Julio 22/26 A menos de 20 días de que el actual Ministerio de Educación cambie a sus directivos, el ministro Daniel Rojas, por instrucción presidencial, radicó en el Congreso de la República, un proyecto de ley con más de 150 artículos que derogan y cambian la Ley 30 de 1992.
Es un extenso texto que, entre otros, le apuesta a la fortalecer la educación superior pública, el cogobierno universitario, crea decenas de órganos colegiados, potencia la gratuidad en lo público en todas sus acciones, obliga a un aumento en el presupuesto del bienestar universitario, desaparece al Fodesep y al SUE, modifica el CESU y el CNA, y lleva a la desaparición de las instituciones universitarias, entre otras sorpresas.
→ El Observatorio de la Universidad Colombiana trae el texto trabajado por el Ministerio de Educación.
La propuesta, que recoge las banderas ideológicas del saliente gobierno, cae de sorpresa al sector, que ya estaba dando por hecho que las acciones en materia de educación superior de este gobierno se habían congelado tras el triunfo de Abelardo de la Espriella y la designación de Viviane Morales como nueva ministra de Educación.
“Por instrucción del presidente Gustavo Petro, este 20 de julio radicaremos en el Congreso el proyecto de ley que eleva al grado de derecho fundamental la educación superior y reforma integralmente la ley 30″, anunció la noche del 19 de julio el ministro Rojas en sus redes sociales.
Así, el texto fue entregado por el ministro y el viceministro Ricard Moreno a la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantas, que cuenta, como principal aliada para el saliente Ministerio, a Isabel Vera, la exlíder estudiantil de la Universidad del Valle y recién posesionada como representante a la Cámara (foto).
Este martes 21 de julio, Rojas y algunos otros ministros del gobierno Petro radicaron el proyecto, con otros que esperan dejar encaminados con el nuevo Congreso de la República.
En 2023, la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, anunció una reforma a la Ley 30, que terminó convertida en una propuesta de Ley Estatutaria, que básicamente buscaba consagrar la educación como un derecho fundamental en todos sus niveles, ampliando la obligación del Estado más allá de la educación básica actual. Pero dicha ley se hundió en el Senado en su cuarto y último debate en 2024, lo cual conllevó, entre otros motivos, a la salida de Vergara y la llegada de Rojas.
Ahora, después de que el saliente gobierno hubiera logrado, con el apoyo del Pacto Histórico, la aprobación de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que modificó el sistema de asignación de recursos a las IES públicas, el gobierno Petro quiere confirmar su apuesta para que se fortalezca la educación superior pública y se constituya en un derecho, con impacto directo en acceso, cobertura y gratuidad.
Aunque el gobierno saliente habla de que el articulado es producto de las luchas estudiantiles y de reuniones con el sector (algunas que se dieron cuando el entonces viceministro Alejandro Álvarez apuntaló a construir un articulado, que no floreció), lo cierto es que el texto radicado hasta ahora se conoce, y todo indica que fue construido solo por actores del gobierno Petro, pero sin consultar al sector.
Falta ver hasta dónde la iniciativa consolida una base real para que, en el Congreso, haya un análisis de fondo, o alimente un desgaste de reuniones, análisis y opiniones en el sector, con un nuevo gobierno que, hasta ahora, no se ha pronunciado con un abierto interés de apuntar al tema y una bancada del Pacto Histórico que pasa de ser Gobierno a ser Oposición, con minorías en el Congreso.
Que el gobierno saliente haya radicado, con esta iniciativa, otras importantes propuestas de reforma en otros sectores (algunas reencauchadas), puede verse más como una plataforma política para la que será oposición, más allá de una realidad legislativa.
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Algunas propuestas de la reforma a la Ley 30
1) Se mantiene una estructura general parecida a la actual Ley 30. No hay grandes reformas estructurales del modelo, tipología y articulación con otros niveles ni respuestas a los nuevos grandes desafíos globales de la educación superior.
2) La idea central está en la Educación Superior como un derecho fundamental y un bien común garantizado.
3) Se incluye el concepto de cogobierno y la democracia universitaria “como una expresión de la autonomía”, con la participación de todos los estamentos en el gobierno de las IES.
4) Introduce conceptos nuevos, que generarán amplio debate, como por ejemplo, que la educación superior adopte prácticas de justicia epistémica, justicia ambiental, soberanía productiva, independencia científica, internacionalización solidaria…
5) Se incluye como educación superior la impartida por las Escuelas Normales Superiores.
6) Hay diversas y nuevas definiciones de calidad
7) Habla de Enfoques en el marco de la educación superior: De trayectorias educativas integrales, territorial y diferencial e interseccional.
8) Plantea que “toda persona podrá acudir a las autoridades competentes para solicitar la protección de los componentes del derecho a la educación superior, especialmente en relación con el acceso, permanencia, bienestar, participación, inclusión, continuidad de los estudios, graduación y demás condiciones necesarias para su ejercicio efectivo”.
9) Le da un rol a la Defensoría del Pueblo para ejerce funciones mediante delegación específica para la promoción, seguimiento y acompañamiento para la protección del derecho fundamental a la educación superior.
10) Amplía el concepto de acceso a la educación superior: i) inscripción a un programa de pregrado; ii) programas de articulación de la educación media; iii) homologación y reconocimiento de saberes previos; iv) trasferencia o movilidad o internacional y v) todos aquellos que se desarrollen para garantizar el acceso a la educación superior, en cumplimiento de la ley y los estatutos internos de las IES.
11) Advierte que las pruebas de Estado no podrán ser utilizadas como instrumento de clasificación o priorización para el acceso y goce a la educación superior.
12) Proyecta la progresividad para la plena gratuidad en las IES públicas.
13) Define que el presupuesto de bienestar universitario de las IES públicas suba al 7 %.
14) Potencia la educación inclusiva y advierte que las IES no podrán efectuar cobros adicionales a las y los estudiantes con discapacidad por los ajustes razonables y apoyos pedagógicos que requieran para desarrollar sus actividades académicas, de investigación y de extensión.
15) El aumento de matrícula en las IES privadas no podrá superar el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES).
16) Se propone que para consolidar las capacidades institucionales, científicas, tecnológicas, académicas y territoriales requeridas para garantizar plenamente el derecho fundamental a la educación superior, el Estado desarrollará una Política Nacional de Transformación y Fortalecimiento Estructural de la Educación Superior Pública con horizonte de veinte (20) años.
17) Da un “golpe de Estado” a FODESEP y señala que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la totalidad de los recursos, activos, derechos, bienes, rendimientos financieros, obligaciones, contratos, archivos y demás relaciones jurídicas del FODESEP serán transferidos a la Nación – Ministerio de Educación Nacional.
18) Se habla de una Plataforma Nacional de Información de la Educación Superior (PNIES) y de Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES).
19) Legisla sobre el alcance del IVA para las instituciones estatales de educación para el trabajo.
20) Crea el Consejo Nacional de Instituciones de Educación Superior Estatal (CIESE); el Consejo de Instituciones de Educación Superior No Estatales u Oficiales (CIESNO); la Comisión Nacional Intersectorial de Fomento a la Pertinencia y la Calidad de la Educación Superior (CONFOPEC Consejo Nacional para la Internacionalización de la Educación Superior; la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras; y la Comisión de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI) .
21) Modifica la composición del CESU
22) Propone planes decenales de educación superior y planes decenales territoriales.
23) Desaparece el SUE y nace el Subsistema de Educación Superior Estatal u Oficial, cuya máxima instancia es Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE).
24) Crea un Subsistema de Fomento a la Pertinencia y la Calidad de la Educación Superior según su naturaleza.
25) Cambia la denominación del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior y se nombra con el Instituto Colombiano de Estímulos para la Educación Superior en Colombia y en el Exterior (ICETEX)
26) Habla de Comisión (no Consejo) Nacional de Acreditación con participación de representantes de organizaciones comunitarias y campesinas, entre otros
27) Advierte que las IES extranjeras deben tener autorización del Estado Colombiano para operar en el país.
28) Propone que las actuales Instituciones Universitarias reconocidas por el Estado, modificarán su carácter académico al de Universidad.
29) Introduce el concepto de Multicampus universitarios
30) Agrega dos miembros a los CSU de IES públicas: Representante de lo servidores públicos no docente y otro de una organización social.
31) Reelección rectoral solo por una vez.
32) Las IES estatales u oficiales deberán contemplar en sus estatutos las asambleas multiestamentarias como instancias de deliberación, participación y consulta de la comunidad académica, orientadas a fortalecer la democracia universitaria y la construcción colectiva de las decisiones institucionales.
Clic para descargar el texto del proyecto de reforma de la Ley 30 del Gobierno, versión uno
