El Observatorio de la Universidad Colombiana




La difícil tarea de dar gratuidad con poco o veleidoso apoyo gubernamental

Abril 21/21 Pandemia impulsó beneficios a estudiantes, pero hacer permanente la matrícula cero es difícil en la U. pública, y menos en IES como Unimagdalena, donde el apoyo gubernamental es cambiante.

Cada universidad pública recibe recursos de distintas fuentes y niveles de Gobierno, pues así está diseñada la Ley 30 de 1992, y la opinión pública y alumnos (no tienen por qué) no entienden la razón por la cual algunos estudiantes son beneficiados con matrícula cero en su totalidad, otros lo reciben en un porcentaje del valor y otros se benefician según su estrato, pues esto depende no de una apuesta de política pública sino de los recursos que, individualmente, pueda agenciar cada universidad.

En el país, las universidades públicas son -por su origen y estructura de gobierno- de naturaleza municipal (como la Distrital, en Bogotá, presidida por la alcaldesa Claudia López como presidenta del Consejo Superior), departamentales (como la de Antioquia y la Industrial de Santander, presidida por el respectivo gobernador) y del orden nacional (como la Nacional de Colombia y la UNAD, entre otras, presididas por el Ministerio de Educación en sus Consejos Superiores), y de eso depende en gran medida que, además de los recursos de transferencias del orden nacional, otras  logren recursos adicionales de la respectiva gobernación o municipio.

Además, los aportes del Estado no responden a un criterio equitativo de número de estudiantes, programas, egresados o gestiones varias, sino a una evolución inercial de las transferencias con el tiempo, sin importar el desempeño de las mismas. Así, puede haber universidades acreditadas que reciben menos que alguna no acreditada, así como hay algunas no acreditadas que, por esos pocos recursos históricos que reciben, no han podido acreditarse por lo que representa esa inversión.

Todo esto ha hecho que, en muchos casos, recibir beneficio de gratuidad plena (que ha venido a llamarse matrícula cero), depende de la región y de la universidad a la que se acceda, esa es la realidad en Colombia, así algunos consideren esto como injusto e, incluso, afirmen que eso no responde al concepto de universidad pública. Si es pública, dicen, debería ser gratuita y de libre acceso.

A manera de contexto, mientras que la Universidad Nacional de Colombia es la institución pública que más recursos por estudiante recibe al año, ésta no garantiza la gratuidad, y otras universidades que reciben muchos menos recursos del Estado, como las de Nariño, Cauca, Tolima y Córdoba, entre otras, han contado con un abierto respaldo de sus gobernadores para impulsar la gratuidad de la mayoría de sus estudiantes.

También es clave considerar que muchos de estos respaldos de las gobernaciones tienen un fuerte componente de cercanía, amistad y relacionamiento político con el rector de turno. Eso explica por qué a veces ciertas universidades pasan de la gracia a la desgracia, o viceversa, con los cambios de gobernación y, por ende, la pérdida o no de aportes.

En otras universidades, como la de Antioquia, por ejemplo, hace casi dos décadas existe como política oficial del departamento la gratuidad consagrada para los estratos más bajos, mientras que la UNAD, siendo del orden nacional, recibe muy pocos recursos del Estado para sus estudiantes, pese a tener una cobertura nacional.

El caso de la Universidad del Magdalena

Santa Marta y el Departamento del Magdalena representan una de las regiones con más preocupantes indicadores de pobreza, exclusión y baja cobertura educativa, y su universidad pública, la del Magdalena, es del orden departamental (el gobernador preside el Consejo Superior).

No obstante, pese a que el gobernador actual (Carlos Caicedo) fue rector de Unimagdalena, no ha sido fácil que dicha Institución obtenga el respaldo necesario para apoyar el estudio permanente de sus cerca de 20 mil estudiantes.

Su actual y re-elegido rector, Pablo Vera Salazar (foto), ha mostrado que pese a sus resultados da calidad (acreditada institucionalmente y en espera de reacreditación), aumento de estudiantes y masificación para llegar a decenas de municipios del departamento, la Gobernación no aporta de manera suficiente y consistente los recursos para aumentar la cobertura del departamento (que no llega al 30 %).

Además, pese a que la mayoría de sus estudiantes viven en la capital, esta universidad, de 62 años de fundada, nunca ha podido contar con el respaldo económico de la Alcaldía de Santa Marta.

Cuando inició la pandemia, y previo al proceso de elección o re-elección de rector, el gobernador Caicedo (quien apoyaba al rival de Vera Salazar, el profesor Francisco García), propuso que la universidad diera el 100 % de gratuidad con recursos de la IES, a lo cual se opuso Vera por la sencilla razón de que eso significaba afectar la viabilidad financiera de la Universidad y sus apuestas de calidad.

En el segundo semestre académico del 2.020 los estudiantes contaron con matrícula cero, gracias a un 50 % de recursos de la propia Universidad (que debió reajustar su presupuesto), un 25 % con recursos que otorgó el Ministerio de Educación Nacional y otro 25 % que finalmente entregó la gobernación de Carlos Caicedo, tras crear un Fondo para la Gratuidad de la Educación Superior Pública en el Departamento del Magdalena, o FONGES, que busca beneficiar estudiantes hasta el estrato 4 de la región, prioritariamente.

Caicedo, políticamente defensor del discurso de la gratuidad educativa, no logró regresar a la rectoría de Unimagdalena a través de su candidato, y entonces extendió su discurso de beneficios educativos a otras IES.

El problema de la definición de respaldos en cabeza de gobernantes, pero no consignados en una política pública, hace que para cada periodo deban negociarse los recursos.

A hoy, en el caso de Unimagdalena, el beneficio, para este primer semestre de 2.021 y que vale más de 12 mil millones de pesos, está en veremos. El proceso de matrícula ya empezó y aún no hay respuesta de si va a ver o no respaldo de parte del gobierno departamental y municipal. El Ministerio de Educación mantuvo su aporte, aunque en menor proporción, y restringido a los nacidos en Santa Marta y de estratos 0 y 1, y la Universidad da el 50 %, pero no ha sido posible que la gobernación de Caicedo o la Alcaldía de Virna Johnson Salcedo (ambos son del mismo grupo político) se comprometan con recursos, pese a las diversas promesas, y a que el gobernador Caicedo, en marzo pasado, confirmó que destinaría $6.382 millones para el Fondo para la Gratuidad, de los que aún no se ha detallado su distribución.

Por ahora, gracias a la gestión de algunos estudiantes, se avanza en un diálogo para ver si la alcaldía, finalmente, destina recursos.

También es llamativo que, adicional al FONGES, la Gobernación impulse otros programas, como el de Becas a la U, que inicialmente está pagando los estudios de mil estudiantes en la UNAD y en la Institución Universitaria Digital de Antioquia, y que la mayoría de las otras IES que piensa patrocinar (para un proyecto de 30 mil becas en 4 años) sean foráneas a la región (Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico, Universidad Industrial de Santander –UIS- y Colegio Mayor de Antioquia). También menciona a la Universidad del Magdalena y el Infotep, de Ciénaga, pero éstas aún no reciben parte de los recursos.

El panorama señala que, lamentablemente, la asignación de recursos de parte de algunos gobernadores y alcaldes, está mediado más por criterios políticos que de pertinencia y de coherencia frente a las propias IES y su región, y que la gestión rectoral, más allá de lo académico, debe orientarse a buscar alianzas con alcaldes de varios municipios para que, por lo menos, estos financien a sus estudiantes, como ha venido haciendo Vera, quien no restringe los auxilios a los nacidos en la región y da gratuidad también a los oriundos de otros departamentos.

El problema, adicional, es que no se sabe cuánto más durará la pandemia y, terminándose o no ésta, si se puede consolidar una voluntad política y los suficientes recursos económicos para apoyar la matrícula cero para los estudiantes de la universidad pública.

Los actuales estudiantes logran asegurar su estudio por semestre, a medida que se obtienen los recursos, pero no tienen asegurados los beneficios para toda la carrera.

El Gobierno Nacional, por su parte, ha dicho que espera contar con recursos suficientes derivados de la reforma tributaria que ha propuesto al Congreso para financiar la gratuidad de de 700 mil estudiantes de estratos bajos en la universidad pública, pero no parece haber ambiente para su aprobación por lo que significa aumentar la tributación.

Además, y eso es la parte no contada de la historia, habría que considerar el impacto que generaría en la demanda la posible gratuidad total, y allí podría estar complicado el panorama de capacidad de atención y recursos para más estudiantes de otras IES o de otras regiones que se desplacen, así como para los técnicos, tecnólogos y de formación para el trabajo, que también querrán demandar estos derechos.

Complejo panorama para gestionar cobertura y calidad en un ambiente de incertidumbre, restricciones presupuestales, manejos políticos e inequidad en asuntos técnicos.

Compartir en redes