Agosto/23 Para el exrector de la Universidad Nacional, en su columna de El Tiempo, el problema real de la reforma educativa va más allá de la aprobación de la ley estatutaria.
Reformar sin fracasar en el intento
La reforma de la educación superior (ES) es una necesidad. Muchas de las normas que la rigen hoy son obsoletas. Creo que casi todo el mundo estará de acuerdo con esa afirmación, aunque haya naturales desacuerdos sobre qué se debe cambiar y cómo. Habría que ver la situación como una oportunidad para lograr acuerdos más o menos amplios y pacíficos.
Hay, sin embargo, acciones que asegurarían su fracaso. Una sería convertirla en un combate de grupos interesados para adelantar sus reivindicaciones. Otra sería hacerle trampa a la discusión abierta por el ministerio. Sería catastrófico que quien tenga algo que decir no hable, y quien pueda mejorar el texto no escuche (creo que la ministra tiene una voluntad sincera de oír argumentos, no sé qué tanto pueda dominar los resultados).
Hay en discusión, en verdad, tres documentos. El primero es un proyecto de ley estatutaria que define la educación, en todos sus niveles, como derecho fundamental. El segundo y tercero son partes de un borrador de reforma de la Ley 30 de 1992, que regula la ES. Son dos documentos evidentemente escritos por equipos diferentes. Uno es una introducción, que es una presentación de hechos ciertos con conclusiones dudosas; su estilo conflictivo es poco estimulante para el diálogo. El siguiente es un recorrido extenso y minucioso, artículo por artículo, de la vieja ley, con algunos cambios mayores y muchos menores.
Hay muchísimo para discutir, posiblemente le dedique otras columnas. En esta comenzaré con breves comentarios sobre el proyecto de ley estatutaria, que define la educación como derecho fundamental. El sustento de la propuesta es la descripción de nuestros principales problemas: hay un número importante de jóvenes que no tiene acceso a la ES, hay desigualdades e inequidades.
Pero de esos hechos no se deriva la necesidad de una ley estatutaria. Habría que responder a dos preguntas clásicas: ¿Es la ley estatutaria condición necesaria para resolver esos problemas? Y ¿es condición suficiente para hacerlo? La respuesta a las dos preguntas es negativa.
Estrictamente no es necesaria esta ley, adicional a lo ya establecido en la Constitución, para que el Estado y la sociedad resuelvan los problemas. Hay decenas de países (casi toda la OCDE por ejemplo) en los que, sin leyes como esta, la educación tiene cobertura y calidad muy superiores a las nuestras. Hay que reconocer, además, que en los últimos 20 o 25 años pudimos mejorar la cobertura de la ES en casi 30 puntos porcentuales, sin que ella fuera definida como derecho fundamental.
Tampoco es condición suficiente. La educación básica es un derecho explícito en la Constitución del 91 (obligatoria y gratuita además) y a pesar de eso los indicadores de equidad y calidad no son buenos.
Se pueden generar, además, problemas de trámite si se presentan dos leyes simultáneamente, cuando la segunda depende de la primera. Yo no invertiría esfuerzos en ese primer proyecto. No nos genera más garantías que las que ya nos ofrece la Constitución, y no nos evitará las turbulencias en la construcción del renovado sistema de ES. En ese sí tendremos que concentrarnos con juicio.
Sin embargo, creo que se va a aprobar. Es, entre todas, la iniciativa que más fácilmente puede lograr un consenso. Nadie se opondrá a ratificar la educación como derecho. Eso puede ser bueno si impulsa, en forma inmediata, la presentación de políticas públicas bien pensadas, con metas, cronogramas, fuentes de financiación e indicadores de seguimiento. El peligro es que sirva de excusa para que nos quedemos en la declaración consensuada y no lleguemos a las realizaciones (nos ha pasado). Una ley como esta, si no genera nuevas realidades, es solo un discurso inane que sustituye a la acción.
