lograr su democratización”.  

Danna Nataly Garzón Polania, designada por Presidencia pocos días antes de la elección, también explicó su voto e, igualmente, invitó a “continuar los debates sobre la democracia participativa en Colombia, que la clase popular y trabajadora históricamente pueda ser partícipe de las decisiones del país”. 

Por su parte la ministra dio vueltas para explicar su participación, y terminó señalando que se requiere transformar el sistema de educación superior

La crítica de Cajiao

La posición del Gobierno frente a la designación del rector de la Universidad Nacional cuestiona seriamente la autonomía de las universidades públicas. En ejercicio de esa autonomía la Constitución y la ley les otorgan la potestad de hacer sus propios estatutos, que incluyen los procedimientos para designar a sus autoridades de acuerdo con unos criterios orientados a garantizar el cumplimiento de sus fines esenciales, centrados en el cultivo del conocimiento a través de la investigación y la formación de alta calidad de los jóvenes cuyo talento asegura el progreso colectivo. La autonomía se convierte en una condición fundamental para el cumplimiento de su misión, evitando cualquier subordinación ideológica o política que pueda poner trabas a la libertad de pensamiento.

Desde luego, las normas no son inmutables y pueden cambiarse cuando no respondan de manera adecuada a los fines que persiguen, pero lo que no es aceptable en una sociedad democrática es que se cuestionen a posteriori cuando los resultados de las decisiones legítimas de las instituciones no agradan a quien ostenta el poder presidencial. Si se quería cambiar el procedimiento de elección del rector, tendría que haberse hecho antes por los canales previstos en el mismo estatuto. Lo que no luce bien es que el Consejo Superior, presidido por una ministra de Estado y dos representantes del Presidente, tome una decisión habiendo consensuado el procedimiento y luego se declaren indignados por el resultado y cuestionen lo actuado. Eso es hacer trampa. El poder no puede usarse de ese modo. Es una mala lección de democracia en una institución educativa.

Cada día se hace más evidente que el Presidente y sus colaboradores consideran que las decisiones que no son de su agrado por definición no son democráticas. No les gustan las decisiones del Congreso de la República que no se pliegan a su capricho. No les gusta, por supuesto, que haya asociaciones gremiales que elijan a candidatos diferentes a los propuestos por el Gobierno, como en el caso de los cafeteros, o fallos de la justicia que cuestionen la ineptitud o la corrupción de sus funcionarios, que ya están lejos de ser excepcionales, porque los Olmedos se multiplican.

La Constitución de 1991 incluyó mecanismos de participación e inclusión que defendió con seriedad y compromiso el grupo político al que decía pertenecer Gustavo Petro, y gracias a eso ha podido disfrutar del poder y los privilegios que otorgan los cargos a los que ha llegado por elección popular, así algunos los haya desempeñado con pobres resultados tanto para sus creyentes como para los sectores más vulnerables. En los últimos días, sin embargo, ha hecho saber que esa Constitución ya no le sirve y tampoco los procedimientos para cambiarla.

Es tiempo de preguntarse qué formación democrática se debe ofrecer a niños, niñas y jóvenes en colegios y universidades. El Presidente prometió a los estudiantes de la U. N. algo que no podía ofrecer sin brincarse la autonomía del Consejo Superior, y ahí están en paro. La lección de democracia es: si no te gustan los resultados, arma un tumulto. Si alguna agremiación no favorece tus deseos, puedes usar recursos públicos para inventar una paralela. Si alguien hace lo que tú no lograste, trata de que fracase, sin importar que sea respaldado por el voto popular.

¿Valdrá la pena enseñar a los niños que los manuales de convivencia deben respetarse? ¿Se dará facultad a los rectores de los colegios para que cambien a los personeros que no sean obsecuentes y destierren a los maestros que no estén de acuerdo con ellos? ¿Será posible enseñar que la palabra empeñada es suficiente para confiar en la autoridad? ¿Se avecina el tiempo en que quienes hoy invierten en las campañas políticas comiencen a invertir en las campañas para rectores de las universidades públicas? La formación democrática va más allá de los currículos.

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