Junio/24 En El Tiempo, la ministra defiende la apuesta de gobierno frente a la, hasta ahora, frustrada ley estatutaria de educación.
Como una mujer que creció en el departamento del Chocó, he aprendido a ver las oportunidades en medio de las dificultades. Cerramos la legislatura con un proyecto de ley estatutaria de educación archivado.
A pesar de lo sucedido, hoy vemos una gran oportunidad para un sector que puso a la educación en el centro del debate nacional, demostrando que es la base no solo de la economía, sino de la sociedad y la democracia. En esta columna comparto algunas lecciones de este momento.
Colombia escogió la senda de la educación como derecho fundamental en la Constitución de 1991 y, cuatro años después, la refrendó en la Ley 115 de 1994, que en su artículo 9.º definió que es deber del Estado regular este derecho a través de una ley estatutaria. Desde entonces, está pendiente esta promesa.
Con ese propósito, en 2023 empezamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de la educación, al que se sumaron más de 53.000 personas de todo el país: estudiantes, docentes, agremiaciones, empresarios, sindicatos y congresistas, en más de 100 asambleas que permitieron incluir diversas perspectivas y visiones. Este ejercicio de participación y movilización social reveló que, aun en medio de las diferencias, estamos de acuerdo en lo esencial: la educación no puede seguir siendo un privilegio y es deber del Estado garantizarla en todos los niveles y para diversas poblaciones.
Lograr un cambio sostenible en la educación requiere leyes construidas con grandes consensos, en las que se demuestre la valentía del diálogo social. Es claro que debemos seguir generando espacios para alcanzar un acuerdo nacional que priorice a los 2’099.940 niños, niñas y adolescentes que hoy están por fuera del sistema educativo y que se encuentran en las regiones más vulnerables y afectadas por el conflicto, así como a los 2 millones de jóvenes, entre los 17 y 21 años, que no han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior.
El Gobierno del Cambio, tal como lo afirma el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, continuará fortaleciendo la educación pública como la gran llave de la justicia social y la equidad.
En estos meses de gobierno hemos logrado reducir la tasa de deserción en instituciones educativas oficiales, pasando del 4,3 por ciento en 2022 al 3,93 por ciento en 2023 y consolidando las apuestas de educación de calidad a través de la formación integral.
Avanzamos en el fortalecimiento financiero de las Instituciones de Educación Superior públicas pasando de un IPC+4,65 en 2022 a un IPC+9 en 2024, que asciende a 421.000 millones de pesos para sus bases presupuestales, un salto emblemático que permite cerrar brechas de acceso en todo el territorio nacional. Gracias a estas medidas, hoy registramos 64.729 nuevos cupos en el sistema y vemos un aumento de dos puntos porcentuales en la tasa de cobertura en educación superior, que pasó del 53,84 al 55,4 por ciento en el mismo periodo.
Con estas lecciones y logros, es el momento de dar un paso firme y consolidar las oportunidades que surgen de esta coyuntura para transformar el sistema educativo. Materializaremos este propósito presentando al Congreso en su próxima legislatura una nueva versión del proyecto de ley estatutaria, además de la reforma al Sistema General de Participaciones, el Estatuto Docente Etnoeducador, la reforma del Icetex y la nueva Ley de Educación Superior, iniciativas esenciales para consolidar un legado de justicia social.
