Mayo/26 Ardila, columnista de El Observatorio, indica que la crisis universitaria surge por rigidez y estandarización, por lo que urge recuperar flexibilidad, pertinencia social y adaptación real a las necesidades cambiantes de los jóvenes.
Los jóvenes, la Universidad y Unesco
La crisis no empezó con la falta de estudiantes, sino con el exceso de rigidez
Hay una paradoja silenciosa en la historia reciente de la educación superior en Colombia: las universidades crecieron, se consolidaron y transformaron regiones enteras en un momento en que el país contaba con menos recursos, infraestructura limitada, escasa conectividad y una cobertura estatal muy restringida. Sin embargo, justo cuando Colombia alcanzó su mayor número de jóvenes en la historia más de 12,5 millones comenzó a surgir el término “crisis universitaria”.
La pregunta que inevitablemente surge es incómoda: ¿cómo pudo el sistema universitario sostenerse y expandirse en las décadas de mayor precariedad económica y social, y por qué empieza a desmoronarse precisamente cuando el país cuenta con más bachilleres, mayor demanda educativa y mejores capacidades tecnológicas?
La respuesta obliga a revisar críticamente el modelo que comenzó a consolidarse desde 2010: el paradigma de la calidad entendida como estandarización.
A lo largo de gran parte del siglo XX, las universidades experimentaron un crecimiento significativo porque respondían a una necesidad histórica muy concreta. No eran instituciones perfectas, pero estaban profundamente arraigadas en las transformaciones sociales del país. La universidad regional, nocturna, técnica, confesional, pedagógica o profesionalizante surgió como respuesta a una juventud que demandaba movilidad social, presencia en el territorio y oportunidades de formación. En 1920, con apenas 1,5 millones de jóvenes y cerca de diez universidades en funcionamiento, la educación superior era un privilegio reservado para unos pocos. Sin embargo, a medida que Colombia se urbanizaba, industrializaba y se volvía más compleja, el sistema universitario también se expandía. No fue por moda ni por seguir indicadores internacionales, sino porque el país realmente lo necesitaba. Durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, cuando Colombia aún enfrentaba enormes déficits estructurales, surgieron universidades departamentales que acercaron la educación a regiones que históricamente habían estado excluidas. En los años sesenta y setenta, con el auge de la población juvenil, la universidad se transformó en un espacio de ascenso social y participación política. Y en las décadas de los ochenta y noventa, a pesar de las crisis económicas y la violencia interna, el sistema continuó creciendo, diversificándose y regionalizándose.
La expansión tenía una lógica bastante clara: había jóvenes y el país debía responder a sus necesidades. Por eso resulta un poco contradictorio que el discurso de crisis emergiera justo después de 2010, cuando Colombia alcanzó el pico de su ventana demográfica y contaba con casi 300 instituciones de educación superior. Lo que realmente cambió no fue la necesidad social de acceder a la universidad, sino la forma en que se concebía. A partir de esa década, el enfoque del sistema dejó de ser la ampliación flexible de oportunidades y se centró en la acreditación, la homogenización curricular, los rankings, los indicadores y los modelos estandarizados de calidad. La universidad comenzó a parecerse menos a una institución social y más a una organización sometida a auditorías constantes. Paradójicamente, en nombre de la calidad, muchas instituciones empezaron a perder su capacidad de adaptación.
La lógica de acreditación impuso estructuras administrativas cada vez más pesadas, mayores exigencias documentales y modelos académicos uniformes que, aunque bien intencionados, a menudo ignoraron las diferencias territoriales, económicas y culturales del país. Se empezó a evaluar con los mismos criterios a universidades metropolitanas consolidadas y a pequeñas instituciones regionales que atendían a poblaciones vulnerables en contextos completamente distintos.
La calidad dejó de ser vista como una cuestión de relevancia social y empezó a confundirse con el mero cumplimiento de procedimientos. Y así fue como comenzó a gestarse la crisis. Mientras el sistema se enredaba en discusiones sobre indicadores, miles de jóvenes seguían esperando respuestas concretas: programas flexibles, educación híbrida, conexión con el mundo laboral, trayectorias formativas menos rígidas, costos sostenibles y modelos que realmente comprendieran la realidad de quienes estudian y trabajan al mismo tiempo. En muchos casos, la universidad continuó diseñada para un estudiante ideal de tiempo completo, que ya no representa a la mayoría de los jóvenes colombianos. Es crucial volver a leer con atención lo que dice la UNESCO, no desde interpretaciones burocráticas, sino desde el profundo sentido de sus propuestas. Cuando la UNESCO afirma que la educación superior debe “adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y culturales”, no está defendiendo estructuras rígidas ni sistemas uniformes. Al contrario, advierte que las universidades no pueden quedarse estáticas ante sociedades en constante cambio. Al proponer la educación permanente como un principio fundamental, está sugiriendo flexibilidad, múltiples trayectorias, apertura de modalidades y democratización del acceso. Y cuando dice que “la educación superior debe replantearse su cometido y su misión”, está invitando a una revisión crítica de modelos que ya no funcionan, no a profundizar en esquemas de control administrativo. Sin embargo, en muchos contextos latinoamericanos, esos discursos terminaron reinterpretándose bajo una lógica de vigilancia técnica y estandarización institucional que redujo la diversidad universitaria a matrices comparativas. El problema no es la calidad; ningún sistema serio puede prescindir de ella. El verdadero problema surge cuando la calidad se desconecta de la realidad social.
Porque una universidad que es relevante en Bogotá no necesariamente lo será en Chocó, La Guajira o Putumayo. A veces, una institución más pequeña que realmente transforma su entorno puede ser socialmente más valiosa que una universidad que solo se preocupa por los rankings internacionales. Además, la verdadera crisis en la educación superior no se limita a los problemas financieros de las instituciones, sino que también refleja la incapacidad del sistema para entender a la nueva generación de estudiantes. Hoy en día, Colombia cuenta con más jóvenes conectados, una mayor diversidad cultural, más necesidades de reconversión laboral y más cambios tecnológicos que en cualquier otro momento de su historia.
Intentar responder a estas realidades con modelos académicos rígidos, diseñados para el siglo XX, es en sí mismo una contradicción. La crisis universitaria actual no puede ser vista solo como un problema de cobertura o sostenibilidad financiera. Es, sobre todo, una crisis de cómo interpretamos el presente. Mientras millones de jóvenes anhelan un sistema educativo flexible, cercano y relevante, gran parte de la educación superior sigue respondiendo a un imaginario creado desde escritorios técnicos, desconectados de la realidad de los territorios.
Quizás la solución no sea endurecer requisitos, multiplicar formatos o complicar indicadores. Tal vez el camino a seguir sea recuperar la capacidad histórica que tuvo la universidad colombiana durante décadas: adaptarse a la sociedad en lugar de forzar a la sociedad a adaptarse a ella.
Porque la universidad prosperó cuando realmente entendió a los jóvenes, y comenzó a entrar en crisis cuando empezó a medirlos más de lo que los escuchaba y cuando pretenden que las pruebas de ingreso deben desaparecer, porque eso, es democracia.
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FERNANDO ARDILA PATIÑO, Licenciado en Educación física, Especialista en Gerencia de Mercadeo, Máster en administración Gerencial. Docente universitario desde 1996, directivo de programas, estudioso de la normativa en educación superior, (registro calificado y acreditación) pedagogía y didácticas para el mismo sector, estructurador de proyectos.
