María Cristina Parra Sandoval (Universidad de Zulia), analista de la educación superior en nuestro continente, reflexiona sobre las condiciones nacionales y esfuerzos institucionales que deben darse para impulsar una reforma a la educación superior, a propósito de las discusiones que ha tenido Colombia al respecto.
La prudencia debe guiar el análisis de una situación que es propia de un país diferente al nuestro, de tal manera que, más allá de intervenir de manera directa en una discusión interna que pudiera implicar la toma de posición política, mis reflexiones sobre la educación superior colombiana y su reforma, van orientadas por la condición histórica y latinoamericanista derivada tanto de la pertenencia común de nuestros países a la región latinoamericana y caribeña, como del hecho de que Colombia y Venezuela están estrechamente vinculadas por un pasado común, lo cual imprime una huella que ni las disputas o enfrentamientos más virulentos de los gobiernos de ambos países, pueden ignorar y mucho menos, borrar; además, esta realidad también está marcada por la innumerable cantidad de intercambios comerciales, culturales y demográficos, presentes en nuestra dinámica cotidiana.
Universidad siglo XXI y desarrollo
No voy a remontarme a la historia acerca de los inicios de la universidad, para justificar el papel que esta institución milenaria ha jugado en la sociedad, porque es un tema bastante documentado, pero sí quiero enfatizar que en cada momento histórico ese papel ha estado orientado de diferentes maneras, de acuerdo con las condiciones económicas, políticas y sociales de la época.
Así, puede decirse que en el siglo XXI, este papel adquiere una connotación específica que corresponde a varias particularidades de la sociedad contemporánea: globalización, sociedad del conocimiento y la información, cambios profundos en el paradigma de la producción de bienes y servicios y, sobre todo, aunque muy relacionado con lo anterior, la transformación que significa el nuevo papel del conocimiento como palanca clave para generar riqueza y lograr el desarrollo.
En este sentido, el contexto general en el cual tenemos que pensar en la reforma universitaria en América Latina, nos exige reconocer que, siendo la universidad en nuestra región el escenario por excelencia para la generación de conocimiento, como se ha demostrado en informes de los organismos internacionales (IESALC, CINDA, RICYT), esta institución está llamada a constituirse en motor del desarrollo de los países de la región, siendo mediadora y ‘puente’ en las tensiones entre el conocimiento global o lo que también podríamos definir como ‘corriente principal de la ciencia’ y las necesidades, condiciones y características de lo local, incluyendo el conocimiento localmente producido.
La universidad latinoamericana no puede abstraerse de la dinámica generada en el mundo globalizado, pero tampoco puede ignorar la realidad que le es más inmediata y en la cual la desigualdad social, la pobreza, la precariedad educativa, en una palabra, el subdesarrollo, siguen siendo características que sobresalen en nuestras sociedades.
A partir de este escenario y, manteniendo en mente que el objetivo final de cualquier reforma tiene que ser el de constituir la educación superior en abanderada en la superación del subdesarrollo, los aspectos que considero clave para formar parte de una agenda de reforma universitaria en la universidad latinoamericana son: acceso- gratuidad- equidad, calidad, actores, gobierno y gobernabilidad, financiamiento. Este orden no implica en ningún momento grado de importancia o gravedad ni establece prioridad para su abordaje.
Acceso-gratuidad-equidad
En la segunda mitad del siglo XX, la universidad latinoamericana –en términos generales- pasó de ser una institución de elites a una de masas. No obstante, en la región todavía es relativamente escasa la presencia en la universidad, de los sectores menos favorecidos. En algunos casos incluso hay una sobre-representación de los sectores con mejores condiciones socio-económicas (Chiroleu, 2011), con lo cual aun cuando efectivamente se ha incrementado la matricula, sigue estando presente la exclusión de importantes sectores de la sociedad. Sin embargo, este es un tema que tiene varias aristas.
En primer lugar, es responsabilidad del Estado ratificar que el derecho a la educación, como principio al cual han adherido todos los países de la región, sea efectivo para esos sectores menos favorecidos, no solo en cuanto a garantizarles el acceso a la universidad, sino en asegurarles el goce real de ese derecho, desde la escuela inicial hasta la educación superior. En segundo lugar, el ejercicio de ese derecho requiere la garantía de la permanencia regular del estudiante en la institución, porque tiene satisfechas sus necesidades básicas de vivienda, alimentación y transporte, así como de los recursos que le permitan rendir adecuadamente en sus estudios, de tal manera que en la medida de lo posible se disminuyan las desigualdades desde el comienzo del proceso de formación. El adecuado cumplimiento por parte del Estado de esta garantía no puede tampoco ser la razón que justifique el acceso irrestricto. No obstante, hasta ahora las distintas pruebas que se aplican en los países para la selección de los estudiantes, tampoco han demostrado ser efectivas, sobre todo porque sus resultados están asociados a los antecedentes familiares, educativos y económicos de los estudiantes, de allí que si el objetivo es responder a la inequidad, estas pruebas tendrán que ser revisadas, ya que de su aplicación ha resultado la profundización de la desigualdad.
Es necesario encontrar el mecanismo por el cual el ingreso del estudiante pueda ser avalado de acuerdo con sus expectativas, sus aptitudes y vocación, no solo al momento del ingreso sino durante por lo menos los dos primeros años de su carrera, periodo en el cual hay evidencias de que el problema se produce con mayor fuerza (Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior, 20012).
Un aspecto asociado al tema del acceso es el de la gratuidad de la educación superior. Muchos países latinoamericanos históricamente han mantenido este concepto que obvia absolutamente el pago de matrícula o establece un pago que por su cuantía es efectivamente simbólico. En algunos países como Chile, Costa Rica y Colombia existe el pago de matrícula. Aunque este tema lo retomaré al discutir el de financiamiento, sí creo importante señalar que la experiencia indica que en aquellos países donde se ha logrado instaurar el pago de matricula como una manera de recuperar costos esto ha tenido como consecuencia un aumento en la segmentación del acceso a la educación superior y por ende, mayor desigualdad[1]. Esta experiencia debe ser considerada con detenimiento en un proceso de reforma universitaria que se supone tiene como una de sus metas la equidad en el acceso.
Calidad
El tema de la calidad de la educación superior ha estado presente en la discusión en torno a las reformas y las políticas educativas que las impulsan. Se ha planteado que existe una tensión entre acceso y calidad, dos de los objetivos que las políticas públicas han perseguido en las últimas décadas en América Latina, lo cual ha conllevado a que en algunos casos se haya privilegiado uno en detrimento del otro, sobre todo porque no se ha llegado a un consenso en torno a qué concepto de calidad se asume en cada país en particular, en tanto es un concepto multidimensional no solo en su definición, sino en su alcance y fines.
Lo que sí está claro es que la calidad no puede ser impuesta desde otras instancias que no sean las involucradas o interesadas en la educación superior, y su definición en un momento dado debe responder a las necesidades y condiciones específicas del contexto y de la propia institución de educación superior. En otras palabras, una mayor cobertura educativa no puede estar divorciada de un concepto de calidad que reconozca la necesidad de ofrecer una educación integral, pertinente y actualizada para atender a la creciente población estudiantil. Para lo cual, se debe prever la existencia de los recursos necesarios en las instituciones de educación superior, que establezcan en su misión, como prioridad la formación académica, de tal manera que una mayor inclusión no se traduzca en profundización de la segmentación y el empobrecimiento material y cultural de los sectores menos favorecidos de la población (Inciarte, Parra-Sandoval y Bozo, 2010).
Por otra parte, si la institución tiene como misión prioritaria la generación de conocimiento por la vía de la investigación, los criterios de calidad que intervienen deben ser aquellos que garanticen la producción de un conocimiento pertinente, pero que también suponga un aporte al conocimiento universal. Probablemente este tipo de institución de educación superior deberá atender a un número menor de estudiantes, dadas sus características, de tal manera que se responda con calidad, a un proceso que también ha estado presente en la educación superior latinoamericana y mundial, como lo es el de la diferenciación institucional, la cual en nuestra región se ha caracterizado más por la segmentación de la calidad y de los sectores sociales atendidos, que por responder con calidad a las distintas misiones que cada institución de educación superior tiene.
Actores
Tradicionalmente se ha considerado que los actores involucrados en el proceso de la educación superior son los estudiantes y los profesores. Esto se explica si observamos que en sus orígenes la universidad estaba fundamentalmente vinculada a estos actores además de la presencia del Estado y de la Iglesia, como actores externos cuya mayor o menor incumbencia en los asuntos de la universidad, dependía de otras circunstancias. Esta condición, con matices por supuesto, permaneció casi inalterada hasta mediados del siglo XX, cuando se producen un conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas, que en el caso de la educación superior supusieron el replanteamiento del papel de los estudiantes, de los profesores y del Estado y la emergencia de nuevos actores como las comunidades, las familias y el sector productivo de la sociedad.
Se espera que su presencia implique un alto grado de compromiso con la institución y con todo el proceso de educación superior. Su involucramiento supone una participación que puede explicarse como un proceso que se da en doble vía: desde dentro de la institución se responde a las exigencias de formación, de producción de conocimiento, de oferta de soluciones a las necesidades locales y desde fuera se hacen requerimientos, pero también se proporciona conocimiento, construido en espacios comunitarios o de producción de bienes y servicios, se asume responsablemente la cuota-parte de financiamiento que corresponda de acuerdo con condiciones previamente establecidas[2], se participa en la definición de aspectos clave del funcionamiento de la institución de educación superior como por ejemplo, la rendición de cuentas, la definición de la misión de la institución y del concepto consensuado de calidad al cual debe responder.
En otras palabras, se trata de que la vida y funcionamiento de la institución de educación superior no le sea ajena a la comunidad, a las familias de los estudiantes, al sector productor de bienes y servicios tanto como a los estudiantes y profesores. Al mismo tiempo, el Estado debe ser el ente regulador de la educación superior y no el de interventor. Paradójicamente, esto supone un Estado fuerte, activo y eficiente.
Gobierno y gobernabilidad
En primer lugar, es necesario aclarar qué se entiende por gobierno y por gobernabilidad a los fines de este aporte a la discusión en torno a la reforma de la educación superior. Definimos como gobierno a las estructuras formales y legalmente establecidas para regir el funcionamiento de las instituciones de educación superior, mientras que gobernabilidad es un concepto que alude a la dinámica del funcionamiento de las estructuras de gobierno, en el marco de la legitimidad de origen del ejercicio del poder para el logro de la misión y los objetivos de la institución.
En este sentido, la tradición en América Latina indica que el gobierno universitario en términos generales ha mantenido el modelo colegiado impulsado desde la Reforma de Córdoba, sin embargo la experiencia señala que en gran medida esta forma de gobierno ha alcanzado grados de ingobernabilidad que con mayor o menor intensidad están presentes en la mayoría de las instituciones de educación superior de la región.
De tal manera que la reforma de la educación superior pasa por la revisión de esta forma de gobierno universitario y, en consecuencia, de las condiciones que hacen posible la gobernabilidad de la institución, bajo esa forma de distribución del poder. Ello requiere reconocer la injerencia de los factores corporativistas ajenos a la vida estrictamente académica, que han intervenido de manera consuetudinaria en la universidad latinoamericana, para neutralizar, en la medida de lo posible, su influencia. Para ello se requiere que haya una legitimidad de origen ganada no a partir de alianzas y negociaciones con esos elementos extraños a la vida académica, sino obtenida por la demostración de méritos académicos y/o profesionales.
Por otra parte, las condiciones que impone el hecho real de la participación de otros sectores –comunidades, empresas, organizaciones no-gubernamentales- en la vida universitaria sugiere la necesidad de tomar en cuenta su participación en los organismos de gobierno universitario. En este sentido, conviene señalar que esa participación no puede ser igualitaria en la toma de decisiones, pero sí debe materializarse por esa vía el compromiso que anteriormente señalamos que tienen estos nuevos actores.
Financiamiento
Este es quizás uno de los temas más álgidos para la educación superior latinoamericana, toda vez que históricamente la universidad pública ha mantenido con el Estado una relación azarosa, en un enfrentamiento casi permanente por la obtención de mayores recursos, en un escenario en el cual estos son escasos. Las instituciones aumentan su cobertura, pero los gobiernos mantienen un financiamiento que no aumenta en la misma proporción. Así, aunque los organismos internacionales, tales como la UNESCO, recomiendan que el Estado aporte de manera significativa recursos financieros a la educación superior, fundamentalmente a las instituciones del sector oficial, la tendencia es a que este disminuya. En el caso colombiano, según el Informe de CINDA (2011) el financiamiento estatal en los últimos años se ha mantenido constante, lo cual representó en 2010 solo el 55% del total.
Ahora bien, en un contexto de escases de recursos, tanto las instituciones como el Estado deben encontrar salidas, en las cuales se parta de algunas premisas indiscutibles: 1°) la garantía del acceso sin más limitaciones que las que se deriven de las aptitudes y vocación de los estudiantes, 2°) la autonomía de las instituciones y la libertad de cátedra que no pueden estar sometidas a otros dictados que no sean los que se derivan del reconocimiento y respeto de la pluralidad de pensamiento, de tal manera que se garantice que intereses económicos no interferirán en el desarrollo de la docencia y de la investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, pienso que una reforma universitaria debe establecer la obligación que tiene el Estado en el financiamiento de la educación superior, pero también el compromiso que tienen que asumir estos actores que reclaman mayor intervención en la vida universitaria y que de una u otra manera disfrutan de los beneficios de la formación de profesionales, de la generación de conocimiento y del aporte que hacen las instituciones a la vida de la sociedad. En particular me refiero al sector empresarial, pero también a las familias cuyos recursos económicos les permitieron sufragar que sus hijos acudieran a escuelas privadas de educación primaria y secundaria y que son privilegiados por una educación superior gratuita. Por supuesto, está demostrado que estos aportes no son tan significativos como para hacer depender de ellos el funcionamiento de la institución, pero son una ayuda importante que complementa el aporte mayoritario que debe seguir haciendo el Estado.
Una reflexión final
Hasta aquí he tratado de sintetizar mis comentarios sobre algunos de los puntos que a mi manera de ver sobresalen en la discusión sobre reforma universitaria en América Latina y, probablemente, también en Colombia. Como señalé al principio no sería correcto de mi parte ir más allá de lo que mi limitado conocimiento de la situación de la educación superior colombiana me indica. Debo decir además que estas ideas están formuladas pensando en la universidad pública, aunque algunas de ellas serían aplicables a las privadas. Pienso que es la universidad pública la que está llamada a liderizar todo proceso de reforma universitaria y de educación superior en general y marcar la pauta a seguir. En tal sentido, los Estados latinoamericanos están llamados a preservar la universidad pública y, al mismo tiempo, a promover su transformación para responder a los retos que plantea el mundo contemporáneo.
Referencias
Chiroleau, Adriana (2011) La Educación Superior en América latina: ¿Problemas insolubles o recetas inadecuadas? Avaliação. Vol. 16, N° 03. Pp. 631-653.
CINDA (2011) Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2011. Chile.
Inciarte, Alicia, Parra-Sandoval, María Cristina y Bozo de Carmona, Ana Julia (2010) Reconceptualización de la universidad. Una mirada desde América Latina. Ediciones Astrodata: Maracaibo, Venezuela.
Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior-SPADIES (2012) Deserción Estudiantil. http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2
[1] En este sentido el caso chileno es el más emblemático en América Latina.
[2] Este es un tema álgido del cual hablaré posteriormente.
