Mayo 2008
Por: Guillermo Maya (Medellín)
El espíritu de empresa ha llevado a que la UN, en lo académico, sea una institución dicotómica. Pública en los pregrados y privada en los posgrados
Entre los años 50 y 80, del siglo pasado, la universidad pública de Colombia ofrecía a los estratos más pobres de la población la misma calificación profesional y científica que los estratos más altos de la población recibían. El sistema educativo todavía no estaba segmentado en títulos y competencias técnicas y científicas. Unos eran economistas, otros abogados, otros ingenieros, etc. La única diferencia era el talento: unos eran buenos, otros mediocres, y otros absolutamente malos. Estudiar en el exterior, prácticamente estaba limitado a las élites económicas y políticas, que en muchos casos, cuando no financiaban directamente a sus hijos o allegados, se apropiaban de las becas y recursos del Estado, para enviarlos a estudiar.
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Pero las cosas cambiaron. Desde los años 80, la universidad colombiana empieza a incursionar en los posgrados, especializaciones, principalmente, después maestrías, y ahora los doctorados. El sistema educativo en consecuencia se encuentra segmentado en títulos y competencias. Al igual que el mercado laboral, que segmenta los salarios de acuerdo con los títulos. Una persona con posgrado, doctorado o maestría, gana más que otra que sea solamente un profesional o un tecnólogo. Así debe ser. A más estudios y talento, mayor salario. El problema es que el acceso de los sectores más pobres de la población a los posgrados es cada vez más difícil, porque son muy costosos. Esto representa un déficit democrático, que las universidades públicas ni el Gobierno tratan de corregir en serio.
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Al contrario, la universidad pública, cada vez más, depende de la venta de servicios al mercado, y el Gobierno no incrementa el presupuesto de acuerdo con el aumento de la cobertura y con las necesidades de una más alta educación. La universidad-negocio se expande cada vez más. Por ejemplo, la Universidad Nacional genera 500.000 millones de pesos anuales. Es decir, alrededor del 50 por ciento de su presupuesto. Por comparación, este monto representa los ingresos anuales de la FLA con ganancias industriales e impuestos a los licores, y la FLA, para obtener esos ingresos, es mucho el aguardiente que tiene que vender. La UN se ha convertido en uno de los grandes contratistas del país, para autofinanciar gran parte de su actividad.
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Pero no toda este dinero se queda en la UN. Una gran parte de esta torta es transferida a quienes hacen posible todo esto: A los “empresarios” profesores. Los hay miniempresarios, pequeños, medianos y grandes, alentados por la administración. La UN es la marquilla de todos los negocios que se ofrecen: Consultorías, asesorías, diplomados, etc. No se puede decir que la UN no está articulada al medio, que los profesores no piensan en el sector gobierno o el sector empresarial. A veces piensan demasiado. Hay profesores para quienes el sueldo es para tomar tinto, según se dice coloquialmente. En esto no hay nada ilegal, por supuesto.
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El asunto no es tan malo. Pero sí lo es, si ello significa abandonar la misión de la UN. Este espíritu de empresa ha llevado a que la UN, en lo académico, sea una institución dicotómica. Pública en los pregrados y privada en los posgrados. Mientras para ingresar a los pregrados se necesita ser talentoso, en los posgrados se necesita ser de estrato 5 o 6, para poder pagar 3 o más millones por semestre. Menos del 10 por ciento de los estudiantes son de posgrado sobre un total de 48.000 estudiantes, y sobre ese 10 por ciento, menos de la mitad estudiaron su pregrado en la UN. El flujo académico está cerrado. El sistema público de educación superior tiene que hacer un esfuerzo grande en ciencia y tecnología para transformar el país. Sin embargo, esta no es la mejor manera de crear una masa crítica técnico-científica. Es necesario que el sistema público de educación superior abra los posgrados a todos los estudiantes, a los mismos costos del pregrado, pagando las matrículas de acuerdo con la declaración de renta. Esto sí sería un incentivo a los estudiantes para que tengan un mejor desempeño académico, y no simplemente usando el estatuto estudiantil de manera punitiva.
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Los estudiantes saben, los profesores saben, el Gobierno sabe, la sociedad sabe, que el pregrado no es el punto de llegada, sólo es el punto de partida, académica, laboral y de movilidad social. El pregrado ya no es suficiente para obtener un buen empleo, y una vida decente. Si no se abren las puertas del posgrado a los estudiantes talentosos, la desigualdad de ingresos y de oportunidades continuará concentrando el poder y la riqueza en nuestra sociedad. El problema no se soluciona con becas. La solución pasa por facilitar el acceso universal a los posgrados, como un bien público.
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Publicado en El Tiempo. Mayo 23 de 2008
