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Myriam Jimeno, profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y exaspirante a la Rectoría de la Institución,pide fortalecer y ampliar el alcance del sistema de acceso a esa IES, por méritos y sin discriminación, lo que, en sus palabras “convierte este centro educativo en una excepción a la gran inequidad social que vive Colombia”. |
¿Qué es la Universidad Nacional para Colombia? Lo ostensible son los enfrentamientos periódicos entre estudiantes y policías, un cese de actividades de los trabajadores administrativos y cierto aislamiento autosuficiente que hace que muchos nos miren con recelo e incluso con antipatía.
¿Cómo y en qué medida contribuye la Nacional a la construcción del país de manera que se justifique apoyarla por encima de sus debilidades? Ocho de cada diez estudiantes de la Universidad Nacional pertenecen a los estratos cero a tres de la población. Ingresan mediante un examen de sus capacidades académicas, sin palancas ni influencias de por medio. Son los afortunados de la oferta tremendamente desigual que existe para tener acceso a la educación universitaria, pues la tasa neta de cobertura de la educación superior para los jóvenes de los hogares más pobres está en un escaso 6%, como lo señala el profesor Víctor Manuel Gómez. Para el semestre que transcurre, se presentaron a la Nacional 64.000 estudiantes en todo el país e ingresaron 5.600, apenas nueve de cada cien. Si el joven aspiraba a la sede de Bogotá, sus posibilidades se reducían a seis de cada cien. La desigualdad tiene cara joven en Colombia. Por esta razón, para el país resulta estratégico contar con una universidad cuyo propósito sea ofrecer educación de calidad como medio para fortalecer la equidad.
¿Cuáles son las amenazas para la UN y cómo llegamos a este punto? Volvamos sobre una cuestión ya comentada por otras personas: en la actualidad los ingresos de la Universidad provienen en un 54% de la nación y en un 46% de los recursos que ella misma genera por cuenta de matrículas, venta de servicios e investigación, entre otros. Hace doce años el aporte de la nación representaba el 82% y los recursos propios apenas el 18%. Muy bueno que se haya emparejado la carga, podría decir uno de los tantos amigos de la autofinanciación de la educación pública. Pero el problema es el desfase en las políticas del Estado: por un lado, en los propósitos de ampliar la cobertura universitaria, estimular la investigación y cualificar el cuerpo docente; por el otro, en la aplicación restrictiva del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, en virtud del cual la asignación del presupuesto anual de las universidades públicas puede crecer apenas con el índice anual de precios al consumidor (IPC). Es como si se pretendiera ignorar los costos necesarios para crecer y mejorar. El resultado ha sido el descenso paulatino e inexorable de los recursos para el funcionamiento y la inversión de la Universidad, hasta llegar al déficit de 57.000 millones del que habla el actual rector.
Los aportes de la nación a la educación superior pública contradicen la apuesta del país por universidades públicas con mayor cobertura y de mejor calidad. Cobertura con calidad significa profesores mejor calificados y con mayor dedicación de tiempo
–que por lógica ganan más–; creación de programas de posgrado volcados a la investigación y a la creación, que forzosamente requieren invertir en aulas, conectividad, laboratorios, bibliotecas y bases de datos. Nada que no sea lo usual en las universidades del mundo decididas a ponerse al día con los estándares internacionales. La Universidad Nacional, en particular sus profesores más activos, creyeron profundamente en esta apuesta. Fue así como en la década pasada crearon miles de cupos nuevos para estudiantes de posgrado; hoy ofrecemos 226 programas de posgrado –entre estos, 54 de doctorado–, con cerca de 7.000 estudiantes inscritos. El número de docentes trabajando en forma estable, en cambio, disminuyó de 3.200 en el 2000 a 2.974 a fines del año pasado, aunque el 34% de ellos tiene un doctorado. Una manera de enfrentar la anemia presupuestal por parte de la dirección universitaria ha sido la paulatina precarización de los contratos docentes, como ya se advierte en el caso de los profesores de cátedra, que llegaron a ser 600 el año pasado, o en la renuncia a vincular nuevos profesores investigadores con título de doctorado. Hacer más con menos, dicen con amargura los profesores que pusieron todo su empeño en crear los 900 grupos de investigación registrados ante Colciencias.
Entre 2000 y 2010, profesores investigadores y estudiantes formalizaron más de 500 grupos de investigación, 61 de ellos en la más alta categoría, los cuales generaron el 30% de la producción científica nacional. En 2010, la Nacional agrupaba a más de un cuarto de los grupos de investigación del país y era la principal editora de publicaciones científicas. La escala internacional U-Sapiens, que toma como indicadores el número de maestrías, doctorados, grupos de investigación y revistas indexadas, encuentra en Colombia 64 instituciones que cumplen con esos requisitos. La Nacional ocupa el primer lugar en esta escala. Como también es la más nombrada en Google Scholar, con 380.000 citaciones, y la primera en el Índice SCImago de publicaciones más citadas entre 2005 y 2009. Adicionalmente, figura entre las 25 mejores instituciones de investigación en Iberoamérica; le siguen la Universidad de Antioquia en el puesto 37 y la Universidad de los Andes en el 56. Todo esto se ha reflejado en la formación de mejores profesionales para el país.
A pesar de este panorama tan contradictorio, lo esencial es que la Nacional sigue contribuyendo a subsanar la mayor grieta de nuestra sociedad: su enorme desigualdad social. Hoy ofrece 94 carreras, el mayor número del país, abiertas en ocho regiones para quienes demuestren tan solo méritos académicos. No valen palancas, fortunas, ni apellidos. Por eso, el año pasado, cerca de 34.000 de los 40.000 estudiantes de pregrado provenían de los estratos socioeconómicos cero a tres. Son jóvenes para quienes estudiar es la oportunidad de escapar al círculo de la pobreza. Muchos son los primeros en su familia en poner pie en una universidad, para no mencionar que cada año engrosan y consolidan las clases medias, el sostén de nuestra democracia.
Colombia necesita con urgencia una política de educación superior que se base en las fortalezas e historias diferenciales de sus universidades. La política educativa no puede medirlas a todas con el mismo rasero, ni ponerlas a competir sin criterios estratégicos ni indicadores de calidad claros: las metas, misiones y capacidades no son, ni deben ser, las mismas para todas las universidades. La Universidad Nacional, por la variedad de campos que abarca, desde las áreas técnico-profesionales hasta las artes y las ciencias, por tener el mayor número de programas de posgrado y docentes cada vez más calificados, ofrece el espacio amplio y organizado del que podría participar el sistema universitario en su conjunto para beneficio del país.
Lo anterior no es una excusa para eludir la transformación interna que debemos emprender cuanto antes con el fin de mejorar la calidad educativa. La Universidad Nacional también ha incurrido en gastos innecesarios y no ha evaluado qué tan sostenibles son sus inversiones. Se necesita revisar con urgencia la capacidad de gestión y administración. Sus directivos y sus profesores deben empeñarse en estar al día con la vanguardia investigativa, y conseguir las alianzas público-privadas que promuevan la transferencia de conocimientos, la innovación y el desarrollo. Debemos afianzar y potenciar el modelo de equidad y calidad para apoyar el sistema universitario y para reconciliar a nuestra alma máter con la sociedad.
El gobierno ha dado señales de que le interesa el compromiso social con los desfavorecidos. Nada mejor que apoyar a las casi 40.000 familias de bajos recursos –casi la mitad del número de viviendas gratis– con hijos en la Universidad Nacional como puntal de sus esperanzas.
Fuente: El Malpensante
