Abril 8/26 Pese a que el Consejo Superior le había ordenado acatar un fallo de tutela para restituir al vicerrector de Bienestar, el rector Rafael Ángel Castillo Pacheco (foto) ha sido renuente a acatar el fallo judicial ahora deberá enfrentar un día de arresto.
Lo que comenzó como una reestructuración interna tras la llegada de Rafael Castillo Pacheco a la rectoría (e) de la Universidad del Atlántico, se ha transformado en un incendio jurídico y político que amenaza con llevar al directivo a detención policial. El Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Colombia, bajo la firma del juez David Andrés Arboleda, ha ordenado un día de arresto y una multa económica, de $1.750.905, contra Castillo por el incumplimiento sistemático de un fallo de tutela.
El origen de la disputa
El conflicto se centra en Álvaro González Aguilar, exvicerrector de Bienestar Universitario, quien obtuvo la segunda mayor votación en la consulta para rectoría con casi 4.000 sufragios, y que, con la rectoría de Castillo fue apartado de su cargo para dar paso a Wilson Quimbayo, cercano a las líneas del Gobierno Nacional, al igual que el actual rector. Sin embargo, la justicia determinó que a González se le vulneraron sus derechos fundamentales fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, agravados por una delicada condición cardíaca que le otorga estabilidad laboral reforzada.
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La “trampa” del cumplimiento
A pesar de que un fallo de tutela del pasado 10 de febrero le exigía a Castillo reintegrar a González inmediatamente en un cargo de igual o superior jerarquía, la administración de Castillo Pacheco ha intentado maniobras que el juez calificó como insuficientes. La Universidad propuso reubicar a González como “asesor” y recientemente anunció la creación de una nueva Vicerrectoría de Regionalización.
No obstante, la defensa de González y el propio juzgado han sido enfáticos: un cargo de asesor no posee el carácter directivo ni ejecutivo de una vicerrectoría. “Se han limitado a gestiones administrativas y solicitudes de información adicional que no constituyen el cumplimiento de la orden”, reza el auto judicial.
… y si la negación se mantiene?
Este último fallo le dio la razón a González para protegerlo, pero le advierte que tiene 4 meses para presentar una demanda formal ante un juez administrativo (la justicia ordinaria).
Si González demanda en esos 4 meses: Sigue protegido en su cargo hasta que el otro juicio termine. Si NO demanda la protección de la tutela se cae y la Universidad podría intentar desvincularlo de nuevo (siguiendo la ley).
Fuentes consultadas por El Observatorio de la Universidad Colombiana alertan que, independientemente del arresto y la multa, si el rector persiste en su negativa de devolverle el cargo a González, el panorama podría agravarse drásticamente:
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Aumento de la sanción: El arresto podría prolongarse si el desacato se mantiene en el tiempo.
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Responsabilidad Penal: La persistencia en la desobediencia abre la puerta a denuncias por fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión, delitos que conllevan penas de prisión y la pérdida definitiva del cargo.
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Ruptura con el Consejo Superior: El gobernador Eduardo Verano ya ha manifestado que el Consejo es respetuoso de los fallos. El desacato sitúa al rector en una posición de insubordinación no solo ante los jueces, sino ante sus propios superiores jerárquicos.
Mientras la Universidad intenta recuperar su normalidad académica tras periodos de interinidad, este pulso por la Vicerrectoría de Bienestar se convierte en el símbolo de una lucha de poderes.
