Junio/24 En su columna de El Tiempo, Wasserman confirma que el esfuerzo de la Ley Estatutaria demanda un recorrido pragmático que no se ha hecho.
Cuando asistí a la primera presentación del proyecto de Ley Estatutaria de Educación en el Ministerio de Educación Nacional (MEN), me asaltaron dudas que comenté entonces en una columna. Coincidí con la visión de asegurar la mejor educación posible para todos, pero me parecía que la ley no era necesaria, ni sería suficiente, para lograr ese objetivo. También expresé dudas sobre si los costos estaban previstos.
Entonces me respondieron que la mayoría de las leyes no son ni necesarias ni suficientes, lo que me sorprendió. Además, se definía el derecho como progresivo, y entonces no se hacía exigible en forma inmediata. Creí entender que en algún momento ‘Dios proveerá’. Siendo así manifesté que era una ley de fácil aprobación, pues nadie negaría considerar la educación como derecho. Pero después empezó a actuar la estrategia del ‘ya que’. Ya que la vamos a presentar, por qué no añadimos…
Reconozco que no tuve la paciencia para hacerles seguimiento a las adiciones, sustracciones, enmiendas y demás que sucedieron antes de su presentación y después en el Congreso. La ley entonces no era esa que supuse se aprobaría por unanimidad; estaba llena de problemas y puntos de discordia, porque sobre un derecho fundamental nadie discute, pero sí sobre políticas y mecanismos de acción.
Se fueron configurando dos ponencias diferentes y opuestas en muchos temas sensibles. Ese argumento de que ‘Dios proveerá’ se volvió problemático. Muchos sectores no parecían satisfechos con él y exigieron una revisión financiera y un aval del Minhacienda. Pero seguramente los puntos más sensibles (entre muchos más, no despreciables) hayan sido el fuerte acento estatista que se le introdujo y algunos logros que Fecode había conseguido en el tiempo, como la modalidad de evaluación de los maestros.
En aquella primera presentación uno de los asistentes manifestó que nuestro sistema de educación superior no era mixto sino dual. Yo pensé que era purismo idiomático, pero en realidad se trataba de desconocer al sector privado como actor que participa en ese fin último de ofrecer el máximo de oportunidades. Se ha construido en el imaginario nacional la idea de que a las instituciones privadas solo van los ricos. Eso es falso.
La capacidad de captación del sistema público es limitada, y muchos jóvenes de escasos recursos acuden a la privada con inmensos esfuerzos. La propuesta de crear 500.000 cupos en la universidad pública es inviable. Despreciar el potencial construido que tiene el país para responder a las necesidades de los jóvenes es pegarse un tiro en el pie.
La evaluación de los maestros también es muy sensible, pero no puede convertirse en logro sindical inamovible. Hoy, un 85 % de los maestros tienen una evaluación anual excelente y ni siquiera el 10 % de los estudiantes lo logran. Hay una incoherencia que resolver.
En un acto excepcional se llegó a un consenso y se logró una ponencia única del Gobierno con enmiendas negociadas con la oposición. Se presentó como un triunfo, pero inmediatamente fue objetado (también por algunos de los que lo presentaron como triunfo). Quedó claro que “Unidad Nacional” significa que toda la nación esté unida con la propuesta del Gobierno. Es difícil pensar que los congresistas más cercanos al Presidente recularan sin que hubiera habido una señal.
Mientras escribo esto no se sabe el final. Es un hecho interesante para los politólogos. El Presidente sale beneficiado con cualquier desenlace. Si se aprueba su ponencia es un triunfo, y si no, sería otra prueba de golpe blando. Por otro lado, para el MEN es lo contrario. Las dos salidas lo dejan mal librado. La ministra actuó por órdenes superiores y ahora posiblemente saldrá, con un tuit o una llamadita del Dapre.
