Por Jorge Yarce. Presidente ILL
En el cuadro del Foro Económico Mundial, que acaba de salir, en el que se revelan los factores que dificultan hacer negocios en Colombia, el primero de todos es la corrupción. Después le siguen la dificultad del acceso a la financiación, los impuestos y la ineficiencia burocrática del Estado.
Según Transparencia Internacional (medición de la percepción sobre corrupción en el sector público en más de 180 países en 2008), Colombia ocupó el puesto 70, con una calificación de 3.8 sobre 10 (donde 0 indica un alto nivel de corrupción y 10 un alto nivel de transparencia), por debajo de Chile con 6.9; Uruguay 6.9; Puerto Rico 5.8; Costa Rica 5.1; Cuba 4.3 y El Salvador con 3.9.
La Contraloría investiga presuntas irregularidades en el destino final de por lo menos $4 billones de los $ 23 billones en regalías que han recibido más de 150 municipios en los últimos 15 años.
El Zar Anticorrupción dijo hace poco que del total del presupuesto del 2009 (140 billones), 3.9 billones relacionados con la contratación pública estarían afectados por ese flagelo. Con esa plata se podrían construir 1.800 acueductos y dos mil alcantarillados para los municipios pobres, o dar auxilio de vivienda a 347 mil familias pobres o pagar la educación a 325 mil niños.
Transparencia por Colombia 2008 dice que 91% de los empresarios perciben que en el ejercicio normal de sus negocios está presente el fraude.
En la Procuraduría (2009) hay 37.533 procesos y 48.766 personas implicadas ,32 Gobernaciones y 818 alcaldes investigados y 327 Concejos Municipales investigados.
Como quien dice estamos rodeados y la cosa es casi de “Apague y vámonos”. Pero no podemos resignarnos. Hay que hacer un frente unido de la sociedad, el Estado, las universidades, las empresas y la ciudadanía para atacar lo que corroe al sistema y está relacionado con la violación de los derechos humanos, con las diferentes formas de violencia y con la afectación a la familia sobre quien recaen en último término los frutos de la corrupción.
No sólo para buscar la aplicación de la ley a los corruptos, sino, sobre todo, para promover la ética y la práctica de los valores en todos los niveles de la sociedad, única forma de que encontremos una solución sostenible, de largo alcance al problema. Y en ella, como en todos los verdaderos y grandes problemas del país, las universidades deben hacerse presentes.
Jorge Yarce – universidad@universidad.edu.co
