Felipe Cárdenas, columnista de este Observatorio, ahora analiza el tema de las competencias y de cómo en la política pública estamos ante evidentes contradicciones sobre la concepción del papel del Estado en su lectura de los procesos educativos.
La Ley 115 de 1994 de Educación Nacional de Colombia, en concordancia con el espíritu de la Constitución de 1991 estableció desde una loable concepción educativa que: <<La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (Art.1)>>.
Desde aquel entonces se han sucedido nueve mandatos presidenciales en Colombia. El mundo y nuestro país se han transformado enormemente desde aquellos días a la promulgación de la Constitución y de la Ley 115. De un planeta sin redes e internet, pasamos a vivir una revolución cultural de orden global inédita en la historia humana que cambió nuestras vidas y las seguirá cambiando dada la evolución de la informática y la co-construcción de la realidad virtual que ha generado el campo cibernético.
La educación en Colombia ha estado dominada desde el año 2002 por la noción de competencias que ha impulsado el Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde su apropiación del concepto, cuya construcción ideológica ha sido fundamentalmente el resultado de desarrollos educativos liderados por organismos internacionales: la OCDE, la Comisión Europea, el Acuerdo de Bolonia, organizaciones que a su vez copiaron el enfoque de la educación para el trabajo impulsada desde los Estados Unidos de América, y cuya concepción desdibujó totalmente el sentido de la educación como formación en su definición anclada en la filosofía educativa en sus diversas antropologías (Léase Edith Stein, Barrios Maestre, Freire, Chomsky, Duch, Fullat).
El MEN, desde el año 2002 hasta la fecha ha sido muy cuidadoso en presentar la noción de competencias ciudadanas, ‒categoría inexistente en el desarrollo conceptual de la Ley 115‒, como la expresión de un desarrollo normativo e institucional resultado de un amplio proceso participativo que ha estado en sintonía con los principios fundamentales que marcaron los significados de la Constitución de 1991.
A las personas que venimos estudiando los temas de la educación en Colombia no deja de sorprendernos, las contradicciones semánticas y de sentido que la noción de competencias ciudadanas y competencias en general vienen ocasionando en el campo de la educación en Colombia, precisamente desde el horizonte del espíritu constitucional del 1991. El discurso público sobre educación está plagado de eufemismos y figuras retóricas que muestran a un MEN con varios rostros y personalidades. Por un lado, se quiere mostrar como la autoridad educativa que dialoga con todas las expresiones sociales y culturales del país:
<<La educación de calidad también implica ofrecer una educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva, que contribuya a cerrar las brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y que comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural>> (MEN, Cartilla 2 Mapa de Competencias ciudadanas).
Y por otro lado y de manera muy sutil en el registro discursivo impone criterios institucionales y educativos que contradicen las dinámicas sociales y culturales en la expresión educativa institucional del país:
<<Para este propósito de cumplir con la formación que establecen la Constitución y la ley, la comunidad educativa debe alinear sus acciones a partir de la modificación de su PEI, que es en sí mismo la primera práctica de participación democrática>> (MEN, Cartilla 1, Brújula).
Las referencias al lenguaje de la imposición institucional, en el horizonte de sentido plasmado por la Constitución de 1991 son importantes y de tal manera se señalarán varios de esos enunciados impositivos que hablan finalmente de la racionalidad institucional, discursiva y de la estructura de poder que está configurando las mentalidades de la tecnocracia educativa que ha tenido las riendas del Estado en los últimos 20 años. Así, no dejan de sorprender afirmaciones como las siguientes, recordando que el MEN insiste de manera reiterativa en el papel de la diversidad cultural, pluricultural y étnica del país. Y sin embargo en su concepción organizacional el tema es de orden monolítico y monocultural:
<<Alinear esas acciones de manera democratizadora e interactiva entre todos los involucrados para que se conviertan en prácticas efectivas conduce a la institucionalización de las competencias ciudadanas y, por consiguiente, a la construcción del Estado Social de Derecho que plantea nuestra Constitución. La institucionalización se entiende, entonces, como un proceso colectivo, articulado y participativo mediante el cual las competencias ciudadanas son apropiadas y legitimadas por la comunidad educativa>> (MEN, Cartilla 1, Brújula).
Estamos ante evidentes contradicciones sobre la concepción del papel del Estado en su lectura de los procesos educativos que deben sucederse en un país diverso como Colombia. Las contracciones que menciono son comprensibles, dada la complejidad que la realidad histórica y cultural nos plantea a todos los colombianos. Debe reconocerse el esfuerzo y la labor de reflexión impulsada desde el MEN. Pensarse el tema de la educación, incluso con el poder burocrático y de contratación que tiene el Ministerio no es una tarea fácil. Ahora, los gobiernos de turno pretenden desde el manejo del aparato de Estado, imponer el significado de la educación y lo imponen desde la difusión de un concepto instituyente que no es el resultado de procesos de debate nacional; es un signo-mensaje que viene de marcos corporativos o administrativos que en su origen nada tuvieron que ver con la educación, ya sea en su sentido formativo o en su sentido universitario. Los efectos de la practica social discursiva se traduce en enormes costos burocráticos que pagamos con nuestros impuestos y en la sumisión doctrinal del sistema educativa a los mandatos en muchas ocasiones equívocos del MEN en su concepción del papel del Estado sobre el sentido de la educación y su relación con los usos de la diversidad en países megadiversos y pluriculturales como Colombia. El enfoque por competencias es la expresión de un relato monolítico y monocultural para un país pluricultural, tal como lo expresa la Carta Magna.
El esquema conceptual que maneja el MEN hace evidente las dificultades institucionales, gubernamentales y académicas que plantean los usos sociales de la diversidad en el plano de las relaciones del Estado Social de Derecho en su relación integral con las institucionalidades educativas del país, y de su ubicación en regiones cuya historia y cultura desborda nuestra capacidad de lectura y de diseño institucional estatal en relaciones que promuevan efectivamente esa diversidad; la lógica mencionada está conduciendo a que todo el sistema educativo y escolar termine pareciéndose entre sí desde la regla o dinámicas normativas propias del isomorfismo institucional, que como lo afirma la teoría neo-institucional es una tendencia a nivel mundial. Desde luego que el Estado debe de velar por la materialidad del significante de la educación; lo que puede desvirtuar su accionar es su aspiración a controlar e imponer significados educativos, incluso como ya se ha mencionado, que ni siquiera vienen de la teoría educativa y que tampoco han sido el producto de la cosecha intelectual de educadores, académicos, intelectuales o pensadores al interior de nuestro país, como tampoco el resultado de un reconocimiento o reflexión profunda sobre el papel de la educación o de un conocimiento sobre el papel de la historiografía de la educación colombiana, latinoamericana o mundial. El Enfoque Centrado en Competencias es una moda más, expresión de las muchas modas que afloran periódicamente en el campo de la educación. Ya estamos hablando por estos días de la educación STEM, ella ahora es la salvadora de los procesos de aprendizaje de nuestros jóvenes; otros educadores hablan con pasión cuasi mística y fundamentalista de los objetivos de la Agenda 2030; mañana estaremos hablando de otra moda, de una mejor propuesta, generalmente siempre sembrada en otros paisajes culturales que no son los nuestros y que no están en capacidad de leer la otredad y la alteridad que marca los actos educativos y los problemas que plantea la escolaridad en todas las sociedades. Poco se habla de una Educación centrada en la persona y el ambiente. Concepción educativa más cercana a nuestro horizonte civilizatorio (un tema por desarrollar).
El problema referido a una educación impuesta no es menor. El tecnócrata criollo copia los mandatos de la OCDE o de otros organismos internacionales, a veces ni siquiera es consciente de que lo está haciendo; los asimila a un lenguaje constitucional y los impone, desde un lenguaje cordial, plural, lógico, riguroso, participativo (cero conflictos), pero que en el fondo no deja de ser impositivo para el orden de las instituciones educativas que configuran la red de actores existentes en el país, incluidas las universidades: <<Es, por definición, la práctica democrática para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana en el EE (Art. 41, Colombia, 1991)>> (MEN, Cartilla 2 Mapa de Competencias ciudadanas).
La noción de Competencias, eje nuclear del discurso y práctica educativa del MEN en los últimos 20 años, es un discurso que se ha impuesto a nivel mundial. En el ámbito latinoamericano, desde Méjico, pasando por todos los países de Centroamérica, Colombia, y llegando hasta Argentina, los gobiernos de turno, ya sean de izquierda o derecha, la han impuesto siguiendo las directrices de la OCDE o del Banco Mundial, directrices que jamás son mencionadas o reconocidas como la fuente inspiradora de la política pública de educación en nuestros países. No existe un solo documento que de manera explícita reconozca por parte del MEN que sus fuentes de reflexión vienen de organismos internacionales o de reflexiones educativas surgidas en otros continentes. Es ese sentido, seguimos haciendo muy bien la tarea de copiar, por no decir plagiar una intertextualidad que viene de los debates y circunstancias socio políticas y educativas que viven los países europeos o anglosajones. Muy diferente sería nuestro país si de verdad nos apropiáramos de las verdades cosmológicas de nuestros pueblos indígenas, campesinos, mestizos; de las verdades antropológicas greco-romanas y de las verdades soteriológicas que conserva todavía nuestro Preámbulo constitucional (Leer Preámbulo y detallar a quien se le pide protección). Pero generalmente seguimos el camino de la ilustración tecnocrática con sus siempre variados destellos de reduccionismo ontológico y cultural. Proyectando cosmovisiones manipuladoras de la dignidad trascendente del ser humano. Cuando repetimos el “mantra” de las competencias ciudadanas, los maestros e instituciones de educación en Colombia, no están repitiendo la plegaria del MEN, repetimos la invocación de organismos internacionales y sus agendas ideológicas, cuyas estructuras de poder, por muy bondadosas que aparenten ser, deberían ser objeto de mayor análisis y de lecturas críticas por el estamento educativo y académico del país, condición que es prácticamente inexistente en el ámbito de la reflexión intelectual en Colombia, con excepción de algunas tesis de maestría que se pueden consultar en el repertorio de la Universidad Pedagógica de Colombia y referidas al estudio crítico del tema de las competencias. Los demás en el auditorio repiten el mantra que ya suena a cacofonía.
El problema que estamos señalando no es de poca importancia para los educadores, educandos y las instituciones educativas del país. En el fondo se refiere a la concepción sobre la educación que la Nación tiene sobre el papel real de la diversidad cultural y organizacional, y de cómo estas dimensiones son incorporadas en la política pública y en las agendas educativas del país. Cuando uno descubre que su maestro, figura de autoridad copia, copia muy bien, pero copia, no deja de ser bastante desilusionante. Y se suscita así una pregunta de fondo: ¿Es la educación por competencias la más coherente con los horizontes de sentido que plasmó la Constitución Política de Colombia y la Ley 115 de Educación Nacional?
Yo me temo que la respuesta es No. Un contundente No, que se expresa a la luz de la inconsistencia histórica que expresan los documentos de política pública sobre nuestra propia historia, nuestros ambientes geográficos, culturales y ecológicos y sobre la inconveniencia de aplicar lecturas pseudo-plurales en su comprensión racionalista, mecanicista y conductista de la realidad de la persona humana, cuya lógica globalista, en sus muy buenas aspiraciones, reducen la agenda cultural de nuestro país a los dictados que vienen de la agenda mundialista, interesada en el fondo en imponer un lenguaje, un relato, una forma de concebir a las familias, la demografía, cultura y la vida en nuestros países.
Me parece que superar el error mencionado, teniendo como unidad de análisis el enfoque educativo de las competencias debe enfatizar la labor del Ministerio en el sentido de que este órgano del Estado debe velar por el significante de la educación, es decir, por todas las condiciones materiales que posibilitan que las comunidades y organizaciones escolares e instituciones de educación superior puedan operar desde los criterios constitucionales y meta-constitucionales que marcan la vida de la nación colombiana y los proyectos de sentido de los individuos, grupos y organizaciones al interior de nuestro país. Pero, óigase bien: los sentidos de la educación tienen que estar en manos de la institucionalidad local, regional, culturas, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Las estandarizaciones educativas son muy peligrosas para la educación, son contraproducentes al mismo espíritu de la Constitución de 1991, cuyo marco normativo no busca la tipificación de la realidad política de los colombianos. Una educación “alineada”, o normalizada tal como pretende el MEN, en su interpretación de la Constitución es un auténtico despropósito y un alejamiento del profundo espíritu constitucional que señalaron los constituyentes del 91 y de las aspiraciones del movimiento universitario que los colocamos en ese lugar. No nos vendría mal un poco de sana, creativa y recursiva desobediencia civil y lectura crítica de la realidad por parte de los maestros e instituciones educativas. “Papa Estado” no siempre dice la verdad, ni es coherente con lo que dice o hace, tiende a los autoritarismo y totalitarismo, una simple lección de la historia. Si no me creen, miremos nuestra historia de violencia, corrupción e ineficiencia estatal, raíz primordial de casi todos nuestros conflictos. Un modesto recordatorio de una tarea que tenemos pendiente: aún no asimilamos plenamente el tránsito de la noción decimonónica de Estado de Derecho a la revolucionaria noción de Estado Social de Derecho. El cambio sustantivo mencionado no nos exime siempre de mirar con cautela todo lo que venga del Estado, cualquiera sea el nombre que le pongamos. Eso es lo que deberíamos llamar la consulta cultural, y en ella deberían de participar vivos y los sistemas de conocimiento también de nuestros muertos y ancestros.
<<‒Y usted qué plantea como opción‒, me dirán los competentes ciudadanos del mundo y del consumo>>:
‒Propongo, en el marco de un gran debate nacional, cambiar en todos los documentos de política pública la palabra competencias por la palabra sentidos ‒. Propongo un cambio de paradigma educativo.
Hablemos de sentidos educativos. Así nos alejaremos del anacrónico conductismo y positivismo; empezaremos a caminar por los terrenos liberadores del orden fenomenológico y hermenéutico, en lo que yo denomino el enfoque centrado en la persona y el ambiente; recogiendo de lo mejor de la noción política de persona en su larga historia y de todos los sentidos que la noción de ambiente nos permite manejar desde un rico horizonte transdisciplinar en el que tienen cabida hasta las percepciones de plantas y animales. Ahí está el camino al anhelado Estado social de derecho, al reconocimiento de la alteridad y la otredad en toda su potencia.
