Julio 21/26 Mineducación presentó el IV Plan Nacional Decenal de Educación que da orientaciones a la educación superior entre 2026 y 2035. ¿Por qué esta acción estratégica a pocos días que Colombia cambie radicalmente de orientación política en su Presidencia de la República? Aquí las razones.
El ahora denominado IV Plan_Decenal_de_Educacion_2026-20365 “Por el Derecho a la Educación”, sustituye al ahora extinguido III Plan Nacional de Desarrollo “El camino hacia la calidad y la equidad”, presentado hace diez años, en el gobierno Santos por parte de la entonces ministra de Educación Yaneth Giha Tovar.
El fundamento legal de estos planes nació en el artículo 72 de la Ley 115 de 1994 (o Ley General de Educación), que estableció que el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, debe preparar por lo menos cada diez años un Plan Nacional de Desarrollo Educativo (PNDE) que incluya las acciones necesarias para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. La norma también señala que dicho Plan “tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo”.
La intención de los legisladores de 1994 fue trascender los períodos de gobierno particulares y otorgar estabilidad técnica al sector educativo.
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¿Incluye a la educación superior?
Aunque la Ley 115 de 1994 regula los niveles de preescolar, básica y media, poco a poco en el PNDE se han ido incluyendo recomendaciones de política pública para la educación superior (regulada por la Ley 30 de 1992).
Este reciente Plan impacta(ría) a la educación superior al establecer lineamientos estratégicos enfocados en:
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Garantía del derecho: Integrar la educación superior dentro de la política de garantía plena del derecho a la educación.
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Financiación pública: Establecer directrices para el fortalecimiento financiero de las instituciones de educación superior públicas, la ampliación de cupos y la gratuidad gradual.
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Articulación del sistema: Vincular los niveles de educación media y superior para facilitar el tránsito de los estudiantes y fomentar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del conocimiento público.
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A la fecha se han presentado cuatro planes
El primero, para el periodo 1996 a2005, fue promulgado por el ministro de Educación del presidente Ernesto Samper Pizano, Jaime Niño Díez, y buscó potenciar el aumento de la cobertura.
El segundo se expidió para la vigencia 2006-2015, y se denominó “Pacto social por la educación“, durante el gobierno de Álvaro uribe Vélez, por parte de la ministra Cecilia María Vélez, y se enfocó especialmente en la atención integral a la primera infancia, la incorporación de las TIC en el aula y la movilización social.
El tercero, ya citado, se dio para el periodo 2016-2026, con lo que cubrió los 4 años del gobierno Duque y su entonces ministra María Victoria Angulo no tuvo que trabajar al respecto. La propuesta del III se concretó en avances en cobertura e infraestructura tecnológica, pero dejó pendientes estructurales en materia de financiación sostenible.
Y ahora, por tiempos, la estructuración del cuarto PNDE coincidió con el último año del gobierno de Gustavo Petro y su ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín.
En cumplimiento del mandato legal, el actual, y saliente, Ministerio de Educación viene trabajando en el tema desde 2025 y, con la ayuda de la Universidad Pedagógica Nacional, trabajó el documento como producto de diversas convocatorias sectoriales, en las que cada década ha venido ampliando su espectro a la educación superior.
Así, la presentación del nuevo PNDE corresponde más a una coincidencia cronológica y responsabilidad legal que a una apuesta concreta del gobierno saliente.
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Las apuestas del nuevo PNDE
El documento, presentado la semana pasada por el Ministerio de Educación, se ordena en torno de tres grandes ejes:
El primer eje, Garantía Plena del Derecho a la Educación, se orienta a asegurar las condiciones materiales, institucionales y pedagógicas necesarias para que todas las personas puedan acceder, permanecer y culminar sus trayectorias educativas en condiciones dignas. Este eje aborda la gratuidad educativa, la alimentación escolar, el transporte, la infraestructura educativa, la dignificación y formación de los docentes, la conectividad, el acceso a la tecnología, la educación socioemocional, el bienestar de las comunidades educativas y el fortalecimiento de la participación democrática en las instituciones educativas.
Entre las líneas de Acción de este eje menciona la de impulsar el Proyecto de Ley Estatutaria del Derecho a la Educación, caído durante la actual administración.
Así mismo, plantea el derecho a la educación como una exigencia para que se den cuatro cosas concretas. Que existan suficientes establecimientos educativos disponibles. Que cualquier persona pueda acceder a ellos sin barreras. Que la educación que se imparte sea pertinente y de calidad. Y que las personas puedan permanecer en el sistema educativo sin tener que abandonarlo.
El segundo eje, Construcción de Conocimiento Público para la Transformación Social, propone avanzar hacia una transformación curricular y pedagógica que reconozca la diversidad cultural, territorial y de saberes del país. Este eje impulsa el diálogo de saberes, la producción de conocimiento desde los territorios, la construcción de currículos pertinentes, la educación para la paz, la memoria y la reconciliación, la educación ambiental, la inclusión de personas con discapacidad y la incorporación de perspectivas de género e interculturalidad en todos los niveles educativos.
El tercer eje, Fortalecimiento del Financiamiento de la Educación Pública, reconoce que ninguna transformación educativa es posible sin recursos suficientes, sostenibles y distribuidos con criterios de equidad territorial. Este eje plantea estrategias para fortalecer el financiamiento de la educación pública desde la educación inicial hasta la superior, priorizando el cierre de brechas históricas y garantizando la sostenibilidad del sistema educativo.
Entre las propuestas señaladas, y que aún no han sido discutidas a fondo en la educación superior están, entre otras, las de impulsar la democratización del gobierno de las IES y la cultura política para la democracia, y promover la creación y fortalecimiento de veedurías en la educación superior en cumplimiento de la Ley 2568 de 2026.
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¿Obliga al gobierno de De La Espriella?
Aunque el PNDE se considera un referente obligatorio de planeación y de cumplimiento para las autoridades educativas y los gobiernos de turno, orientando la formulación de los planes de desarrollo en los órdenes nacional y territorial con el fin de garantizar estabilidad institucional más allá de los cambios de administración, no significa que esté por encima de la Ley 30 de 1992 o, incluso, del Plan Nacional de Desarrollo que va a aprobar el nuevo gobierno.
El nuevo PNDE recoge mayoritariamente el pensamiento ideológico que, en materia de educación, tiene el gobierno Petro y que se presenta como avalado por un amplio ejercicio de participación de miles de actores del sector educativo. Pero esto no significa que el documento que cubre el escenario 2026-2035 se constituya en camisa de fuerza para el nuevo gobierno nacional de Abelardo de la Espriella.
Pero sí ilustra hacia dónde va la tendencia sectorial en su deseo de consolidar derechos, ampliar cobertura y mejorar en los temas más críticos para el sector, pues el Plan Decenal no posee fuerza de ley ordinaria ni estatutaria, cualquier inclusión de metas o directrices sobre educación superior contenidas en dicho plan tiene un carácter estrictamente indicativo y programático.
En el diseño del IV Plan participaron entre otros, ASCUN y ACIET, como algunos de los actores claves del sector. Aunque representan buena parte del mismo, no son todo el sector.
Al mismo tiempo, valdría preguntarse si muchos rectores de ASCUN y ACIET están de acuerdo con lineamientos que impactarían a la educación superior que no se alinean precisamente con las apuestas que buscará el nuevo gobierno o que ellos mismos han criticado.
