La inutilidad (del negocio) de las tarjetas profesionales

Julio 24/19 Más allá de ser un trámite engorroso y burocrático, de poca o nula efectividad, la expedición y uso de la tarjeta profesional en Colombia básicamente sirve para dar dinero a los organismos que las expiden.

Las tarjeta profesional es un documento que expide un Colegio de Profesionales en el área (distintos de las asociaciones de facultades), que -generalmente como producto del lobby que grupos de egresados asociados han hecho en el Congreso de la República- han obtenido el beneficio de senadores y representantes que les aprueban una ley con la que pueden cobrar a todos los egresados titulados en la respectiva disciplina, un dinero a cambio de entregarle una tarjeta física que, se supone, lo habilita para ejercer la profesión.

Por ejemplo, actualmente los abogados recién egresados pagan cerca de 50 mil pesos, los médicos 130 mil, los contadores 320 mil y los arquitectos 780 mil, por obtener su tarjeta.

Su origen está en la necesidad del Estado de regular el ejercicio de profesiones consideradas de alto riesgo social (que es un concepto polémico y legal y técnicamente no definido), para evitar el supuesto engaño a la fe pública, y en aglunas actividades (por ejemplo los abogados en los procesos y los contadores en actuaciones públicas) se ha vuelto obligatoria su presentación. En otras profesiones, casi nunca se pide.

Según el artículo 26 de la Constitución Política de 1991, toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

No obstante la norma, surgen varias preguntas:

– ¿Hay profesiones que, mal ejercidas, no generan riesgo social?,

– ¿No es suficiente el registro calificado para demostrar que un egresado se ha formado en una institución de educación superior con, por lo menos, los requisitos mínimos de calidad?,

– ¿Qué hay de los exámenes Saber Pro?, aprobarlos no significa que el profesional está aterrizado en su contexto y realidad?,

– ¿Y la acreditación, no se supone que exalta los más altos estándares de calidad?.

Si todo esto no ayuda en la confianza pública del Estado a sus IES y sus proyectos formativos, ¿qué garantía da que un trámite burocrático, caracterizado más por llenar un formulario y pagar un dinero, va a volver ético y cualificado a un egresado de un momento a otro?

¿No debería ser el título profesional, convertido en una tarjeta física, entregada por la propia IES, el documento habilitante del ejercicio profesional?

Las profesiones reguladas con tarjeta

Según el Ministerio de Educación Nacional, alrededor de 60 profesiones se encuentra reglamentadas en el país:

Abogacía, Enfermería, Laboratorista Clínico, Contador Público, Odontología, Medicina y Cirugía, Química Farmacéutica o Farmacia, Economista, Microbiología, Bacteriología, Agronómicas y forestales, Técnico Constructor, Químico, Fisioterapista. o Terapista Físico, Ingeniero Químico, Licenciados en Ciencias de la Educación, Trabajador Social, Ingeniería, Arquitectura y profesiones Auxiliares, Nutrición y Dietética, Bibliotecología, Topógrafo, Administración de Empresas, Instrumentación Técnico Quirúrgica, Secretariado, Ingeniero de Petróleos, Biología, Medicina Veterinaria, y Zootecnia, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica y Profesiones Afines, Ingeniería Pesquera, Ingeniero de Transportes y Vías, Actuación, Dirección Escénica y el Doblaje en Radio y Televisión, Técnico Electricista, Agente de Viajes, Administrador Público, Fotografía y Camarografía, Geógrafo, Diseño Industrial, Guía de Turismo, Optometría, Estadística, Fonoaudiología, Ingeniería Naval, Tecnólogo en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines, Administradores de Empresas Agropecuarias, Administradores Agrícolas o Administradores Agropecuarios, Desarrollo Familiar, entre otras.

Algunos de los gremios y consejos habilitantes, por ley, para otorgar tarjetas son:

  • OCE – Organización Colegial de Enfermería
  • COLPSIC – Colegio Colombiano de Psicólogos
  • CONALPE – Consejo Nacional de Profesionales en Economía
  • CPAE – Consejo Profesional de Administración de Empresas
  • CPIQ – Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia
  • COPNIA – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
  • CONPIA – Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y Afines
  • Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines – Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
  • JCC – Junta Central de Contadores
  • CPNT – Consejo Profesional Nacional de Topografía
  • CNB – Consejo Nacional de Bibliotecología
  • COMVEZCOL – Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia
  • CONTE – Consejo Nacional de Técnicos Electricistas
  • CPCDI – Comisión Profesional Colombiana de Diseño Industrial

La inutilidad de las tarjetas profesionales

Este es el título que empleó Luis Carlos Reyes (foto), profesor de Economía y Director del Observatorio Fiscal, de la Universidad Javeriana, en una columna de opinión de El Espectador, en la que cuestiona las tarjetas, en el caso de su profesión, pero en una problemática extensiva a las demás, y que despierta un debate que nadie se ha atrevido a dar.

Esta es su opinón:

La tarjeta profesional de economista no sirve para nada. Cuando un estudiante se gradúa, los trabajos con el Estado le piden este documento, y es únicamente por eso que los recién egresados se ven obligados a obtenerlo, incluso cuando ya cuentan con un diploma de una universidad acreditada por el Ministerio de Educación de ese mismo gobierno.

El trámite le exige al egresado presentarse ante una oficina dedicada a pedir papeles y entregar tarjetas de plástico. Después de llenar un formulario, entregar fotocopias del acta de grado y del diploma, y esperar más o menos un mes para la sanción del trámite, el recién egresado recibe una tarjeta de plástico que “certifica” lo ya que certificaba el diploma expedido por la universidad reconocida por el ministerio de Educación: que el individuo tiene los estudios requeridos por el gobierno para denominarse “economista”. Por este servicio, que no tiene ningún valor real, hay que pagar una tarifa de $320.000, más $20.000 por una “certificación de vigencia” que se debe obtener cada vez que se usa la tarjeta en un proceso de contratación.

Esta situación se repite en distintas profesiones con sus distintos consejos profesionales: un joven, así tenga un título universitario reconocido por el Estado, no lo puede usar so pena de sanciones hasta que la respectiva oficina que recibe los papeles y emite la tarjeta de plástico se lo permita. Es un proceso que en la mayoría de los casos no proporciona información nueva a ninguna de las partes interesadas, pero sí añade a los trámites burocráticos y rigideces del mercado laboral que ya son excesivos en Colombia, y además le impone un costo importante al joven que está buscando empleo. Es un trámite tan encontrado con la lógica del libre mercado que es decididamente macondiano que sea necesario incluso para contratar economistas.

Se argumenta que la matrícula profesional sirve para controlar el ejercicio adecuado de la profesión, ya que se le puede retirar a quien incumpla con sus deberes, como a un cirujano que demuestre su incompetencia en el quirófano. Pero el argumento es débil en profesiones como la economía. ¿Vamos a sancionar con la pérdida de la licencia a todos los economistas que opinaron que el dólar se podía mantener a $2.600? ¿Cuáles son los criterios para determinar si el analista actuó profesionalmente o no? ¿Y cuánta burocracia adicional se necesitaría para fallar objetivamente sobre todos los temas que surjan? Casi con seguridad está mejor calificado que nadie para tomar esta decisión el mercado, cuyos participantes están en libertad de decidir si al analista fallido se le vuelven a pedir sus opiniones o no. Quizá porque se reconoce implícitamente esta realidad, nunca hay sanciones de este tipo, y los consejos profesionales sabiamente se limitan a recibir papeles, entregar tarjetas y cobrar el trámite.

Incluso en las profesiones en las cuales tiene sentido la existencia de sanciones disciplinarias por el mal ejercicio, el procedimiento actual es costoso, innecesario y engorroso. Las universidades perfectamente podrían remitir al gobierno la información necesaria para que sus egresados quedaran registrados (es más: ya lo hacen), y el diploma de una universidad acreditada debería ser suficiente acreditación para buscar trabajo y ser contratado. Esto evitaría trámites, tiempo perdido, y la obligación de pagar cientos de miles de pesos por un rectángulo de plástico. Una base de datos pública podría, con el permiso del trabajador, darle información al empleador sobre si se le ha sancionado en su ejercicio profesional o no, eliminando la necesidad de expedir “certificaciones de vigencia”.

En Colombia hay cientos de arandelas burocráticas que terminan siendo oportunidades grandes y pequeñas de extraerles rentas a los ciudadanos sin ningún fin útil. Toca arreglarlas una por una, y empezar por la eliminación de las tarjetas profesionales es un buen comienzo.