Feb 20/22 Mayores inversiones, mejores contratos y un debido reconocimiento a la mujer científica busca, entre otros, la proyectada Ley de Ciencia que España promueve.
Con un panorama mejor que el vivido tras la crisis económica de 2.008, España quiere alcanzar protagonismo en su desarrollo científico, y para ello no sólo espera aumentar las inversiones sino reformar su actual ley de ciencia (que data de 2.011) y que trae, entre otros, mejoras en la carrera profesional investigadora haciéndola más estable y atractiva, reducción de las cargas administrativas y reforzamiento de la transferencia de conocimiento a la sociedad.
Así lo aprobó el Consejo de Ministros de España, y es impulsado por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant (foto).
El Ministerio estima que solo en el periodo de 2011 a 2016 se perdieron más de 5.000 puestos de investigadores, forzando la fuga de cerebros de un gran número de personas que se vieron obligadas a buscar una salida a otros países.
Así, la temporalidad, el envejecimiento del personal y la brecha de género serán los tres ámbitos en los que se centre el paquete de medidas establecido en el texto que, tras ser aprobado este viernes, iniciará su tramitación parlamentaria para modificar la norma actual, de 2011.
Principales características de la propuesta
Nuevo contrato indefinido
La reforma busca mejorar la carrera profesional pública en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Para ello, se crea un nuevo contrato indefinido para científicos y técnicos, asociado a líneas de investigación. Este vendría a sustituir al famoso contrato por obra y servicio que sumía a los investigadores en una espiral de contratos temporales.
En definitiva, se trata de un contrato que no está sujeto a oferta pública o a una tasa de reposición y que, además, no requerirá de una autorización previa de Hacienda si dispone de financiación externa o procede de convocatorias de concurrencia competitiva.
Itinerario posdoctoral con evaluaciones
Otro asunto que se introduce es un nuevo itinerario posdoctoral que aspira a bajar la edad media de entrada al sistema y facilitar una incorporación más estable al mismo. Concretamente, se aumenta la vigencia del contrato posdoctoral de acceso a una duración de entre 3 y 6 años (hasta ahora era de 1 a 5 años) en las universidades y organismos públicos. Máximo que podrá alargarse a ocho años cuando el contrato se concerte con una persona con discapacidad.
Además, por primera vez se reconoce a los investigadores predoctorales (los que suelen ser más jóvenes) y posdoctorales el derecho a indemnización de 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año.
Se establecen también dos evaluaciones dentro de ese mismo itinerario. Una primera que, de superarse, supondrá mejoras salariales; y otra que se llevará a cabo a los dos años y que, de aprobarse, otorgará a la persona evaluada elcertificado R3 como investigador establecido. Esto supone una serie de beneficios; como no tener que realizar partes de las pruebas para acceder a titular en puestos públicos de investigación, y que se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los Organismos Públicos de Investigación (OPI).
Atraer científicos de prestigio
El texto reformula también la figura de “investigador distinguido” para atraer a científicos de prestigio y trata de atraer talento extranjero abriéndoles la posibilidad de presentarse si llevan un tiempo en el país.
Más investigación en el sistema sanitario
En una disposición adicional de la futura norma se establece que las administraciones públicas “fomentarán” la incorporación a los servicios de salud de personal investigador” a través de “categorías específicas”. Así, detallan que el personal sanitario que acceda a estas categorías profesionales específicas dedicará “al menos” un 50% de la jornada a tareas de investigación.
Menos papeleo y refuerzo de la transferencia de conocimiento
La futura norma prevé relajar la “famosa carga administrativa” a la hora de justificar las ayudas y subvenciones, y no hará falta repetir todo el procedimiento de solicitud si el proyecto ya ha sido evaluado anteriormente por otro organismo público. Es decir, se simplifica la justificación de las subvenciones y se podrá comprobar por muestreo.
Transferencia de conocimiento
Según indica el documento, el panorama de transferencia de conocimiento (patentes, derechos de propiedad intelectual, spin-offs, acuerdos de colaboración, etc.) es “claramente mejorable”. Por ello se refuerzan los vínculos bidireccionales entre la ciencia y el ecosistema empresarial, proporcionando incentivos a los investigadores o suprimiendo los obstáculos para realizar transferencia de conocimiento.
“Transversalidad de género” y conciliación
Por primera vez artículos específicos sobre igualdad de género. Se toman medidas concretas para lograr la igualdad real, como podrían ser programas para apoyar el progreso de las mujeres en la carrera científica, medidas de acción positiva en favor de las mujeres o programas para el fomento del emprendimiento.
Se crea también un distintivo de igualdad de género para centros de investigación, universidades y centros de innovación que tengan criterios de excelencia en igualdad de género; y se obliga a los agentes públicos a tener y evaluar anualmente un plan de igualdad de género.
Buscan también con esta iniciativa acabar con la llamada “ciencia tuerta” que no aplica la perspectiva de género en sus proyectos, obligando a las universidades y organismos públicos a integrar la dimensión de género. El Gobierno pretende asegurar la igualdad de oportunidades en los procesos de selección y de evaluación, que tendrán que tener una composición formada por al menos el 40% de mujeres.
Más financiación para llegar a la media europea
La ley garantiza, por primera vez, una financiación en I+D+I pública, estable y creciente, para llegar al objetivo europeo de que la financiación sea del 3% del PIB total en 2030. “Eso quiere decir que el 1,25% sea de inversión pública para 2030. Aspiramos a que esa cifra, con la inversión privada, nos permita llegar al 3%”, explican desde Ciencia. Según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inversión pública en España fue del 0,58% en 2020.
Adaptación de 20minutos.es
