Oct 22/26 Decenas de tutelas, casi 100 mil millones comprometidos, una aparente inequidad hacia los investigadores hombres en la adjudicación de becas y la indefinición sobre qué va a pasar con el proceso y si los criterios seguirán en 2027, hacen parte de la herencia recibida por el nuevo Minciencias en este polémico tema.
El contexto de la situación
Un creciente debate jurídico y académico sacude al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) tras el análisis y lío jurídico posterior a los resultados, del pasado 31 de julio (una semana antes de finalizar el gobierno Petro) de la Convocatoria 975 de 2026, denominada «Becas para el Cambio: Formación en Maestrías y Doctorados».
El programa, diseñado para fortalecer el talento humano de alto nivel en Colombia mediante recursos públicos, se encuentra hoy en el centro de una controversia por cuenta del sobrecumplimiento en los beneficios otorgados por criterios de género, la saturación de los méritos académicos y la falta de soporte técnico en su estructuración.
El proceso adjudica cuantiosos recursos: en la Modalidad 1 (Maestría Nacional) se destinaron $98.506 millones de pesos para 899 becas, dentro de un paquete presupuestal global proyectado en $368.017 millones de pesos hasta el año 2030. Sin embargo, la forma en que se aplicaron los criterios diferenciales ha encendido las alarmas entre aspirantes, juristas y vicerrectorías de investigación del país.
Mujeres con un 82,6 % de beneficiarias
Los términos de referencia de la convocatoria y los documentos del CONPES 4182 fijaban como acción afirmativa una meta mínima del 60 % de cupos destinados a mujeres para contrarrestar la brecha histórica en el sector científico. No obstante, en los resultados preliminares y definitivos adoptados mediante la Resolución 0714 del 31 de julio, el porcentaje de becas adjudicadas a mujeres ascendió al 82,6 % (743 de las 899 becas en maestría nacional).
La desproporción resulta evidente al constatar que las mujeres representaban el 54 % del total de inscritos y habilitados en la modalidad.
En términos prácticos, el diseño aplicado provocó que una aspirante mujer tuviera cuatro veces más probabilidad de obtener la beca (16,1 %) frente a un aspirante hombre (4,0 %).
Según simulaciones basadas en las bases oficiales de Minciencias, en un escenario ciego al género la distribución habría sido prácticamente simétrica (10,4 % para mujeres y 10,6 % para hombres), en sintonía con la paridad que ya registra la matrícula nacional de maestría.
La saturación del mérito y el sexo por encima de la pobreza
El análisis detallado de las calificaciones revela un fenómeno crítico: el mérito académico quedó saturado. La totalidad de los 899 beneficiarios en maestría nacional obtuvo la puntuación máxima (45/45 puntos) en el criterio valorativo de «Aporte técnico y científico».
Al existir un empate masivo en la cima de la evaluación académica, la asignación final de los cupos se definió exclusivamente a través de los puntajes del Enfoque Diferencial y las reglas de desempate.
En esta fase, la convocatoria sumaba un bono directo de 3 puntos por el hecho de ser mujer (sexo femenino en la cédula). Adicionalmente, el reglamento fijó el subcriterio de mujer como el segundo criterio de desempate, ubicándolo por encima de factores de vulnerabilidad socioeconómica como la clasificación en el Sisbén IV (grupos A, B o C) o la pertenencia a municipios PDET/ZOMAC.
Esta jerarquización produjo distorsiones socioeconómicas en el puntaje de corte (91 puntos):
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176 becas se decidieron a favor de mujeres por el desempate de género sin que acreditaran Sisbén, pertenencia a municipio PDET/ZOMAC ni condición étnica.
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Por el contrario, ningún hombre fue financiado sin acreditar al menos tres o más condiciones de vulnerabilidad adicional (tales como provenir de una Institución de Educación Superior pública, Sisbén o zonas de conflicto).
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Aspirantes masculinos en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad socioeconómica certificada quedaron excluidos en el corte de desempate a pesar de contar con el mismo puntaje técnico y provenir de universidades públicas.
Inconsistencias operativas y la respuesta de la plataforma
A los cuestionamientos de fondo sobre la equidad de las reglas se sumaron fallas en la adjudicación de los desempates por parte de la plataforma tecnológica del Ministerio. Decenas de aspirantes mujeres interpusieron acciones de tutela al evidenciar que, pese a registrar su condición de género, el sistema les asignó de manera arbitraria el criterio de «Desempate por fecha y hora de registro», postergándolas frente a otras candidatas con idéntico puntaje a quienes sí se les aplicó el rotulado explícito de desempate por mujer.
Ausencia de estudios técnicos y opacidad administrativa
Uno de los hallazgos más contundentes es que Minciencias carece de sustento técnico para la regla aplicada. Mediante los Oficios No. 20260066445S y No. 20260068265S, la propia entidad reconoció formalmente por escrito que:
1) No existe un estudio técnico, actuarial o modelo matemático que justificara por qué se asignaron 3 puntos directos al subcriterio de género ni por qué se ordenaron los desempates de esa manera.
2) No se analizaron ni simularon alternativas antes de la apertura de la convocatoria para prever sus efectos.
3) No existieron memorandos técnicos ni conceptos jurídicos directos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica sobre la ponderación.
Esta documentación salió a la luz únicamente luego de que un juzgado de Montería declarara a la cabeza de la cartera en desacato dentro de un trámite de tutela, imponiendo una sanción en consulta.
La herencia para la nueva administración y la cohorte 2027
La expedición de la Resolución 0714 el 31 de julio de 2026, con la entonces ministra Yesenia Olaya (foto izquierda) dejó en manos del nuevo gobierno —encabezado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por Claudia Benavides Salazar (foto derecha)- un proceso administrativo sumido en una alta conflictividad.
Actualmente, el portal de la convocatoria registra más de 50 acciones de tutela tramitadas en juzgados de todo el país. La nueva administración enfrenta la responsabilidad legal y administrativa de resolver los cientos de recursos de reposición pendientes para determinar si el Banco Definitivo adquiere firmeza.
El asunto cobra urgencia institucional para la comunidad universitaria de cara a la cohorte de 2027, la cual está proyectada para ejecutarse bajo las mismas reglas de juego. Mientras diversos colectivos de aspirantes preparan demandas de nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado invocando la violación de los artículos 13 y 43 de la Carta Política, sectores académicos le piden al Ministerio aclarar formalmente si se corregirá el diseño metodológico antes de comprometer los recursos de las siguientes vigencias.