Nov 7/25 Pese a que el Ministerio de Educación conminó a la IES a no ser indolente con quienes pongan en riesgo su salud frente a un reclamo que impacte a la IES, a los ojos de la comunidad la Fundación Universitaria San Martín ha permanecido impávida y en silencio tras casi 50 días de la huelga de hambre del egresado Cristian Sánchez.
Y eso que esa IES se ha venido recuperando tras la intervención del Ministerio de Educación Nacional, a la luz de la Ley 1740 de 2014, pero ni aún así sus directivos le han respondido, como debe ser al Estado.
La San Martín informa que desde el comienzo de la huelga de Sánchez (clic para conocer todo el entorno de la misma), envió comunicaciones a la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Educación, la Policía Metropolitana, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital.
Pero no se ha acercado, según Cristian, ni siquiera a solidarizarse por su situación o mostrar conmiseración por su estado de salud. Dice que “el oficio que el MEN envío a la Universidad San Martín no fue tenido en cuenta por los directivos”.
En dicho oficio, como resultado de la protesta de Sánchez, y sin opinar sobre la naturaleza del reclamo de Sánchez, el Ministerio le dice a la San Martín que “cuando un miembro de la comunidad académica entra en huelga de hambre y su estado de salud se deteriora, la universidad no puede mantenerse indiferente”.
Pero la respuesta de la IES ha sido solo desde lo legal, en una estrategia dilatoria y evasiva que cuestiona su humanidad.
En una comunicación de respuesta a un derecho de petición de información de documentos, actas, acuerdos y soportes de actuaciones de la institución en este caso, y que Sánchez presentó a la San Martín el pasado 22 de octubre, sólo hasta este 5 de noviembre el apoderado general de esa IES, Ricardo Bolaños Peñaloza, le respondió que se necesitaba la ampliación del término legal para “reunir, revisar y verificar la totalidad del documental solicitado”.
Así, la IES extendió por 10 días hábiles más su compromiso para dar respuesta.
Es importante adicionar que el Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías había advertido al representante legal de la Fundación Universitaria San Martín que no recayera en acto dilatorios o negligentes, “pues de incurrir reiteradamente en comportamientos transgresores de garantías constitucionales y legales, será objeto de sanción”.
El mismo Bolaños Peñaloza es uno de los directivos que, en 2022, suscribió la “Política integral por el respeto a la dignidad humana e institucional” de la Fundación Universitaria San Martín, que busca, entre otros, “promover la denuncia verdadera y probada de cualquier conducta denigrante, abusiva, opresiva o discriminatoria a cualquier nivel en la Institución”, así como “contribuir a la construcción y preservación de una cultura del respeto por la dignidad humana e institucional como condición para el desarrollo integral tanto humano como social”.
Aunque dicha política se construye, entre otros, con el valor de la solidaridad, definida por ellos, como “la capacidad institucional o personal para adherir a causas circunstanciales de terceros que se consideren meritorias de asumir. Se fundamenta en la justicia como equidad, el respeto por los demás y en la capacidad de trabajo colaborativo”, parece que el caso de Sánchez no es, para la FUSM, meritoria de asumir.
Por ahora ni el rector ni los vicerrectores dicen nada al respecto.
¿Hay negligencia y/o falta de humanidad de parte de la San Martín?
