La Universidad Pública en la Conversación Nacional: De árbitro a tema de análisis

Nov 27/19 No le queda bien a rectores de universidades públicas, ni al SUE, ofrecerse como garantes de la Conversación Nacional cuando es la ed. sup. pública la que debe hacer parte de los temas a tratar.

Como una alternativa para tratar de superar la crisis social que enfrenta Colombia, que completa una semana de paros, marchas, bloqueos y cacerolazos impulsados por sindicatos, centrales obreras, opositores del gobierno y profesores y movimiento estudiantil, el gobierno del presidente Iván Duque ha propuesto al país una “Conversación Nacional”, entendida como un escenario de diálogo, de varios meses, en el que el Ejecutivo aspira a reunirse con los representantes de la sociedad civil y voceros de los distintos movimientos de protesta social.

Tan pronto se hizo el anuncio varios académicos y rectores, y ayer el propio Sistema Universitario Estatal SUE, se han ofrecido como “mediadores” del proceso, como si desde la propia Universidad Pública colombiana no se generaran elementos determinantes en la sensación – realidad de inestabilidad que está sufriendo el país.

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, fue una de las primeras que lanzó la idea: se ofreció como garante para promover el diálogo entre los distintos sectores sociales y el Gobierno. “La Universidad Nacional de Colombia, como universidad del Estado, se ofrece como garante para apoyar el diálogo social y político y formular respuestas que contribuyan a dar respuesta a las demandas sociales actuales”, expresó esa IES.

Al tiempo, y antes del lamentable fallecimiento del joven Dilán Cruz en un enfrentamiento con el Esmad, la Universidad Pedagógica Nacional le había ofrecido a éste un proceso de admisión especial, en una actitud con un carácter más de oportunismo mediático.

Hasta ayer se reunió el SUE (foto) y emitió uno de sus acostumbrados (necesarios políticamente aunque prácticamente insulsos) comunicados, en el que dice que “ponemos a disposición de la sociedad colombiana y del Gobierno Nacional nuestra vocación de mediación frente a la movilización social, siendo garantes de este proceso con el objetivo de contribuir a la búsqueda de soluciones frente  las demandas que se han expuesto desde el 21 de noviembre por parte de amplios sectores sociales”.

… Pero

¿No cuestiona el sentido común que sea la universidad pública, sitio de encuentro, génesis, maduración y masivo y crítico rechazo de las políticas estatales (de este o cualquier gobierno), desde donde sus movimientos estudiantiles y profesorales se han consolidado como unos de los actores y convocantes nacionales de los paros (ASPU, FENARES, ACREES, UNEES) la que pretenda, desde sus rectores, mostrarse como un ente independiente y objetivo, como para actuar de árbitro en un debate en el que tiene interés?

En el hipotético caso que el Gobierno Nacional acoja el llamado de los rectores (en la posibilidad de que esto se convierta en un millonario contrato, como por ejemplo el que tuvo la Nacional cuando el presidente Santos les buscó para sistematizar impactos del proceso de paz), ¿la universidad pública tendrá la suficiente credibilidad para actuar como mediadora, con rectores a los que el propio Ministerio de Educación ha presionado para que hablen positivamente de los recursos que se han dado en el último año?, ¿podrán tener autoridad frente a sus propios estudiantes y profesores, cuando los mismos rectores fueron desconocidos por estos el año pasado luego de firmar un primer acuerdo con el presidente Duque, que finalmente se cayó y no sirvió para nada?, ¿desde qué óptica, autoridad y principios negociaría un establecimiento universitario que, por miedo o silencio, ha callado de forma sistemática por las infiltraciones de mensajes y actos terroristas en sus campus, y ha permitido que sus propios jóvenes repitan erróneamente discursos de protesta contra los aportes del Estado a la educación superior?

¿Cómo ser escenario de concertación cuando en la mayoría de universidades públicas, la alteración del orden público es frecuente en esta época, algunos rectores están amenazados, los anónimos, denuncias e infilitraciones son permanentes y los propios estudiantes y sectores profesorales ni siquiera permiten la normalidad académica?

¿Cómo ser un escenario de concertación si es parte interesada en la discusión nacional sobre el destino de los recursos públicos, pues la educación superior insiste que necesita más, pero ni siquiera se sabe exactamente cuánto más?. Más allá de lo polémica, aceptada o resistida que pueda ser la senadora María Fernanda Cabal, ella lanza una acusación: Dice que la “universidad pública es un barril sin fondo” (ver noticia), y el solo hecho de generar el cuestionamiento inhabilitaría a la universidad para ser  mediadora en esta Conversación Nacional.

Por el contrario, dicha Conversación debería incluir en su agenda una reflexión de fondo de qué es lo que quiere Colombia de su Universidad Pública, si le debe apostar más o menos a la misma, si ésta debe cambiar en su modelo de cuestionamiento social y adquirir un mayor compromiso, si debe o no retornar recursos a la sociedad y de qué forma, si debe integrar procesos entre las distintas IES o mantenerlos aislados, si debe seguir callando o interviniendo activamente el terrorismo que le está acosando, y cuál debe ser la prioridad de la inversión en educación pública con respecto a otros sectores sociales, entre otros.

Con Conversación Nacional o no, un ejercicio riguroso de auto y heteroevaluación en la universidad pública y el propio SUE, y de paso involucrar a la universidad privada, mucho ayudaría para dejar de ser un sector que pide y pide recursos y por el que la opinión pública -al ver la protesta permanente y los actos vandálicos protagonizados por infiltrados y estudiantes que permiten la violencia- comienza a dudar sobre la efectividad de la inversión que se está haciendo en educación superior.