La delicada gobernabilidad de las universidades públicas con el cambio de gobernadores

Nov 5/19 En 14 universidades públicas departamentales es el gobernador quien preside el Consejo Superior y decide los recursos para dichas IES, convirtiéndolas en un instrumento del gobierno de turno.

En la foto (con carácter ilustrativo), el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en calidad de presidente del Consejo Superior de Uniquindío, toma posesión, a uno de los consejeros, en presencia del rector José Fernando Echeverri.

El cambio del mapa político del país, con la elección de nuevos gobernadores el pasado 27 de octubre, tiene tranquilos a algunos rectores y preocupados a otros, pues del nivel de amistad, cercanía y relacionamiento entre los actuales rectores con los nuevos gobernadores dependerá en gran medida los recursos tradicionales o nuevos que la universidad pueda recibir a partir de 2.020.

Esto sin contar la incidencia política, en unas más y en otras menos, del gobernador, que en algunos casos “cobra” sus favores (obligaciones) presupuestales con cargos directivos y en la planta de la IES.

Es decir, los planes de desarrollo o la continuidad de posibles buenos gobiernos rectorales quedan condicionados por una agenda política, y la gestión rectoral depende -en gran medida- de su habilidad para granjearse la amistad y chequera del gobernador de turno.

Las universidades oficiales departamentales, son personas jurídicas autónomas, en las que gran parte de sus recursos provienen de las transferencias que el respectivo departamento les entregue, bien como recursos de funcionamiento o de inversión.

Las universidades públicas de carácter departamental son: Valle, UIS, Antioquia, Atlántico, Cartagena, Cundinamarca, Tolima, Francisco de Paula Santander, Pamplona, Guajira, Magdalena, Quindío, Sucre y Nariño.

Unos casos, a manera de ejemplo, sirven para ilustrar esta situación:

En Uniatlántico la comunidad universitaria, auto-encabezada por Roberto Figueroa como representante de los profesores en el Consejo Superior, ha dicho que no acepta el nombramiento de Jorge Luis Restrepo Pimienta como rector (e), tras la renuncia de Carlos Prasca, porque considera que es la continuidad del poder de la familia Char, que inicialmenete ha tenido con el gobernador Verano de la Rosa, con el rector Prasca y ahora con la nueva gobernadora, Elsa Noguera.

En el Tolima, gran parte de la recuperación financiera de esa universidad se ha dado por el apoyo financiero del saliente gobernador Oscar Barreto. Hay que esperar a conocer las jugadas del nuevo gobernador.

En Santa Marta hay algo de preocupación en la Universidad del Magdalena por la elección del exrector de esa Universidad y exalcalde, Carlos Caicedo, como nuevo gobernador, pues éste no es de la misma línea ideológica del actual rector, Pablo Vera, y su equipo de trabajo, que han contado con el pleno apoyo de la gobernadora Rosa Cotes. Dicha Universidad buscará nuevo rector, o la reelección en 2.020, y el gobernador jugará un papel clave.

La Universidad de La Guajira, por su parte, sigue acumulando meses de retraso en los aportes de la gobernación, y la llegada de un nuevo gobernador puede ser una esperanda o, por el contrario, la continuidad de una pena que alarma con la anormalidad académica.

Las restantes 17 universidades públicas han sido creadas de carácter nacional, de tal manera que reciben más transferencias y están menos permeadas por prácticas politiqueras de carácter regional. Lo que no significa que no las hayan padecido. Universidades del orden nacional como las del Pacífico, Llanos, Surcolombiana, Chocó, Cesar y UPTC, entre otras, también han sido escenario de batallas politiqueras en los últimos años.

La universidad pública número 32 es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, que es la única universidad del país del orden municipal; es decir, es el alcalde mayor de Bogotá (en este caso será la nueva alcaldesa, Claudia López), quien presidirá su Consejo Superior.

Y esta tensionante situación no pasa únicamente en las universidades públicas. También se presenta en las IES oficiales que no son universidades, que también entran a depender del gobierno de turno. Un ejemplo muy claro es el que sucede en Antioquia. Los rectores del Tecnológico de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid deben buscarse la amistad del gobernador de turno, para no ser políticamente castigados con malos manejos en la Asamblea o la Gobernación, mientras que los rectores del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, el Colegio Mayor de Antioquia y la Institución Universitaria Pascual Bravo deben hacer lo mismo con el nuevo alcalde de Medellín.